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Para la redacción de este artículo me basaré fundamentalmente en dos artículos del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Juan José Carreras, del que fui afortunado alumno en el curso académico 1969-70 -pleno franquismo- en la asignatura de Historia. Fue una bocanada de aire fresco en una universidad de airé contaminado. El primero, La Segunda República española en la Europa de los años treinta; el segundo, El Marco internacional de la II República. Ambos están insertos en la publicación Lecciones sobre Historia, edición e introducción a cargo de Carlos Forcadell Álvarez, editada por la Institución Fernando el Católico, 2016. Como señala en la introducción de la publicación en el décimo aniversario del fallecimiento de Juan José Carreras se reedita un libro publicado en 2003, con el título Seis lecciones sobre Historia, que recogía una serie de conferencias pronunciadas en el marco de un ciclo titulado «Lecciones del Paraninfo». Con dicha publicación, Juan José Carreras se propuso una reflexión histórica que condensara y trasladara su experiencia y magisterio, una sincera recapitulación de su práctica profesional de historiador y una síntesis personal libremente elaborada. En esta ocasión, a las seis lecciones originales se añaden una serie de textos publicados por el autor en los años siguientes, algún inédito y la transcripción de la última conferencia que impartió tres días antes de morir, La Segunda República española en la Europa de los años treinta.
A las citadas lecciones o artículos de Juan José Carreras incorporaré algunas otras referencias bibliográficas, además de las reflexiones personales.
Que la Segunda República ha sido muy estudiada es una evidencia, no exenta de polémica a nivel historiográfico. En mi caso personal he escrito algún libro de esta época como La II República en Híjar. El fracaso de una ilusión (2005), publicado por el Centro de Estudios del Bajo Martín. Como también algunos artículos sobre personajes de la II República en Híjar: Los Rinconeros de Híjar, José Gálvez Oliver “El Tío Rullo”; o sobre algunos hechos significativos: Las Misiones Pedagógicas en Híjar o La dificultad de la implantación del republicanismo en Hijar… Es una época que siempre me ha interesado por diferentes razones, algunas personales, pero sobre todo por rescatar las aportaciones positivas de este breve periodo de la Historia de España a la política, a la sociedad, a la cultura, a la educación; y que lamentablemente ha sido tan denostada, considerándola durante mucho tiempo como un auténtico caos, que justificaba el golpe militar del 18 de julio. Para liberarla de esa visión tan negativa en este mismo medio publiqué el artículo Las tres derrotas de la Segunda Republica. La primera derrota militar en 1939 por el fascismo; la segunda, por los aliados en 1945, como decía Indalecio Prieto, cuando pedía que los aliados consumaran, precisamente, el plan de liberación de Europa del fascismo; y la tercera, con la “Inmaculada Transición”, cuando hubo que asumir la idea de que la democracia se inició en España con la Constitución de 1978, y no en los tiempos de Segunda República. y aceptar sin réplica que el caos de esta fue el origen de la guerra civil.
Cuanto más te adentras en un periodo histórico, más estás descubriendo las enormes carencias. Hasta hace unos pocos años me había pasado totalmente desapercibido el papel de la justicia durante la Segunda República. Ha sido una constante histórica, como problema político la actuación de la justicia en España. Ocurrió también en la Segunda República, como muy bien explica, el profesor de la Universidad de Granada, Pérez Trujillano R. en su artículo, Cuando la ll República llegó, la justicia ya estaba allí. Notas para el estudio del poder judicial en la España contemporánea, donde nos señala que el grueso del aparato judicial se había instruido, había obtenido plaza y había ascendido bajo la monarquía. Estaba con la monarquía y con la iglesia católica y simpatizaba en exceso con la extrema derecha. Habilitación cultural y postura política hacían difícil, si no imposible, su acomodo al Estado constitucional instaurado en 1931. El dictador Primo de Rivera afirmó en 1924 que no le asustaban el “avance democrático” ni el “progreso científico” mientras la aplicación del derecho corriera a cargo de unos jueces y magistrados que imitaran a Dios “en la grandeza de su virtud y en la pureza de su obra”. Para Bartolomé Clavero, había una rotunda “falta de legitimidad y capacidad de la justicia” a la llegada de la República; cuando no fallaba la actitud, faltaba la aptitud necesaria para la consolidación de un Estado constitucional”. No es un fenómeno novedoso, ya que ha acompañado al constitucionalismo español desde sus orígenes. La actuación parcial de la justicia se manifestó con motivo del golpe monárquico del 10 de agosto de 1932. Se persiguió al enemigo revolucionario y se desvió la atención del reaccionario que había protagonizado la insurrección. La judicatura arremetió contra quienes hicieron frente al segundo: las guardias cívicas, las milicias obreras e, incluso, contra quienes ejercieron cargos de autoridad. Salvó al gobernador civil de Sevilla y al general Ruiz Trillo, quienes habían mantenido un papel tan sospechoso, por su pasividad, ante el golpe de Sanjurjo. En contraste, instó la persecución de Félix Fernández Vega, el gobernador civil de Granada que se alió o, cuando menos, toleró la actuación de las fuerzas revolucionarias y sindicales para combatir a los golpistas en la ciudad nazarí. Como tampoco trataba la justicia igual los delitos de los falangistas que de los ugetistas o cenetistas. En definitiva, según Pérez Trujillano tan importante como el sable fue la toga en final de la Segunda Republica. Para mí los trabajos de Pérez Trujillano sobre el papel de la Justicia en la II Republica fue un auténtico descubrimiento y que desconocía totalmente. Los paralelismos de la actuación de la Justicia de entonces con la actual son para reflexionar.
