Cuando el dinero entra en la cabina de votación, la libertad del voto retrocede
Toda democracia representativa se basa en una idea elemental: el ciudadano debe poder elegir libremente a aquella persona a la que confía una parte de su soberanía política. Sin embargo, en cuanto interviene una contrapartida financiera en esta elección, la relación democrática cambia de naturaleza. El elector ya no es solicitado únicamente por una convicción, un programa, un balance o una visión de futuro; se convierte en el objetivo de una transacción. Una elección puede entonces conservar todas sus apariencias institucionales —candidatos, campaña, urnas, papeletas y escrutinio— mientras ve su sinceridad alterada a nivel local si un número suficientemente importante de sufragios se ha obtenido gracias al dinero. Es precisamente por eso por lo que responder que la compra de votos no está «generalizada» no basta. No es en absoluto necesario comprar un país entero para modificar una elección. En una circunscripción disputada por unos pocos cientos o unos pocos miles de votos, una práctica minoritaria puede tener un efecto mayoritario sobre el resultado. El problema no se mide, por tanto, solo por el número absoluto de ciudadanos afectados, sino por la capacidad de estas prácticas para modificar la voluntad expresada por el conjunto de los electores.
El famoso «billete de 200 dirhams» pertenece más al vocabulario popular marroquí que al de las estadísticas electorales. Sería imprudente convertirlo en una especie de tarifa nacional de la corrupción: ningún estudio serio permite afirmar que el voto de un elector marroquí tenga un precio uniforme. Pero si esta expresión se ha vuelto tan familiar es porque refleja algo más profundo. Simboliza la posibilidad de una relación transaccional entre ciertos candidatos y ciertos electores, directamente o a través de intermediarios locales. En ese instante, el candidato ya no busca únicamente convencer: busca adquirir un apoyo. Y la diferencia es inmensa. La democracia se basa en la confrontación de proyectos; el clientelismo se basa en el intercambio de intereses inmediatos. Cuando el segundo empieza a sustituir a la primera, no es solo una infracción electoral lo que aparece: es el sentido mismo del mandato representativo lo que se degrada.
Lo que los observadores han constatado realmente: no exagerar nada, pero no ocultar nada
La gravedad del tema exige precisamente no caer en la exageración. Es necesario distinguir las acusaciones de los hechos judicialmente probados, los testimonios de las estadísticas, las irregularidades individuales de un juicio emitido sobre el conjunto de un proceso electoral. Afirmar que todas las elecciones marroquíes se compran sería tan poco serio como pretender que el dinero nunca juega ningún papel en ellas. Los documentos disponibles permiten un análisis mucho más matizado. Tras las elecciones legislativas del 8 de septiembre de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa informó, en particular, de alegaciones relativas a la compra de votos y a la falta de transparencia en ciertos aspectos de la financiación de las campañas. Los observadores también reportaron acusaciones relativas a beneficios materiales ofrecidos a los electores. Estas constataciones no significan en absoluto que el Consejo de Europa haya declarado el proceso electoral marroquí como «comprado»; eso sería distorsionar el informe. Sin embargo, establecen algo esencial: la cuestión de la influencia del dinero en la competición electoral marroquí no pertenece únicamente a las conversaciones populares o a las acusaciones entre adversarios políticos. Ha sido lo suficientemente seria como para ser señalada por observadores internacionales.
El fenómeno no apareció en 2021. Diez años antes, con motivo de las legislativas de 2011, una delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa indicaba ya haber sido informada de alegaciones sobre compra de votos, uso indebido de ciertas reasunciones administrativas, así como presiones o intimidaciones. Una vez más, hay que emplear la palabra exacta: se trataba de alegaciones, no de la prueba de que todo el proceso electoral hubiera sido corrompido. Pero cuando una misma preocupación atraviesa varios ciclos electorales separados por una década, ya no se puede descartar como una anomalía pasajera. Invita a preguntarse sobre la existencia de mecanismos más profundos: redes de influencia local, dependencias sociales, intermediarios electorales, clientelismo y poder financiero de ciertos candidatos. La ley se puede modificar en unos meses; una cultura electoral, en cambio, puede necesitar una generación para cambiar.
