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Javier M. González desde Buenos Aires
El 25 de marzo de 1976, un día después del golpe militar en Argentina, el embajador español en Buenos Aires acudía al palacio San Martín, sede del ministerio de Relaciones Exteriores, para expresar el reconocimiento del gobierno de España a las nuevas autoridades militares. Era el primer diplomático en pronunciarse sobre el nuevo gobierno. El gobierno español seguía la llamada “Doctrina Estrada”, promulgada por México en 1930, basada en el principio de no intervención y que evita pronunciarse sobre la legitimidad de gobiernos de otros países. España, por tanto, no tenía necesidad de respaldar explícitamente al nuevo gobierno, y mucho menos hacerlo con la urgencia con la que mostró el embajador español, Gregorio Marañón Moya.
El contexto en España ayuda a entender las prisas. Franco había muerto solo cuatro meses antes del golpe en Argentina y el gobierno de Madrid tenía todavía la marca del franquismo más duro, con Carlos Arias Navarro en la presidencia del Gobierno. Su ministro de Exteriores era José María de Areilza, que dimitiría en julio de ese 1976, en desacuerdo con el inmovilismo de Arias Navarro. La transición propiamente dicha, no se había iniciado.
Por esos días el país estaba conmocionado por los sucesos en la ciudad de Vitoria, donde la policía mató a cinco obreros que participaban en una asamblea en un templo de la ciudad. Los partidos políticos no estaban todavía legalizados y la oposición se dividía entre la Junta Democrática (liderada por el PCE) y la Plataforma de Convergencia Democrática (impulsada por el PSOE), que ese mismo mes de marzo se unirían en la llamada Platajunta, con el objetivo de forzar una ruptura democrática.
El representante español en Argentina en el momento del golpe, Marañón Moya, no era embajador de carrera. Hijo del famoso médico del mismo nombre, estaba muy relacionado con empresas multinacionales -fue presidente de la filial de Coca-Cola en España e integró numerosos consejos de administración-. Llevaba dos años en el país y antes había sido director del Instituto de Cultura Hispánica, donde sucedió a Blas Piñar, futuro líder de la extrema derecha española. Había sido consejero Nacional del Movimiento y procurador en las Cortes franquistas. Durante la guerra civil se había alistado como voluntario en el bando rebelde, alcanzando el grado de alférez provisional.
Entre el personal diplomático español acreditado en Argentina convivían franquistas convencidos y funcionarios más jóvenes y abiertos. Los informes que diariamente se enviaban al ministerio desde la embajada “mostraban una Argentina tranquila y en orden, que miraba hacia un futuro esperanzador”, según la ponencia presentada por Cristina Luz García Gutiérrez, de la Universidad Autónoma de Madrid, en unas jornadas del 2011 en la Universidad de Catamarca. Pero había parte del personal que no transmitía la misma idea al Palacio de Santa Cruz. La misma García Gutiérrez destaca el caso del cónsul en Córdoba, donde era dueño y señor el general Luciano Benjamín Menéndez, uno de los más duros dentro de la dictadura argentina. El cónsul, Pedro Manuel de Arístegui, enviaba informes a la embajada donde se hablaba de los desaparecidos. Al comprobar que sus despachos no eran reenviados a Madrid, comenzó a mandarlos directamente al subdirector general de Iberoamérica, Salvador Bermúdez de Castro, aprovechando que eran amigos personales y que su destinatario había estado en la embajada española en Buenos Aires entre 1967 y 1970.
Una de las primeras cosas en que se ocupó la embajada tras el golpe fue la preparación de la visita a España del nuevo ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, solo un mes después de asumir. El ministro de la dictadura preparaba una gira por Europa y una de las principales tareas del embajador español fue asegurarse de que visitase Madrid. El director general de Iberoamérica, Pedro Salvador Vicente, le escribió al director general de Relaciones Económicas Internacionales, Raimundo Bassols: “Huelga subrayarte el interés político del viaje del ministro Martínez de Hoz y la importancia que al mismo le concede nuestro embajador en Buenos Aires. El propio presidente [Jorge Rafael] Videla ha señalado el interés prioritario que al viaje le concede la actual Junta de Gobierno”.