Otra laguna en mis carencias sobre la II República es la trascendencia que tiene el contexto internacional en su trágico fin. En general poco conocido. Tal como señala Juan José Carreras, podría afirmarse que la República no sucumbió, finalmente, víctima de sus propios errores, sino de una situación internacional totalmente adversa. Una depresión económica en los años treinta, así como la irrupción del fascismo, especialmente en Alemania e Italia, que tuvo una enorme repercusión en el golpe militar de 18 de julio y en el desarrollo de la guerra civil. Aunque sería preferible hablar de Guerra de España, ya que además de los enfrentamientos entre españoles, también intervinieron potencias extranjeras. Obviamente hubo una guerra civil, entre españoles que lucharon en diferentes ejércitos, pero no solo. Es más concluyente el término de Guerra de España, porque hubo una clara intervención internacional, fundamental en todas las etapas del conflicto: en el golpe de Estado, en la consolidación del golpe en guerra, en el desarrollo de la guerra, en su resultado final e incluso en el mantenimiento de Franco en el poder después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En todos estos momentos, la dimensión internacional fue absolutamente decisiva. No se puede, por tanto, reducir el conflicto a una mera guerra civil. Se habla de guerra de Corea o de Vietnam, aunque también en ellas hubo un enfrentamiento civil. Tal cambio terminológico me lo sugirió el libro del historiador David Jorge titulado Inseguridad colectiva. La sociedad de Naciones, la Guerra de España y el fin de la paz mundial, prologado por Ángel Viñas, toda una garantía.
Me adentro en el contexto internacional ya de la II República. La mayoría de los europeos en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, cuyos horrores nadie había imaginado, confiaban en un mundo mejor y más pacífico. En los cuatro años y poco más de tres meses que duró el conflicto globalizado, fueron movilizados 70 millones de soldados y el saldo en vidas fue aterrador: murieron casi diez millones de militares y otros 21 millones fueron heridos en combate. También alrededor de 13 millones de no combatientes perdieron la vida como consecuencia directa o indirecta de las hostilidades. Se utilizaron ametralladoras, tanques, aviones, gases tóxicos, guerra de trincheras con algunas batallas brutales de Somme y Marne. Esta carnicería humana no sirvió de lección, ya que 20 años después llegó la Segunda Guerra Mundial, mucho más mortífera. Sir Harold Nicolson, delegado inglés en la Conferencia de Versalles, hablaba en nombre de toda una generación cuando decía: “viajábamos a París no solo para liquidar la guerra, sino para fundar un nuevo orden europeo. No estábamos preparando la paz a secas, sino la paz para siempre”. Por eso, ya en 1919, todos terminaron aceptando como solución el Pacto de la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, donde se mantuvo hasta que en 1946 traspasó las competencias que todavía tenía a las Naciones Unidas, la ONU, que heredó también su ideal de “fomentar la cooperación entre las naciones, garantizando la paz y la seguridad”. Como es conocido John Maynard Keynes fue un crítico feroz del Tratado de Versalles (1919), al que calificó como una «paz cartaginesa» —una paz impuesta con la intención de destruir al vencido, Alemania. Para él las reparaciones eran excesivas, y por ello vaticinó que sobrevendrían inestabilidad económica y riesgos para un futuro de paz. No se equivocó. Como representante del Tesoro británico dimitió al considerar injusto al trato a Alemania. Un libro suyo lo explica perfectamente Las consecuencias económicas de la paz (1919). Se ha dicho con pleno acierto las consecuencias del Tratado de Versalles son las causas del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. De las condiciones tan duras impuestas a Alemania se sirvió Hitler para movilizar a la sociedad alemana para la revancha contra Francia. Hay una imagen muy clara, que yo he utilizado con frecuencia en mis clases de Historia del Mundo Contemporáneo. La firma del armisticio entre la Alemania nazi y Francia el 22 de junio de 1940 tuvo lugar en el Vagón del Armisticio en Rethondes (bosque de Compiègne), el mismo escenario donde Alemania se rindió en 1918. Adolf Hitler forzó esta localización como humillación para Francia, obligando a los representantes franceses a firmar la rendición en el mismo lugar y con los mismos símbolos. Hitler tenía buena memoria.