Una prohibición que ya no infunde suficiente temor corre el riesgo de perder su fuerza
Una práctica ilegal retrocede verdaderamente cuando su coste probable pasa a ser superior al beneficio que puede procurar. Ahora bien, en materia electoral, el beneficio potencial es considerable: un escaño parlamentario, una presidencia municipal, el acceso a una mayoría local, varios años de mandato y una capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Si la probabilidad de ser identificado sigue siendo baja, si resulta difícil vincular a los intermediarios con quienes dan las órdenes o si la sanción llega mucho tiempo después de la elección, la prohibición jurídica pierde parte de su función disuasoria. La cuestión esencial no es, por tanto, únicamente saber si la ley marroquí prohíbe la compra de votos. Es saber si quien considera practicarla cree realmente que corre el riesgo de ser descubierto y de pagar el precio por ello.
Es probablemente ahí donde se sitúa uno de los grandes desafíos de las próximas elecciones. Marruecos no necesita otra declaración solemne afirmando que la corrupción electoral es inadmisible: este principio ya se conoce. El cambio llegará cuando el candidato que dispone de importantes medios financieros se pregunte, antes siquiera de movilizar a un intermediario o de sacar dinero en efectivo, si unas cuantas decenas de miles de dirhams distribuidos clandestinamente pueden costarle su mandato, su elegibilidad, su reputación y, cuando se cumplan las condiciones legales, acarrear consecuencias penales. La democracia no pide a los actores políticos que se vuelvan repentinamente virtuosos; construye un sistema en el que el fraude se convierte en un mal cálculo.
El Tribunal de Cuentas puede rastrear un dirham declarado; el verdadero desafío es encontrar el que nunca se declara
Marruecos posee, sin embargo, instituciones de control que no son ni teóricas ni desdeñables. La Constitución confía, en particular, al Tribunal de Cuentas el control de las cuentas de los partidos políticos y la verificación de la regularidad de los gastos relativos a las operaciones electorales. El Tribunal examina la financiación pública, los justificantes presentados, los gastos declarados y las cuentas de las formaciones políticas y de los candidatos. Ha publicado trabajos relativos a diferentes procesos electorales, en particular sobre las elecciones legislativas de 2016 y los comicios organizados en 2021. Existe, pues, una verdadera arquitectura institucional que permite controlar una parte del dinero político.
Pero es precisamente aquí donde aparece el límite más difícil de superar: la contabilidad controla lo que entra en la contabilidad. El dinero destinado a comprar clandestinamente un voto está, por definición, concebido para no aparecer nunca en una cuenta electoral. Un cartel tiene una factura. El alquiler de un local se puede justificar. Un servicio de comunicación deja huella. Una suma entregada en efectivo a un intermediario encargado de convencer a varias familias nunca se registrará, obviamente, bajo el concepto «compra de sufragios». El dirham oficial puede auditarse; el dirham clientelar busca precisamente volverse invisible. Por lo tanto, hay que distinguir dos luchas que se complementan pero no se confunden: controlar la financiación de las campañas y combatir la corrupción electoral. La primera requiere principalmente transparencia, justificantes y auditorías; la segunda exige denuncias creíbles, investigaciones, búsqueda de los circuitos financieros, identificación de los intermediarios y, sobre todo, la capacidad de llegar hasta los verdaderos ordenantes.
Cuando el dinero selecciona a los candidatos antes incluso de que los electores voten
La influencia del dinero no empieza necesariamente el día en que alguien ofrece una suma a un elector. Puede intervenir mucho antes, en el momento mismo en que los partidos eligen a sus candidatos. Imaginemos una circunscripción en la que un partido debe decidir entre varios aspirantes: un militante experimentado, un universitario reconocido, un joven líder vecinal, un empresario acaudalado que dispone de una red local considerable. Si la competición electoral se percibe como extremadamente costosa, la capacidad personal para financiar una campaña puede convertirse progresivamente en un criterio tan importante como la competencia, el programa o el arraigo militante. El dinero ya no se limita entonces a influir en el voto: empieza a seleccionar a quienes tendrán el derecho político de ser seriamente competitivos antes incluso de que el elector entre en la cabina de votación.
