Cuando el próximo presidente de Colombia asuma el poder el 7 de agosto, recibirá un país muy diferente al que encontró Gustavo Petro en 2022. La primera experiencia de la izquierda en la Casa de Nariño habrá dejado una huella profunda en la cultura política nacional, en el debate sobre la desigualdad y en la proyección internacional del país. Pero también dejará interrogantes inquietantes sobre la sostenibilidad fiscal, la seguridad territorial, el futuro de la transición energética y la capacidad del Estado para recuperar el control de amplias regiones dominadas por grupos armados.
La Colombia que heredará el sucesor de Gustavo Petro será un país atravesado por profundas contradicciones. Pocas veces en la historia reciente una administración ha conseguido alterar tan significativamente los términos del debate político nacional y, al mismo tiempo, dejar abiertos tantos frentes de incertidumbre sobre el futuro inmediato.
La presidencia de Gustavo Petro representó una ruptura histórica. Por primera vez la izquierda llegó al poder en un país que durante décadas fue considerado uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina y un bastión de las políticas de libre mercado y cooperación estratégica con Washington. Aquella victoria fue interpretada por amplios sectores sociales como el inicio de una transformación estructural destinada a corregir desigualdades históricas, ampliar derechos sociales y reformular la relación entre el Estado y los sectores tradicionalmente excluidos.
Sin embargo, cuatro años después, el balance aparece inevitablemente matizado por los límites de la realidad institucional, las restricciones económicas y la persistencia de problemas estructurales que ningún gobierno ha logrado resolver plenamente.
La primera característica de la Colombia que recibirá el próximo mandatario será una sociedad profundamente polarizada. Petro logró movilizar a millones de ciudadanos que durante décadas se sintieron marginados de los centros de decisión política. Al mismo tiempo, despertó una oposición intensa entre amplios sectores empresariales, conservadores y parte de las clases medias urbanas que percibieron sus reformas como una amenaza a la estabilidad institucional y económica.
Esa polarización no desaparecerá con el cambio presidencial. Por el contrario, probablemente continuará definiendo la vida política colombiana durante los próximos años. El país parece haber abandonado definitivamente la lógica bipartidista tradicional para ingresar en una dinámica de confrontación ideológica más marcada, similar a la que caracteriza actualmente a varias democracias latinoamericanas.
Desde el punto de vista económico, el nuevo presidente encontrará un panorama complejo y lleno de desafíos. El principal problema será el deterioro de las cuentas públicas. Diversos economistas han advertido que el déficit fiscal alcanzó niveles históricamente elevados durante el tramo final del mandato de Petro, situándose por encima del 6 % del producto interno bruto, mientras la deuda pública experimentó un aumento significativo.
La economía evitó la recesión y mantuvo tasas positivas de crecimiento, pero lo hizo a un ritmo considerablemente inferior al esperado por los sectores productivos. El crecimiento económico se desaceleró respecto de los años posteriores a la pandemia y la inversión privada mostró signos de cautela, especialmente en sectores estratégicos vinculados a la minería y los hidrocarburos.
Sin embargo, sería injusto presentar el balance económico exclusivamente en términos negativos. Petro deja también indicadores sociales que muestran mejoras apreciables. La inflación descendió respecto de los niveles extraordinariamente elevados heredados de la crisis pospandémica, el desempleo se mantuvo por debajo de los dos dígitos y los índices de pobreza registraron una evolución favorable.
Este contraste constituye probablemente la principal paradoja del legado económico del presidente saliente. Mientras los indicadores macroeconómicos reflejan fragilidades crecientes, numerosos indicadores sociales muestran avances que explican la persistencia de niveles de aprobación relativamente elevados para un mandatario que termina su gestión.
El gran debate económico del próximo cuatrienio girará alrededor de una pregunta fundamental: cómo preservar los avances sociales sin comprometer aún más la sostenibilidad fiscal del Estado.
Si el próximo presidente pertenece a la izquierda y proviene del espacio político construido por Petro, es probable que intente profundizar los programas de redistribución, fortalecer el papel estatal en sectores estratégicos y continuar la transición energética. Sin embargo, deberá hacerlo en un contexto presupuestario mucho más restrictivo que el existente en 2022.
Si, por el contrario, triunfa una candidatura de centroderecha o derecha, el énfasis probablemente se desplazará hacia la disciplina fiscal, la recuperación de la confianza empresarial, la atracción de inversión extranjera y la reactivación del sector energético tradicional, incluyendo nuevas exploraciones petroleras y eventualmente técnicas como el fracking.
La cuestión energética será uno de los principales campos de disputa política. Petro convirtió la transición ecológica en uno de los pilares ideológicos de su gobierno. Su negativa a impulsar nuevos contratos de exploración petrolera buscó posicionar a Colombia como referente global en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, esta política generó fuertes cuestionamientos debido a la importancia que continúan teniendo los hidrocarburos para las exportaciones, las divisas y los ingresos fiscales del país.
Más allá de la economía, el desafío más urgente para el próximo presidente será la seguridad.
La estrategia de la denominada «Paz Total» constituyó el proyecto más ambicioso de la administración Petro. Su objetivo consistía en abrir negociaciones simultáneas con distintos actores armados, desde organizaciones guerrilleras hasta grupos criminales vinculados al narcotráfico. La iniciativa partía de una premisa innovadora: que la fragmentación tradicional entre actores políticos y actores criminales ya no reflejaba adecuadamente la realidad del conflicto colombiano.
