“Los homosexuales ya no respirarán en este país”. En marzo de 2026, estas declaraciones de Diaraye Bâ fueron recibidas entre aplausos en el Parlamento senegalés tras la aprobación del endurecimiento de las penas contra las relaciones homosexuales. En pocas palabras, la parlamentaria, miembro del partido en el Gobierno, condensó el clima político que acompaña a la nueva ofensiva contra las personas LGTBIQ+ en el país africano: no solo se trata de castigar determinadas relaciones íntimas, sino de eliminar cualquier forma de visibilidad, organización o defensa de los derechos LGTBIQ+. También oculta una parte incómoda de la historia senegalesa, en la que la diversidad sexual y de género no siempre fue ajena a la sociedad.
El caso senegalés no es una excepción, pero sí resume una paradoja más amplia. En los últimos años, varios países de África occidental, oriental y el Sahel han endurecido sus marcos legales contra las personas LGTBIQ+, en un continente donde 31 de los 54 Estados criminalizan las relaciones homosexuales. En muchos casos, la retórica oficial presenta estas medidas como una defensa de la soberanía cultural frente a derechos considerados importados de Occidente. Ese discurso permite convertir al colectivo LGTBIQ+ en un chivo expiatorio sobre el que proyectar un malestar más amplio, marcado por la pobreza, la inseguridad, la inestabilidad política y las dependencias exteriores. Sin embargo, buena parte de esa criminalización se apoya en códigos penales heredados del colonialismo y en discursos religiosos conservadores alimentados también desde el exterior. En su forma más extrema, países como Mauritania, Somalia, los estados del norte de Nigeria o Uganda contemplan incluso la pena de muerte en supuestos relacionados con la homosexualidad.
Sin embargo, el continente no responde a una única lógica. Mientras algunos gobiernos refuerzan la criminalización, otros avanzan en sentido contrario, desmontando leyes heredadas del colonialismo. Ese contraste se ve con claridad en el sur del continente y en algunas islas, donde tribunales y legisladores han impulsado procesos de despenalización: Botsuana (2019), Angola (2021), Mauricio (2023) y Namibia (2024) han eliminado o invalidado estas leyes. Sudáfrica sigue siendo el caso más avanzado, al prohibir la discriminación por orientación sexual en su Constitución y legalizar el matrimonio igualitario en 2006.
Pero esos avances conviven con un rechazo social muy extendido en el continente. Afrobarometer, una red panafricana de encuestas de opinión pública, preguntó en 39 países si aceptarían tener vecinos homosexuales y en veintiocho de ellos, más del 70% de los encuestados respondió que no. La encuesta no permite hablar de África como un bloque sino de un mapa muy desigual, con un sur relativamente más tolerante y un rechazo mucho más extendido en África occidental y oriental.
El legado colonial no fue la diversidad
Durante la época colonial, lo que llegó de Europa no fue la diversidad sexual o de género, presente de distintas formas en muchas sociedades africanas antes de la colonización, sino el aparato jurídico y moral que permitió perseguirla. La paradoja es que muchos gobiernos invocan la descolonización y la tradición africana para justificar una criminalización que, en buena medida, fue heredada o moldeada por el propio colonialismo.
La huella colonial ayuda a entender parte del mapa actual de la criminalización de las personas LGTBIQ+ en África. El Imperio británico exportó a muchos de sus territorios leyes contra los actos contra natura, inspiradas en una moral cristiana y victoriana que convirtió la sexualidad en materia de orden público. Por eso, en países como Ghana, Nigeria, Sierra Leona o Gambia, la criminalización actual hunde sus raíces en códigos penales coloniales que sobrevivieron a la independencia. En las antiguas colonias francesas, el camino fue menos directo: al no existir un delito de sodomía tan claro como el británico, la persecución recurrió a figuras más ambiguas como la moral pública. La excepción llegó durante el régimen de Vichy, colaborador de la Alemania nazi, que en 1942 introdujo el delito de actos contra natura para castigar las relaciones homosexuales.
Pero el colonialismo no basta para explicarlo todo. Tras la independencia, cada Estado siguió su propia trayectoria: algunos conservaron leyes heredadas, otros las endurecieron y otros han creado nuevas formas de criminalización. Senegal ya castigaba las relaciones homosexuales en su Código Penal de 1965, inspirado en el modelo francés, pero en 2026 endureció las penas y amplió la persecución a la promoción o financiación de estas identidades. En cambio, Mali (2024), Burkina Faso (2025) y más recientemente Níger (junio 2026), han introducido nuevas prohibiciones en sus códigos penales o familiares. En todos esos procesos pesan factores distintos, desde el conservadurismo social y los actores religiosos hasta el cálculo político de gobiernos que buscan presentarse como defensores de la identidad nacional.
