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El refuerzo del registro horario se queda sin margen político al final de la legislatura

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El control digital de la jornada laboral, presentado como la vía para preservar una parte central de la agenda laboral tras el fracaso parlamentario de la reducción de jornada, llega al tramo final de la legislatura sin avances decisivos. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, pretendía reforzar el registro horario en las empresas y someterlo a una supervisión más eficaz por parte de la Inspección de Trabajo.

El punto de inflexión se produjo el 10 de septiembre del año pasado, cuando el Congreso de los Diputados rechazó la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, una de las principales promesas del pacto de gobierno entre PSOE y Sumar. Tras aquella votación, Trabajo desplazó el foco hacia una medida que no dependía del mismo recorrido parlamentario: endurecer el sistema de control de las horas trabajadas mediante un registro digital, accesible y verificable.

La propuesta buscaba que el seguimiento de la jornada no quedara en una obligación formal, sino que pudiera convertirse en una herramienta efectiva para detectar excesos de tiempo de trabajo. En el entorno del ministerio se defendió entonces que una fiscalización más sólida podía tener un impacto relevante sobre la jornada efectiva, incluso superior al que habría producido la reducción legal rechazada en el Congreso. La clave estaba en facilitar la intervención inspectora y limitar los márgenes de incumplimiento dentro de las empresas.

Sin embargo, catorce meses después de aquel giro estratégico, el calendario político deja a la medida prácticamente sin recorrido. Con solo dos reuniones del Consejo de Ministros antes del cierre de la legislatura, el refuerzo del registro horario no aparece encarrilado para su aprobación. La falta de culminación supone un revés para una actuación que el Ejecutivo había señalado como prioritaria tras perder la batalla legislativa de las 37 horas y media.

El resultado es un cierre de ciclo marcado por la distancia entre los compromisos anunciados y las medidas finalmente aprobadas en materia de empleo. Para el Gobierno, el bloqueo del registro horario reduce el margen para presentar avances tangibles en el control del tiempo de trabajo. Para trabajadores y empresas, mantiene abierto un debate que seguirá ocupando un lugar central en la discusión laboral en España: cómo garantizar que la jornada pactada se cumpla de forma verificable y con instrumentos eficaces de supervisión.

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