Esta mecánica produce un círculo particularmente peligroso. Cuanto más depende una campaña de los recursos financieros, más tentados están los partidos de buscar candidatos que dispongan de esos recursos; cuanto más privilegian estos perfiles, más asocian los ciudadanos la política al dinero; y cuanto más normal se vuelve esta asociación, más renuncian los candidatos de modestos recursos financieros a entrar en la competición. Un joven marroquí puede conocer perfectamente los problemas de su territorio, haber trabajado diez años en el tejido asociativo, dominar los expedientes de la educación, el empleo, el agua o la sanidad y disponer de una verdadera visión política. Pero si adquiere la convicción de que enfrente tiene a un adversario cuyo poder financiero puede neutralizar años de trabajo militante en pocas semanas, ¿por qué iba a dedicar su vida a la política? La corrupción electoral, por tanto, no solo roba votos. Puede privar al país de candidatos que nunca llegarán a presentarse.
El verdadero precio de los 200 dirhams no es de 200 dirhams
Tomemos ahora este famoso billete en lo que representa simbólicamente. Para un ciudadano que vive en una gran precariedad, 200 dirhams no son necesariamente una suma irrisoria. Sería fácil e incluso injusto juzgar con condescendencia a una familia que pasa apuros para pagar sus gastos diarios. Es precisamente porque la pobreza crea vulnerabilidad por lo que el clientelismo electoral puede funcionar. La debilidad económica de ciertos ciudadanos se convierte entonces en un recurso político para quienes disponen de dinero. El problema no es, por tanto, únicamente moral; es también social. Cuanto más vulnerable económicamente es una población, más tentado puede verse quien posee recursos a transformar esa vulnerabilidad en influencia electoral.
Pero el cálculo cambia radicalmente cuando se observa la transacción a lo largo de todo un mandato. El elector recibe, en el mejor de los casos, 200 dirhams una sola vez. El electo obtiene varios años de poder. Durante esos años se discutirán o decidirán presupuestos, inversiones, equipamientos, políticas municipales, planes de ordenación urbana, infraestructuras, servicios públicos y, a veces, contratos por valor de millones de dirhams. La transacción real nunca es «un voto a cambio de 200 dirhams». Se parece mucho más a esto: una suma consumida de inmediato a cambio de varios años de poder político. Y bajo este prisma, el acuerdo resulta extraordinariamente desequilibrado. Quien vende su voto no cede un trozo de papel; cede a un precio muy bajo una fracción de su derecho a decidir sobre quienes administrarán el dinero público.
La responsabilidad del ciudadano existe, pero no puede convertirse en el coartada de la política
A menudo se escucha este argumento: si hay candidatos que compran votos, es porque hay ciudadanos dispuestos a venderlos. La frase contiene una parte de verdad, pero no dice toda la verdad. Una transacción supone efectivamente dos partes. Quien acepta conscientemente vender su opción electoral asume una responsabilidad cívica. Pero los dos actores no se encuentran necesariamente en una situación de igualdad. Por un lado se encuentra a veces un candidato que dispone de dinero, de una organización, de intermediarios y de un objetivo de conquista del poder; por el otro, un ciudadano cuya precariedad económica puede ser explotada. Recordar la responsabilidad del elector es legítimo. Usarla para reducir la del candidato que organiza el sistema sería mucho más cuestionable.
Existe, sobre todo, una consecuencia política raras veces mencionada. Cuando un candidato obtiene un voto a cambio de un beneficio material, la relación entre el electo y el elector queda corrompida antes incluso del inicio del mandato. En una democracia normal, el representante sigue siendo responsable ante el ciudadano porque le ha prometido un programa. En una relación clientelar, puede verse tentado a considerar la transacción como concluida: «Yo le di, él votó, estamos en paz». Esta es probablemente una de las consecuencias más destructivas de la compra de votos. No corrompe solo el día de la elección; destruye progresivamente la idea de rendición de cuentas durante los años siguientes. ¿Por qué exigir a un electo que honre una promesa política si el contrato inicial ya no era político?