Varias de las nuevas Constituciones promulgadas en la posguerra afirmaron el carácter obligatorio del Derecho Internacional, como principio constitucional, reforzando así el compromiso que suponía su adhesión a la naciente Sociedad de Naciones. Pero en 1931 la joven República española fue más lejos que ninguna. Como dijo entonces Mirkine-Guetzevich, uno de los constitucionalistas más leídos en los años treinta, “por primera vez en la historia constitucional del mundo moderno, la Constitución española ha puesto en armonía un texto constitucional con el Pacto de la Sociedad de Naciones y con el Pacto Briand-Kellog”, pacto este último que en 1928 “renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional”, frase que reproduce en su literalidad el artículo 6.º de nuestra Constitución de 1931.
El Pacto Briand-Kellog fue firmado el 27 de agosto de 1928 en París, y es un tratado internacional en el que las naciones firmantes renunciaron formalmente a la guerra como instrumento de política nacional y se comprometieron a resolver disputas por medios pacíficos. Fue una iniciativa impulsada por el ministro francés Aristide Briand y el secretario de Estado estadounidense Frank B. Kellogg para garantizar la paz mundial. Inicialmente, quince naciones firmaron el pacto para renunciar a la guerra, incluyendo potencias como Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón, Canadá, Polonia y Checoslovaquia. Luego alcanzó la cifra de 63.
Del Pacto Briand-Kellog son los siguientes artículos, que producen nostalgia leerlos hoy ante la guerra de Irán, propiciada por dos auténticos psicópatas, cuyos nombres no quiero citar, pero que la Historia los colocará como ejemplo de infamia y crueldad:
Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes declaran solemnemente, en nombre de sus respectivos pueblos, que condenan el que se recurra a la guerra para solucionar controversias internacionales y renuncian a ella como instrumento de política nacional en sus relaciones entre sí.
Artículo 2. Las Altas Partes Contratantes convienen en que el arreglo o solución de toda diferencia o conflicto, cualquiera que fuere su naturaleza o su origen, que se suscitaren entre ellas, jamás procurarán buscarlo por otros medios que no sean pacíficos.
Constitución de la Segunda República de 1931. Artículo 6º. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Todavía estaban los diputados republicanos en pleno debate constituyente –la Constitución se promulgó el 9 de diciembre de 1931, cuando en el mes de septiembre la República española apareció en la escena internacional, durante la XII Asamblea de la Sociedad de Naciones. F. P. Walters, un alto funcionario ginebrino que se hizo cronista de la época, destacó el contraste entre el decaído ánimo de la Asamblea –”ninguna otra se había reunido en un ambiente tan deprimente e incierto como la de septiembre de 1931”– y el ímpetu ilusionado de la delegación española, y, especialmente, del que la encabezaba, el diplomático y escritor Salvador de Madariaga. Walters ve el año 1931 como un año clave, “un año en el que la moral fundamental y los conceptos políticos en los que se basaba el Pacto de la Sociedad de Naciones se vieron expuestos a un ataque poderoso y determinado”. En aquel año, concluye el corto período de prosperidad económica y distensión internacional iniciado con la firma del Pacto de Locarno en 1925. Los Tratados de Locarno, firmados en diciembre de 1925 en Suiza, fueron un conjunto de siete acuerdos destinados a garantizar la paz en Europa occidental tras la Primera Guerra Mundial. Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido e Italia reconocieron las fronteras occidentales alemanas, asegurando la desmilitarización de Renania y promoviendo el arbitraje, lo que facilitó el ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones en 1926.
