La autoridad de los chiujs
Anteriores a la época colonial
El Polisario
Instituciones históricas en sistemas modernos
El Consejo de Notables
Aquel texto partía de una idea esencial. El Sáhara no comenzó en 1973. Su historia, su identidad y sus formas de legitimidad no pueden reducirse al nacimiento de una organización político-militar surgida en el contexto ideológico de la Guerra Fría. Antes de ese momento existía una sociedad, una memoria, una organización interna, unos equilibrios tribales, unas autoridades reconocidas y unas formas propias de mediación, representación y cohesión social.
Ahora que el conflicto parece entrar en una fase decisiva, con una creciente centralidad internacional de la propuesta marroquí de autonomía y un marco diplomático cada vez más orientado hacia una solución política, realista y mutuamente aceptable, conviene empezar a pensar también en el después. No solo en la fórmula jurídica que pueda cerrar el diferendo, sino en la arquitectura social e institucional que deberá dar contenido, arraigo y estabilidad a esa solución.
La autoridad de los chiujs
Esta segunda reflexión pretende avanzar precisamente en esa dirección. Si los chiujs y notables saharauis han desempeñado históricamente una función de autoridad moral, interlocución social y equilibrio comunitario, cabe plantear qué papel podrían tener en una futura autonomía efectiva del Sáhara en el marco de la unidad nacional marroquí.
La pregunta no responde a nostalgia tribal alguna. Tampoco pretende situar la autoridad tradicional por encima de las instituciones modernas. Su sentido es otro. Una arquitectura autonómica sólida debe asentarse sobre la sociedad real a la que pretende servir, y en el caso saharaui esa sociedad ha estado profundamente atravesada por la tribu, la familia extensa, la genealogía, el prestigio, la mediación, el honor, la palabra dada y la autoridad reconocida por la comunidad.
Pretender que todo eso desaparece por decreto sería ingenuo. Considerarlo inútil en una futura organización autonómica sería políticamente empobrecedor.
Conviene aclarar antes una cuestión terminológica. Cuando hablamos de chiujs, jefes tribales o notables saharauis nos referimos a conceptos próximos, a veces solapados. El chiuj remite al jefe o autoridad de referencia dentro de una tribu, fracción o grupo. El jefe tribal es su traducción más directa al lenguaje político español. El notable amplía el campo hacia figuras de prestigio o influencia reconocida dentro de la comunidad.
No hablamos, por tanto, de simples cargos administrativos. Hablamos de una legitimidad social anterior a la colonia, reconocible en sociedades donde la autoridad no siempre se expresaba mediante instituciones estatales modernas, sino mediante equilibrios, pactos, alianzas, experiencia, prestigio familiar y capacidad de mediación.
En la tradición política marroquí, esa autoridad tradicional adquiere además una dimensión más profunda a través de la bay’a, el pacto histórico de fidelidad que vincula al soberano con las comunidades y autoridades reconocidas. Desde esta perspectiva, los chiujs saharauis no son únicamente mediadores locales o guardianes de usos comunitarios, sino figuras que, en determinados momentos históricos, han encarnado también una relación de lealtad, representación e intermediación con el trono alauí y con la figura del Rey como Comendador de los Creyentes. Esa dimensión ayuda a comprender por qué su papel conserva para Rabat un significado político que va más allá del folclore o de la mera administración de costumbres.
Anteriores a la época colonial
Ahí reside uno de los errores más frecuentes y simplistas de cierta crítica interesada en España contra los notables saharauis. Se los presenta como meras criaturas del colonialismo español, como si su autoridad hubiera nacido de la administración colonial y no de la propia estructura histórica de la sociedad saharaui.
Es evidente que España, como toda administración colonial, intentó servirse de las autoridades existentes para ordenar, controlar o gestionar el territorio. También es evidente que la Yemaa institucionalizada actuó dentro de un marco político condicionado por el régimen franquista y por los intereses de la potencia administradora. Pero de ahí no se deduce que los chiujs, los jefes de tribu o los notables saharauis fueran una invención artificial de la colonia.
España pudo apoyarse en ellos precisamente porque esas figuras ya existían, porque tenían arraigo social y porque cumplían funciones reales de interlocución, mediación y representación comunitaria. Que una administración colonial tratara de canalizar la autoridad tribal no significa que esa autoridad naciera con la colonia ni que muriera con ella.