Cuando las instituciones existen, la cuestión pasa a ser su eficacia
Sería excesivo concluir que Marruecos es simplemente incapaz de organizar elecciones democráticas. El Reino cuenta con una competencia partidista real, organiza procesos electorales complejos, posee una administración electoral, tribunales, normas de financiación e instituciones de control. Pero esta realidad no debe servir para cerrar el debate; al contrario, debe elevar el nivel de exigencia. Cuando un país no posee ninguna institución, el primer objetivo consiste en crearlas. Cuando ya las posee, la pregunta pasa a ser mucho más precisa: ¿funcionan lo suficiente como para modificar los comportamientos?
El razonamiento es difícil de eludir. Una elección democrática exige que el sufragio sea libre. La compra del sufragio destruye esa libertad cuando determina la elección del elector. La legislación marroquí combate estas prácticas y existen instituciones para proteger la integridad del proceso. Si a pesar de ello el dinero clandestino continúa influyendo en ciertas contiendas, es necesario examinar la capacidad de detección, la rapidez y eficacia de la sanción, o ambas cosas. La solución no reside necesariamente en la adopción constante de nuevos textos. Una democracia no se vuelve más fuerte por acumular leyes; se vuelve más fuerte cuando el ciudadano y el candidato constatan que la ley existente produce realmente consecuencias.
Las clasificaciones internacionales ofrecen un contexto, no un veredicto sobre las elecciones
Los indicadores internacionales dedicados a la corrupción también deben utilizarse con precisión. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional no mide el número de votos comprados en Marruecos ni permite calcular una tasa de fraude electoral. Evalúa la percepción de la corrupción en el sector público según una metodología específica. Puede, por tanto, aportar luz sobre el entorno institucional general, pero sería intelectualmente incorrecto transformar una clasificación internacional sobre corrupción en una estadística sobre compra de votos. Esta distinción es esencial en un debate donde las cifras pueden convertirse fácilmente en armas políticas más que en instrumentos de análisis.
Hay que aceptar, por lo demás, una realidad frustrante: nadie puede decir hoy con seriedad cuántos votos se compran en Marruecos. ¿Cuántos electores aceptan efectivamente dinero? ¿Qué cantidad circula realmente? ¿En cuántas circunscripciones se ha visto alterado el resultado por estas prácticas? No existe ninguna cifra nacional lo suficientemente sólida que permita responder con certeza. Y esto no tiene nada de sorprendente. Una transacción clandestina que tanto el comprador como el beneficiario tienen interés en ocultar es, por naturaleza, difícil de medir. La ausencia de una cifra fiable no significa, pues, que el fenómeno no exista; simplemente exige no inventar una precisión estadística que los datos disponibles no permiten respaldar.
2026 no debería ser el año de los discursos contra la corrupción, sino aquel en que corromper se convierta en un riesgo
Es tal vez ahí donde se encuentra el verdadero cambio esperado. Los discursos sobre la moralización de la vida política son útiles, pero acaban perdiendo su fuerza cuando no van acompañados de efectos visibles. Una campaña de sensibilización puede convencer a un ciudadano; una sanción creíble puede disuadir a cientos de candidatos e intermediarios. La lucha contra el dinero electoral debe comenzar antes de la campaña oficial, continuar durante las votaciones y proseguir tras el anuncio de los resultados. Las redes clientelares no nacen necesariamente cuarenta y ocho horas antes de la apertura de los colegios electorales. Pueden construirse durante meses a través de relaciones económicas, familiares, asociativas o locales de las que hay que distinguir, por supuesto, la actividad legítima de los mecanismos destinados a comprar una fidelidad electoral.