No obstante, los resultados estuvieron lejos de satisfacer las expectativas iniciales.
Las disidencias de las antiguas FARC continuaron expandiendo su influencia en regiones estratégicas. Diversas facciones mantuvieron enfrentamientos internos por el control territorial y las rentas derivadas del narcotráfico. El departamento del Cauca, la región del Catatumbo, Arauca y extensas áreas amazónicas siguieron registrando elevados niveles de violencia y presencia armada irregular.
La situación del Ejército de Liberación Nacional tampoco ofrece perspectivas sencillas. Aunque los diálogos impulsados por el gobierno permitieron algunos avances parciales, persisten profundas diferencias sobre las condiciones de una eventual desmovilización y sobre el futuro político de la organización.
A ello se suman las estructuras narcotraficantes que operan bajo diversas denominaciones, las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y los grupos armados híbridos que combinan actividades criminales con control territorial y funciones cuasi políticas.
El próximo presidente deberá decidir si mantiene la estrategia negociadora de Petro, la modifica profundamente o regresa a modelos más cercanos a la seguridad democrática impulsada años atrás por Álvaro Uribe Vélez.
La elección tendrá consecuencias trascendentales para el futuro del conflicto armado colombiano.
En el terreno institucional, el sucesor de Petro también heredará una relación compleja entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado. Durante buena parte de su mandato, Petro protagonizó tensiones recurrentes con sectores del Congreso, organismos de control, medios de comunicación y diversas instituciones estatales. Estas fricciones contribuyeron a crear una sensación de confrontación permanente que dificultó la construcción de consensos para sacar adelante reformas estructurales.
Varias de sus iniciativas más emblemáticas, especialmente en materia de salud, reforma política y reorganización institucional, quedaron bloqueadas o incompletas. El debate sobre la reforma sanitaria constituye quizás el ejemplo más evidente de esas dificultades. Las controversias entre el Gobierno y las EPS reflejaron un choque más amplio sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la provisión de servicios públicos esenciales.
La política exterior será otro ámbito donde las diferencias entre una eventual presidencia de izquierda y una de derecha resultarían particularmente visibles.
Si la izquierda conserva el poder, Colombia probablemente continuará fortaleciendo sus vínculos con gobiernos progresistas de América Latina, mantendrá una posición crítica frente a determinadas políticas de Washington y seguirá impulsando agendas vinculadas a la justicia climática, la integración regional y la reforma de las políticas internacionales antidrogas.
También podría profundizar sus relaciones económicas con China y reforzar espacios multilaterales donde los países emergentes buscan ampliar su autonomía estratégica.
Sin embargo, incluso en ese escenario, resulta improbable una ruptura con Estados Unidos. La cooperación en materia de seguridad, narcotráfico, migración y comercio sigue siendo demasiado importante para ambos países. La experiencia de los últimos años demostró que, pese a las tensiones retóricas, Bogotá y Washington mantuvieron canales de diálogo funcionales debido a sus intereses estratégicos compartidos.
Si la presidencia queda en manos de la derecha, el cambio diplomático sería más visible. Podría producirse un acercamiento más estrecho a Estados Unidos, una mayor coordinación con gobiernos conservadores de la región y una revisión crítica de algunas posiciones adoptadas por Petro respecto de determinados conflictos regionales.
Asimismo, es probable que una administración conservadora impulse una política exterior más centrada en la atracción de inversiones, la cooperación militar y la recuperación de la confianza de los mercados internacionales.
Los expertos coinciden en que la principal demanda social de los próximos años será la estabilidad. El economista Luis Fernando Mejía ha advertido sobre la gravedad de la situación fiscal heredada por el próximo gobierno, mientras analistas como Hernando Gómez Buendía consideran que el país atraviesa una etapa de agotamiento frente a la confrontación permanente.
Por su parte, especialistas como Laura Bonilla y Sergio Guzmán subrayan que las preocupaciones ciudadanas giran cada vez más alrededor de la seguridad, la corrupción, la salud y la situación económica.
Conclusión: el desafío de reconciliar dos Colombias
La historia probablemente recordará a Gustavo Petro como el presidente que modificó para siempre el horizonte del debate político colombiano. Su gobierno logró colocar en el centro de la agenda cuestiones vinculadas a la desigualdad, la inclusión social, la transición ecológica y la redistribución. También consolidó a la izquierda como una fuerza con vocación real de poder en un país donde durante décadas permaneció relegada a los márgenes del sistema político.
Sin embargo, el legado de Petro también estará asociado a una creciente polarización, a la persistencia de la violencia territorial, a las dificultades para materializar varias de sus reformas emblemáticas y a una situación fiscal que exigirá decisiones complejas al próximo mandatario.
Quien asuma la presidencia no recibirá un país en crisis terminal ni un país transformado según las aspiraciones originales del petrismo. Recibirá algo mucho más difícil de gobernar: una nación que ha comenzado a cambiar sus expectativas, pero que aún no ha resuelto sus problemas fundamentales.
El verdadero desafío del próximo presidente será construir un puente entre esas dos Colombias. Entre la Colombia que exige más justicia social y la que reclama más estabilidad económica. Entre la que apuesta por la negociación y la que demanda autoridad frente a los grupos armados. Entre la que mira hacia nuevos horizontes políticos y la que teme perder las certezas del pasado.
De cómo logre resolver esa ecuación dependerá no solo el éxito del próximo gobierno, sino también el rumbo que tomará una de las democracias más importantes y complejas de América Latina durante la próxima década.
Fuente:
www.atalayar.com