El embajador Marañón Moya, que estuvo al frente de la delegación diplomática hasta principios de octubre de ese año 76, mantuvo contactos frecuentes con los máximos dirigentes de la dictadura, igual que su sucesor, Enrique Pérez Hernández, este sí diplomático de carrera y no tan identificado con el franquismo. En un mensaje fechado el 16 de marzo, ocho días antes del golpe, Marañón adelantaba que los militares esperaban el momento táctico favorable para poner en marcha el dispositivo preparado para la toma del poder. Y cuatro días después del golpe informaba que una fuente del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE) le había dicho que la Junta “espera y desea una violenta reacción extremista”, para emprender entonces su “campaña definitiva contra la subversión”.
El embajador Pérez Hernández fue el encargado de plantear a la Junta el caso de los españoles desaparecidos. En 1983, casi al final de la dictadura, el Senado español creó una Comisión Especial de Investigación sobre la desaparición de ciudadanos españoles en países de América, que no consiguió permiso de la dictadura para viajar al país.
En febrero de 1997 -gobierno de José María Aznar-, el ministerio de Asuntos Exteriores presentó ante el Congreso de los Diputados un informe sobre los desaparecidos españoles en Argentina, ante una pregunta de la diputada de Izquierda Unida María de los Ángeles Maestro. El informe señala la dificultad de establecer cuántos españoles habían sido detenidos ilegalmente y de cuyo paradero nunca más se supo. Sobre todo, porque había un número importante de personas que, habiendo nacido en Argentina, eran descendientes de españoles y por tanto tenían la consideración de nacionales para España. En su momento, la Oficina de Información Diplomática publicó una lista con los nombres de 35 españoles y 156 hijos, nietos o cónyuges por los que el gobierno español hizo gestiones.
Según el informe presentado al Congreso español, la mayoría de las diligencias diplomáticas en favor de los desaparecidos españoles fue ignorada y ni siquiera se obtenía una respuesta formal. No obstante, aseguró que el cúmulo de gestiones permitieron la reaparición de 15 personas y la liberación de 62.
Entre estas diligencias estarían las que llevó a cabo el rey Juan Carlos, que visitó el país entre el 26 y el 30 de noviembre de 1978, cuando en Argentina todavía se vivía una fase durísima de la represión. Un viaje enormemente controvertido ya que, por un lado, se le daba legitimidad internacional a la dictadura; por el otro, el rey hizo referencias en sus discursos a los derechos humanos y la democracia. En su momento se dijo que las gestiones a favor de presos políticos españoles y desaparecidos se saldó con la liberación de algunos presos que estaban legalizados, pero no hubo ningún éxito en el caso de los desaparecidos.
Una anécdota intrascendente desvió el foco sobre esta visita. En el curso de una de las cenas que se ofreció a los monarcas, una estola de la reina Sofía desapareció. Para bochorno de los anfitriones se descubrió que la prenda se la había llevado una mujer de la alta sociedad argentina, Julia Sundblat de Beccar Varela, cuyo marido estaba ligado al grupo Tradición, Familia y Propiedad, organización católica ultraconservadora. Nadie creyó la versión de la mujer, que dijo que se la había llevado por error. La estola fue devuelta esa misma noche en la embajada de España y el asunto fue convenientemente enterrado, con el acuerdo de las dos partes.
Los informes de la embajada española en Buenos Aires de aquellos tiempos, fueron parcialmente desclasificados en abril del 2013. El material fue entregado a la Audiencia Nacional y una copia está en el Archivo de la Memoria, que funciona en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales Centros Clandestinos de Detención que funcionaron durante la dictadura.
Fuente:
www.nuevatribuna.es
