Los caseros españoles han visto cómo la reducción de la ventaja fiscal sobre los rendimientos del alquiler no se ha traducido, de facto, en menos ahorro fiscal global. La norma diseñada en la vivienda que entró en vigor parcialmente en 2023 dejó el tratamiento fiscal en un 50% de deducción sobre los rendimientos netos frente al 60% anterior; sin embargo, las cifras fiscales más recientes muestran una evolución distinta a la prevista.
Según datos de Agencia Tributaria, el importe total del ahorro fiscal asociado a los alquileres aumentó en el primer año de aplicación del cambio normativo. Ese incremento se produce en paralelo al fuerte encarecimiento del mercado del alquiler observado en distintas áreas urbanas de España, lo que eleva los rendimientos brutos declarados y, en consecuencia, el monto sobre el que se aplica la deducción reducida.
El fenómeno descrito implica que la disminución del porcentaje de deducción —pasar del 60% al 50%— ha quedado en gran medida compensada por la mayor base imponible derivada del aumento de las rentas. Fuentes oficiales no ofrecieron cuantías adicionales más allá de la evolución global del ahorro fiscal, pero la relación entre precios y fiscalidad explica la aparente paradoja: más ingresos por alquiler, aunque con un coeficiente menor de beneficio fiscal, pueden resultar en un ahorro agregado superior.
Los datos plantean retos en el debate público sobre la accesibilidad de la vivienda y la eficacia de las medidas fiscales como instrumento de política habitacional. El Gobierno y los actores del sector disponen ahora de información empírica para analizar si las reglas vigentes cumplen los objetivos de contención de precios y de protección a inquilinos, o si son necesarias acciones complementarias que incidan directamente en la oferta, la regulación de rentas o en incentivos específicos al alquiler asequible.