El verdadero progreso se alcanzará cuando el riesgo de corrupción se intgre en el cálculo del candidato. Mientras este piense: «Si gasto esta suma, ¿cuántos votos puedo ganar?», el dinero seguirá siendo un instrumento electoral. Cuando empiece a pensar: «Si gasto clandestinamente esta suma, ¿puedo perder mi elección y mi carrera política?», la correlación de fuerzas habrá cambiado. Es esta inversión la que un sistema realmente disuasorio debe producir. El éxito no se medirá, por tanto, únicamente por el número de condenas dictadas tras las elecciones, sino por el número de prácticas que no tendrán lugar porque quienes las consideraban estimaron que el riesgo era demasiado alto.
¿Y si el billete de 200 dirhams revelara una crisis más profunda?
Queda, sin embargo, una pregunta que la sola represión nunca podrá resolver. ¿Por qué un ciudadano acepta vender su voto? La pobreza proporciona parte de la respuesta, pero no toda. Existe también la desilusión política. Cuando un elector ya no cree en los programas, considera que las promesas electorales se olvidarán al día siguiente de las elecciones o ya no distingue con claridad los proyectos propuestos por los distintos candidatos, el beneficio inmediato puede parecerle más concreto que la promesa de un futuro mejor. El razonamiento se vuelve entonces terriblemente pragmático: puesto que el candidato tal vez desaparezca tras su elección, más vale obtener algo de él mientras aún me necesita.
Esta lógica demuestra que combatir la compra de votos supone también restaurar el valor político del programa. Los partidos deben volver a ser capaces de elaborar propuestas identificables, de formar a sus militantes, de seleccionar a candidatos por su competencia tanto como por su capacidad electoral, de publicar balances y, sobre todo, de aceptar ser evaluados por sus compromisos. Cuando los programas se vuelven intercambiables, las personalidades débiles y las promesas repetitivas, el dinero encuentra un terreno fértil. La mejor respuesta al billete de 200 dirhams no es, por tanto, solo el policía, el juez o el auditor. Es también el candidato lo suficientemente creíble como para que un ciudadano considere que su proyecto vale más que el dinero que le ofrecen.
Marruecos conoce el problema: le queda demostrar que puede vencerlo
Marruecos ya no está en la etapa de tener que descubrir la existencia del clientelismo electoral. El debate existe desde hace tiempo, los partidos lo conocen, los ciudadanos hablan de ello, los observadores lo han mencionado y las instituciones disponen hoy de medios de control más importantes que antaño. Es precisamente lo que hace interesantes las próximas citas electorales. La pregunta ya no es solo: «¿Existe dinero en las elecciones?». La verdadera pregunta pasa a ser: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para impedir que ese dinero pueda comprar poder?
Sería poco realista prometer la desaparición total, en un solo proceso electoral, de prácticas consolidadas durante décadas. Ningún sistema democrático serio puede garantizar que no se cometerá ninguna infracción. Pero existe una diferencia fundamental entre un fraude marginal perseguido por el Estado y una práctica lo suficientemente tolerada como para convertirse en un componente casi habitual de ciertas campañas. Es esta frontera la que Marruecos debe desplazar.
El Reino ya no tiene que demostrar únicamente su capacidad material para organizar elecciones. El desafío es ahora más exigente: permitir que un ciudadano sin fortuna se presente frente a un candidato rico con la convicción razonable de que no será la profundidad de sus bolsillos lo que decida entre ellos; permitir que el elector económicamente vulnerable sepa que su papeleta vale infinitamente más que unos cuantos billetes; permitir, en fin, que los partidos comprendan que una circunscripción se debe conquistar mediante la confianza y no mediante el poder financiero.
Porque la verdadera cuestión no es, en última instancia, saber si 200 dirhams pueden comprar un voto.
Es saber cuánto le cuesta a una democracia el día en que sus ciudadanos terminan por creer que su voto tiene un precio.
Y si las próximas elecciones permiten romper con esa convicción, la victoria no pertenecerá ni a la mayoría ni a la oposición.
Pertenecerá al elector marroquí.