Pese a esto, las sociedades precoloniales tampoco eran un edén de libertad sexual ni se organizaban con las categorías LGTBIQ+ actuales. Muchas imponían normas estrictas sobre el linaje, la reproducción o la familia. Pero sí fueron más diversas de lo que admiten los relatos políticos contemporáneos. En Senegal, la cultura wolof reconocía figuras como los góor-jigéen, hombres asociados a expresiones de género femeninas que podían ejercer como consejeros, estilistas o confidentes de mujeres de la alta sociedad. En la cultura hausa, extendida por el norte de Nigeria y el sur de Níger, los yan daudu participaban en ceremonias, organizaban bodas y formaban parte de espacios cotidianos habitualmente reservados a las mujeres. Incluso entre los dagaaba, presentes en Ghana y Burkina Faso, algunas fuentes describen formas de entender el género menos ligadas a la anatomía y más al lugar espiritual y social de cada persona. No eran identidades equivalentes a las siglas modernas, pero sí muestran que la diferencia existía.
Soberanía selectiva y chivos expiatorios
La ofensiva contra las personas LGTBIQ+ que se está viviendo en África no se sostiene solo en códigos penales, sino en un relato político que se ha articulado en torno a la soberanía, la tradición y la defensa de la familia frente a una supuesta imposición occidental. Sin embargo, esa retórica suele ser selectiva: denuncia con fuerza la injerencia extranjera cuando se trata de derechos humanos, pero convive con problemas internos y dependencias exteriores mucho más profundas.
África no es una realidad homogénea, pero la pobreza sigue siendo uno de los grandes factores de vulnerabilidad. En África subsahariana, alrededor de 565 millones de personas sufren problemas como la desnutrición, la falta de electricidad o las dificultades para acceder al agua potable. De la misma forma, la presión climática es la norma en países como Chad, República Centroafricana o Níger, donde más del 80% de las personas pobres vive en zonas expuestas a sequías, calor extremo, inundaciones o contaminación del aire.
A estas vulnerabilidades se suman crisis de seguridad y nuevas dependencias exteriores. El Sahel es el ejemplo más claro de esta situación: en 2024, la región concentró el 47 % de las muertes por terrorismo en el mundo, un deterioro que ha alimentado golpes militares e inestabilidad regional. Mali, Burkina Faso y Níger rompieron con antiguos socios occidentales en materia de seguridad como Francia, pero han desplazado parte de esa dependencia hacia Rusia y el grupo de mercenarios Africa Corps.
En paralelo, la dependencia económica, financiera o en infraestructuras también va al alza. La influencia china en el continente es visible en proyectos estratégicos como el oleoducto de la cuenca petrolera de Agadem, entre Níger y Benín, financiado y gestionado en gran medida por CNPC, la petrolera estatal china. También en Mauritania, donde China financió con un préstamo la ampliación del puerto de Nuakchot. Estos ejemplos no responden a un patrón idéntico en el continente, pero sí muestran cómo muchos gobiernos denuncian la injerencia occidental cuando se habla de derechos humanos, mientras se aceptan otras formas de dependencia exterior en materia económica o de seguridad.
Esta contradicción ayuda a entender por qué el discurso anti-LGTBIQ+ resulta políticamente útil. En lugar de asumir problemas como la pobreza, la inestabilidad o la pérdida de autonomía frente a actores externos, algunos líderes están desplazando el foco hacia un enemigo más fácil de señalar.
Religión y redes conservadoras transnacionales
En un continente donde cerca del 95% de la población es creyente y donde el cristianismo y el islam son las confesiones mayoritarias, las instituciones religiosas tienen una influencia determinante en materia moral y social. Desde los años setenta, en partes del Sahel y África occidental han ganado peso corrientes salafistas financiadas por Arabia Saudí, frente a formas de islam sufí tradicional más ligadas a prácticas locales. Grupos como Izala, un movimiento misionero salafista presente en Nigeria, Níger, Chad y Camerún, han contribuido a difundir una visión más estricta de la moral, la familia y la sexualidad.
Además, también se observa la influencia de organizaciones estadounidenses como Family Watch International, vinculadas a redes evangélicas y ultraconservadoras que impulsan campañas, cumbres políticas y propuestas legislativas contra las personas LGTBIQ+. Su huella es visible en países como Uganda y Ghana, y también en debates legislativos en Kenia o Liberia, donde se presentan proyectos de ley prácticamente idénticos.
Frente a esta ofensiva, el movimiento LGTBIQ+ africano está respondiendo mediante redes comunitarias de protección y la documentación de abusos a través de ONG como Alternatives-Cameroun. Estos grupos no solo reclaman el reconocimiento de sus derechos, sino desmontar la idea de que la diversidad sexual sea una importación occidental. Así lo hacen, por ejemplo, activistas en Ghana que promueven el uso de términos tradicionales como kojo besia para demostrar la fluidez del género que ha existido en su cultura.
El objetivo es desmontar una estrategia que presenta como un acto de descolonización la limitación de libertades. Ahí está la paradoja: en nombre de la soberanía se persigue a ciudadanos propios; en nombre de la tradición se borra una historia más plural; y en nombre de la resistencia a Occidente se reciclan códigos, alianzas y guerras culturales que también vienen de fuera.
Fuente:
elordenmundial.com
