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Las Galápagos y la geopolítica del Pacífico Oriental

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Imagen aérea del volcán Wolf, en Las islas Galápagos, archipiélago que se ha convertido en un enclave estratégico en la rivalidad entre Estados Unidos y China en el Pacífico Oriental. Fuente: NASA

Mientras el mundo observa las Islas Galápagos a través de la lente de la biodiversidad y el conservacionismo, la disciplina de las Relaciones Internacionales permite analizarlas bajo otra óptica, siendo el archipiélago un activo geoestratégico de primer orden.

Situadas a casi 1.000 kilómetros de la masa continental sudamericana, las islas no solo son un refugio biológico, sino un pivote geográfico que permite la proyección de poder y el control de las líneas de comunicación marítima (SLOCs) en el Pacífico Oriental. En el lenguaje de la estrategia naval, Galápagos es el «portaaviones natural» de la región, una posición que históricamente ha sido de gran relevancia para la arquitectura de seguridad del hemisferio occidental.

Esta relevancia, sin embargo, no es estática. Evoluciona con el centro de gravedad del poder global. Si el siglo XX se caracterizó por su concentración en el Atlántico, el siglo XXI se desplaza cada vez en mayor medida hacia la cuenca del Pacífico. 

En ese reajuste, los archipiélagos oceánicos recuperan su función histórica de centinelas de las rutas comerciales. Las Galápagos son hoy el epicentro de una disputa silenciosa entre Washington y Pekín, y Ecuador lleva años cediendo soberanía efectiva sin que se haya disparado un solo tiro.

El Legado de «The Rock»

La importancia militar de las Galápagos no es una construcción contemporánea. Durante la Segunda Guerra Mundial, la entrada de Estados Unidos en el conflicto tras Pearl Harbor subrayó la vulnerabilidad del flanco occidental del continente. El establecimiento de la base en la isla Baltra, denominada por los efectivos estadounidenses como «The Rock», fue el eje de un sofisticado sistema de defensa triangular.

Este triángulo, con vértices en Base Alpha (Nicaragua), Base Beta (Galápagos) y Base Gamma (Salinas, Ecuador), fue diseñado para interceptar cualquier incursión de las potencias del Eje, específicamente de la Armada Imperial Japonesa, que pretendiera sabotear la «columna vertebral» del comercio americano: el canal de Panamá.

En su apogeo, la base de Baltra albergó a más de 2.400 efectivos, una infraestructura de radar de vanguardia y una flota de patrulla marítima, que incluía bombarderos B-17 y los Consolidated PBY Catalina, que operaban realizando patrullas antisubmarinas.

Sin embargo, el legado de Baltra dejó una enseñanza política profunda para Ecuador: la tensión entre la seguridad colectiva y la soberanía nacional. Aunque el retiro de las tropas estadounidenses en 1946 cerró un capítulo de presencia permanente bajo el mando de Washington, la lección geopolítica quedó grabada en la doctrina de defensa ecuatoriana: quien controla Galápagos, posee la llave de acceso al Pacífico Oriental y la vigilancia avanzada del istmo centroamericano.

Infografía de prensa estadounidense que ilustra el sistema de defensa triangular y la importancia de la Base Beta en las Islas Galápagos. Infografía de prensa estadounidense que ilustra el sistema de defensa triangular y la importancia de la Base Beta en las Islas Galápagos.
Cartografía estratégica de la cuenca del Pacífico (c. 1942). Infografía de prensa estadounidense que ilustra el sistema de defensa triangular y la importancia de la Base Beta en las Islas Galápagos. Fuente: Archivo Histórico / Dominio Público

En la teoría de Alfred Thayer Mahan, el control de los «puntos de estrangulamiento» o chokepoints es la esencia del poder marítimo. El canal de Panamá es, quizás, el punto de tránsito más crítico del hemisferio occidental, conectando los dos océanos más grandes del mundo.

Estados Unidos mantiene su rol como principal usuario y garante de la seguridad regional mientras que China se ha consolidado como el segundo usuario global y un actor con creciente influencia en la logística y gestión de activos portuarios adyacentes.

Para la observación del canal de Panamá, las Galápagos funcionan como el puesto de avanzada occidental que resguarda las rutas de aproximación a la vía marítima, formando un embudo natural para el tráfico que llega desde el Este Asiático y Oceanía. Cualquier perturbación en este nodo logístico, ya sea por conflicto convencional, sabotaje o amenazas asimétricas, tendría un impacto sísmico en la economía global.