La propia existencia de la Yemaa expresa esa ambivalencia. No fue una cámara democrática moderna, ni puede presentarse como un parlamento libre en sentido contemporáneo. Pero tampoco puede reducirse a un simple decorado sin conexión alguna con la sociedad saharaui. Fue una institución colonialmente condicionada, asentada sobre un sustrato social real formado por tribus, fracciones, familias, chiujs y notables que ya formaban parte de la organización tradicional del territorio.
Algo similar puede decirse de la presencia de representantes saharauis en las Cortes españolas durante la etapa final del franquismo. Aquella representación no debe confundirse con una representación democrática, porque se producía dentro de las estructuras políticas del régimen. Aun así, revela algo significativo. Incluso la administración española necesitó vehicular la presencia saharaui a través de figuras locales, tribales y comunitarias con capacidad de interlocución. Era una representación limitada, condicionada y sometida al marco colonial, pero muestra que los notables cumplían una función política reconocible.
El Polisario
Por eso resulta demasiado cómodo y reduccionista despacharlos como simples colaboradores o beneficiarios del poder colonial. La historia real fue más compleja y bidireccional. Hubo adaptación, supervivencia, negociación, presión, cálculo, lealtades diversas e instrumentalización mutua. Esa complejidad no anula la legitimidad social previa de los notables ni su papel como expresión de una sociedad saharaui que no puede ser reducida al relato posterior del Polisario.
El Polisario, desde sus orígenes, tendió a mirar la tribu con desconfianza. Su nacimiento en los años setenta, en plena efervescencia revolucionaria, antiimperialista y socialista, favoreció una visión centralizadora y militante de la representación política. En ese marco, las estructuras tribales eran presentadas con frecuencia como atrasadas, divisorias o reaccionarias.
Sin embargo, ni siquiera el Polisario logró eliminarlas realmente. Las dinámicas tribales, familiares y regionales siguieron operando en los campamentos de Tinduf, en las lealtades internas, en los equilibrios de poder y en las tensiones soterradas. Las purgas internas y la brutal represión de finales de los años ochenta, señaladas por antiguos disidentes y responsables del propio movimiento, mostraron hasta qué punto las pertenencias familiares, tribales y comunitarias seguían presentes bajo la superficie del discurso oficial. La tribu podía ser negada en la propaganda, pero no desaparecía de la realidad social.
Esta constatación permite plantear una cuestión de fondo. Si las autoridades tradicionales han sobrevivido a la colonia, al conflicto armado, al exilio, a la represión interna polisaria y su propaganda ideológica, y a los cambios políticos regionales, tal vez su papel deba ser integrado con inteligencia en el entorno de la futura autonomía.
La propuesta marroquí de autonomía ofrece precisamente un marco político amplio para ordenar el autogobierno saharaui bajo soberanía marroquí. Desde esa perspectiva, resulta pertinente pensar cómo incorporar aquellas legitimidades sociales que pueden reforzar su arraigo, su eficacia y su aceptación comunitaria.
Instituciones históricas en sistemas modernos
No se trata de inventar una excepcionalidad saharaui. En distintos lugares del mundo, sistemas políticos modernos han conservado, adaptado o integrado instituciones históricas, tradicionales, territoriales o culturales dentro de marcos estatales contemporáneos.
El caso de la Cámara de los Lores en el Reino Unido resulta especialmente ilustrativo. No porque los chiujs saharauis puedan compararse de forma mecánica con los lores británicos —algo que resulta obvio—, sino porque muestra cómo una democracia parlamentaria antigua ha sabido reformar y limitar una institución histórica sin borrar por completo su vínculo con la tradición.
El Reino Unido no descansa sobre una Constitución codificada en un único texto, sino sobre una arquitectura histórica formada por leyes, precedentes, convenciones constitucionales, common law y elementos de derecho consuetudinario. En ese marco, la Cámara de los Lores ha sobrevivido reformada, limitada y subordinada a la primacía democrática de la Cámara de los Comunes, conservando una función de revisión, experiencia, continuidad y equilibrio institucional.
La enseñanza no consiste en copiar el modelo británico. La idea relevante es otra. La modernidad política no siempre exige destruir las legitimidades históricas. En ocasiones, las ordena, las reforma y las hace compatibles con instituciones democráticas.