Pensemos en lo concreto: si el canal queda bloqueado o amenazado, los buques deben rodear el continente por el cabo de Hornos o el estrecho de Magallanes, añadiendo días de travesía y costos que se traducen directamente en precios y en cadenas de suministro rotas. Las Galápagos son la primera línea de alerta de ese escenario.

La zona gris en Galápagos

Uno de los puntos de mayor fricción en la actualidad es la presencia recurrente de flotas pesqueras de bandera extranjera, predominantemente de la República Popular China, en los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador. Sin embargo, analizar este fenómeno únicamente desde la sostenibilidad ambiental es un error de cálculo geopolítico. Estamos ante una manifestación de la guerra de zona gris.

Estas flotas operan mediante tácticas de «enjambre» y, con frecuencia, mediante la desactivación deliberada de sus sistemas de identificación automática (AIS), lo que se conoce como «buques oscuros».

Al operar masivamente en la periferia de la ZEE, estas potencias extra-regionales explotan las ambigüedades de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La técnica consiste en saturar la capacidad de monitoreo de la Armada Nacional, obligándola a un desgaste material y humano constante.

Es una estrategia de ocupación económica y presencia física «no militar» que desafía la integridad territorial. Al extraer recursos a escala industrial, estas flotas dañan el ecosistema y demuestran al mismo tiempo que el Estado ecuatoriano no puede ejercer jurisdicción sobre sus propios recursos.

En respuesta a esta presión, se creó la Reserva Marina Hermandad, que aumentó en 60.000 kilómetros cuadrados la protección del archipiélago. Esta iniciativa no es un esfuerzo aislado, pues se integra en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), una alianza estratégica entre Ecuador, Costa Rica, Panamá y Colombia para blindar el corredor que conecta Galápagos con la Isla del Coco, Coiba y Malpelo, fortaleciendo la arquitectura de seguridad regional.

Asimismo, la creciente influencia de China ha transformado el Pacífico Este en un escenario vital de la competencia entre grandes potencias. Para Pekín, la presencia de sus flotas pesqueras es solo la punta del iceberg de una estrategia que incluye inversiones en infraestructura portuaria bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Mapa del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), que ilustra la interconexión estratégica entre las áreas protegidas de Galápagos (Ecuador), Isla del Coco (Costa Rica), Coiba (Panamá), Malpelo y Gorgona (Colombia). Mapa del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), que ilustra la interconexión estratégica entre las áreas protegidas de Galápagos (Ecuador), Isla del Coco (Costa Rica), Coiba (Panamá), Malpelo y Gorgona (Colombia).
Mapa del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), que ilustra la interconexión estratégica entre las áreas protegidas de Galápagos (Ecuador), Isla del Coco (Costa Rica), Coiba (Panamá), Malpelo y Gorgona (Colombia). Fuente: cmarpacifico.org

El ejemplo más elocuente es el megapuerto de Chancay, en Perú, inaugurado en noviembre de 2024 con una inversión de 3.600 millones de dólares y operado mayoritariamente por la estatal china COSCO Shipping Ports.

Diseñado para reducir los tiempos de tránsito entre Sudamérica y Asia en más de diez días, Chancay establece una ruta directa que opera como alternativa funcional al canal de Panamá y reorienta el flujo comercial del Pacífico Sur hacia puertos chinos sin pasar por los grandes hubs estadounidenses. Para Washington, esto representa una incursión directa en su área de influencia tradicional y una amenaza a la estabilidad del flanco sur.

Por este motivo, el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) ha intensificado su presencia en Ecuador a través de ejercicios conjuntos como UNITAS, donde el país latinoamericano fue anfitrión en 2020, y de una arquitectura legal que va mucho más allá de las maniobras navales. 

Quito tiene firmada una trilogía de acuerdos militares con Washington –siendo estos el Estatuto de las Fuerzas, el de Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas y el de Asistencia para Interceptación Aérea– que permiten una interoperabilidad real sin necesidad de bases formales.

Todo ello revela una paradoja que Ecuador prefiere no nombrar en voz alta: la prohibición constitucional de bases extranjeras coexiste con una arquitectura de cooperación que ya le otorga a Estados Unidos una presencia operativa real en el Pacífico Oriental.