Otros ejemplos apuntan en una dirección parecida. En Botsuana existe el Ntlo ya Dikgosi, una cámara consultiva de jefes tradicionales que participa en materias vinculadas a la costumbre, la identidad y la organización comunitaria. Ghana reconoce estructuras nacionales y regionales de jefaturas tradicionales. Sudáfrica ha integrado órganos de liderazgo tradicional dentro de su marco constitucional para asuntos relacionados con comunidades, costumbre y gobierno local.
También puede citarse el caso de Groenlandia dentro del Reino de Dinamarca. La población inuit groenlandesa cuenta con autogobierno propio y con representación específica en el Parlamento danés mediante dos escaños reservados para Groenlandia. No es un modelo tribal, sino territorial y cultural, pero demuestra que un Estado moderno puede reconocer institucionalmente la especificidad de un territorio con identidad histórica propia, lengua, cultura y sensibilidad política diferenciada.
En Europa, el Parlamento Sami en Noruega ofrece otro ejemplo de representación específica vinculada a una comunidad con identidad cultural propia. Tampoco es un modelo trasladable de forma literal al Sáhara, pero confirma una idea útil. Las identidades históricas, territoriales o comunitarias pueden encontrar cauces institucionales dentro de Estados modernos sin romper necesariamente la unidad política general.
El Consejo de Notables
Aplicados al Sáhara, estos ejemplos permiten extraer una conclusión prudente. Reconocer a los chiujs y notables saharauis no implica regresar al pasado ni sustituir la ciudadanía por la tribu. Implica admitir que ciertas formas de autoridad social, memoria histórica y mediación comunitaria pueden ser útiles si se integran de manera clara, regulada y compatible con una autonomía moderna.
En ese marco podría imaginarse, dentro de una futura autonomía, un Consejo Consultivo de Notables y Autoridades Tradicionales Saharauis. Su función no sería decorativa, tampoco sería un poder paralelo al Estado ni una instancia capaz de bloquear las instituciones democráticas autonómicas.
La fórmula más equilibrada sería reconocerle una autoridad consultiva, especialmente en materias vinculadas a identidad saharaui, memoria tribal, patrimonio hassaní, reconciliación comunitaria, retorno de familias, equilibrios locales y preservación de los usos, equilibrios y normas consuetudinarias propias de la sociedad saharaui, siempre dentro del marco jurídico e institucional de la futura autonomía y de la unidad nacional marroquí.
No sustituiría a un parlamento autonómico ni al gobierno regional, pero podría aportar una segunda lectura social, cultural y territorial. Un órgano de esta naturaleza podría contribuir a recomponer vínculos rotos por décadas de conflicto, desplazamiento, propaganda y separación familiar. Podría servir de puente entre quienes permanecieron en el territorio, quienes regresaron, quienes viven en otras regiones de Marruecos, quienes forman parte de la diáspora y quienes todavía permanecen en los campamentos de Tinduf. También ayudaría a integrar sensibilidades saharauis diversas en una arquitectura autonómica estable, sin imponer una única voz ni perpetuar el monopolio de ninguna organización político-militar anclada en el pasado, como es el Frente Polisario. De hecho, nuevas voces como el Movimiento Saharauis por la Paz abogan por esta integración y respeto a la figura de los notables y autoridades tribales, como así han manifestado en sus diferentes textos, artículos y encuentros anuales.
La propuesta de autonomía gana fuerza precisamente cuando se entiende no solo como un marco jurídico-político, sino como una oportunidad para dotar al autogobierno saharaui de profundidad histórica, arraigo comunitario y alma social. Una unidad nacional sólida no tiene por qué negar la especificidad saharaui. Puede integrarla, ordenarla y darle cauce institucional dentro de un horizonte común de estabilidad, participación y futuro compartido.
El reto, por tanto, consiste en construir una autonomía con raíces, capaz de integrar representación democrática, identidad local, autoridad social, pluralidad saharaui y pertenencia nacional en un mismo horizonte de estabilidad.
Una autonomía con memoria será mucho más que una administración. Una autonomía que reconozca la historia, escuche a sus notables, integre a sus comunidades y mire al futuro desde la realidad social del Sáhara puede convertirse en algo mucho más importante: una solución política con arraigo.
La 1ª parte de este artículo puede consultarse aquí
Fuente:
www.atalayar.com