La distinción entre “base” y “centro de operaciones avanzado” es, a estas alturas, más semántica que estratégica. Cada acuerdo firmado es un movimiento en el tablero. Y la neutralidad de las islas, que tanto costó defender históricamente, se vuelve cada vez más difícil de sostener.

El giro estratégico del referéndum de 2025

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad interna sin precedentes, donde el crimen organizado transnacional ha convertido al mar en su principal autopista. Las Galápagos, con sus más de 133.000 kilómetros cuadrados de reserva marina y sus «puntos ciegos» geográficos, han comenzado a ser utilizadas por carteles para el reabastecimiento de semisumergibles y lanchas rápidas en su ruta hacia América del Norte y Europa.

Esta situación reabrió el debate sobre la presencia de bases extranjeras y desembocó en el referéndum de 2025, una encrucijada constitucional de primer orden. El 16 de noviembre de 2025, Ecuador celebró el plebiscito impulsado por el presidente Daniel Noboa.

La primera pregunta planteaba eliminar el artículo 5 de la Constitución, que desde 2008 prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. El resultado fue contundente: el No se impuso con el 60,59% de los votos frente al 39,41% del Sí, convirtiéndose en una de las propuestas más rechazadas de la jornada.

Para ampliar: Daniel Noboa sufre un revés político en el referéndum de Ecuador

Este resultado no solo frustró las intenciones del Ejecutivo, sino que evidenció una desconfianza profunda hacia el uso del narcotráfico como justificación para una reconfiguración geopolítica de mayor alcance: la alineación subordinada con Washington.

El referéndum cerró la vía formal, pero no la operativa, ya que los tres acuerdos militares vigentes garantizan que la cooperación con Estados Unidos continúe con independencia del resultado electoral.

Pese a la voluntad popular expresada en las urnas, en el ámbito político persiste el debate de establecer centros de operaciones avanzadas o bases de cooperación logística en el archipiélago, convirtiendo lo que antes era un tabú político en una opción sobre la mesa. Galápagos ha dejado de ser visto como un santuario intocable para ser reconocido como un territorio estratégico para la seguridad regional.

La política económica de Galápagos

Desde la óptica de la política económica, el archipiélago debe ser gestionado como un activo de capital natural incalculable. La extracción ilegal de recursos pesqueros no es solo un delito ambiental; es una fuga de riqueza que afecta el PIB potencial y la solvencia del Estado a largo plazo.

El desafío para el Estado es transformar la protección ambiental en una política de seguridad integral que genere dividendos económicos. En ese sentido, destaca el Canje de Deuda por Naturaleza de 2023.

Esta operación financiera no fue un mero ejercicio contable de economía pública, sino una herramienta estratégica que permitió a Ecuador recomprar deuda soberana con un descuento masivo, liberando recursos para la conservación que funcionan, en la práctica, como un fondo para la seguridad y el mantenimiento del patrimonio geográfico del Estado.

Esto implica el desarrollo de una «economía azul» robusta, donde el turismo de alta gama, la investigación científica internacional y la pesca sostenible generen los ingresos necesarios para autofinanciar la vigilancia del archipiélago. La soberanía hoy no solo se defiende con fragatas, sino con modelos económicos que hagan que la presencia del Estado en el mar sea rentable y sostenible a largo plazo.

Para ampliar: América Latina ante el fuego en Oriente Medio

En suma, el futuro de las Galápagos depende de tres decisiones concretas que Ecuador aún no ha tomado con claridad. La primera es diplomática: consolidar el CMAR como marco multilateral real, no solo declarativo, para que la presión de las grandes potencias se gestione en colectivo y no bilateralmente, donde Quito siempre lleva las de perder.

La segunda es económica: escalar el modelo del canje de deuda por naturaleza y vincular explícitamente esos recursos al financiamiento de vigilancia marítima, porque la conservación sin capacidad de control es solo una foto bonita.

La tercera es de defensa: asumir que los 133.000 kilómetros cuadrados de reserva marina no pueden ser patrullados con los medios actuales, y que seguir dependiendo estructuralmente de la cooperación externa sin condiciones propias es otra forma de ceder soberanía.

Ecuador no va a poder expulsar a las grandes potencias de su entorno estratégico. Esa presencia ya existe, con bases formales o sin ellas. La pregunta real es si va a negociar esa realidad en sus propios términos o va a seguir dejando que otros lo hagan por él. Las Galápagos serán el espejo de esa respuesta. 


Fuente:

www.descifrandolaguerra.es

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