Entre la primavera y el verano de 1931 se había hundido en la crisis la economía europea, mientras en Alemania crecía el voto nacionalsocialista. En el otoño, en el mes de septiembre, Japón al atacar a Manchuria atenta gravemente, por vez primera, contra la seguridad colectiva consagrada en el Pacto que los mismos dirigentes nipones habían firmado. Walters se expresó profundamente descorazonado:
“Ahora comenzaba el período de lucha. En los cinco años que van desde septiembre de 1931 a julio de 1936, Japón, Alemania e Italia se pasaron al campo de los enemigos de la Sociedad de Naciones, disponiéndose a destruir el Pacto y, con ello, a dislocar la unidad de la mayoría amante de la paz”.
Pues bien, en aquel año de 1931, como lo calificó el futuro filósofo de la historia Arnold Toynbee, la joven y plena de ilusión República española se auto otorgó una Constitución que para los especialistas “representa el producto más elaborado del pacifismo jurídico de los años treinta, poniendo límites a la soberanía nacional en función de las obligaciones internacionales contraídas”. Es una Constitución que, después de su “renuncia a la guerra como instrumento de política nacional” (art. 6), ya citado, no se limita a expresar su acatamiento de principio a “las normas universales del Derecho Internacional”, sino que va más allá y se propone en serio incorporarlas “a su derecho positivo”. Artículo 7º El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo. Reitero de nuevo, realmente observar estas concesiones a la paz, produce una gran nostalgia, viendo lo que estamos observando en estos momentos con la guerra de Irán, cuando dos Estados atacan a otro sin respetar la legislación internacional y con total impunidad. Y no solo con impunidad, ya que incluso en esta España nuestra, algunos líderes políticos la legitiman y la justifican.
De esta manera en la Constitución de la II República, la primacía del Derecho Internacional sobre la ley interna y la obligatoriedad de dar publicidad a los tratados, con la condena de la diplomacia secreta (arts. 65 y 76), se definen en consonancia con el contenido de los artículos 18 a 20 del pacto ginebrino. La subordinación de la declaración de guerra a trámites previos de arbitraje y conciliación (art. 77) se atiene a lo desarrollado en los artículos 11 a 17 del Pacto. Incluso una hipotética salida de la Sociedad de Naciones (art. 77) estaba obligada a respetar el plazo estipulado en el artículo 1 del Pacto. Sigue diciéndonos Juan José Carreras, que está suficientemente clara la importancia que los constituyentes españoles daban al respeto a la legislación internacional. y su compromiso activo con la paz europea, al que aspiraban, lo cual exigía una política exterior nueva, pues España no podía seguir “encerrada en sus tapiales”, ni seguir mirando alrededor con “rencor y enojos de desposeída”, como decía Azaña en septiembre de 1931, llegando al gesto megalómano de abandonar el Consejo de la Sociedad de Naciones en 1926 durante la dictadura de Primo de Rivera:
“ºNosotros –dirá también Azaña más tarde–, que no somos un país armado, que no tenemos ambiciones fuera del territorio nacional, que nuestro primer interés nacional y político está en conservar la paz del mundo, podemos aportar al concierto de los pueblos del Universo una palabra con autoridad moral y un apoyo a otros pueblos que sientan y piensen como nosotros, y ayudar a los grandes países armados y metidos en los conflictos de una paz incierta e insegura, ayudarles lealmente con nuestra cooperación, con nuestra paz y con nuestro voto a encauzar por vías políticas los turbios horizontes de la Europa actual. Por eso, Azaña no vacila en afirmar que, también en política internacional, “nuestra República es algo más que la Constitución escrita… es un valor moral”.
La amenaza de renuncia o salida de España de la Sociedad de Naciones (SdN) durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) fue un episodio de política exterior motivado por el deseo de la dictadura de obtener un puesto permanente-un gesto de megalomanía- en el Consejo de la organización y su insatisfacción con el trato recibido. Primo de Rivera buscaba prestigio internacional para su régimen y exigió un asiento permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Al no recibir garantías claras de obtenerlo, amenazó con abandonar la organización. España, bajo la dictadura, consideraba que su papel histórico y su posición estratégica merecían un mayor reconocimiento. Además, hubo tensiones relacionadas con el estatus de Tánger. Aunque la amenaza de abandono fue seria, España no se retiró de manera definitiva en ese momento. De hecho, los registros indican que el 22 de marzo de 1928, España se «reincorporó» o ratificó su presencia en la Sociedad de Naciones, manteniendo su posición como miembro no permanente. Este episodio reflejó la política exterior ambiciosa, pero a menudo aislada de la dictadura, que buscaba posicionar a España como una potencia relevante, paralelo a intentos de consolidación ideológica similares a los de la Italia fascista en esa época
Pero lo grave y también hasta cierto punto contradictorio, era que los gobernantes republicanos, una vez definidos los principios jurídicos reflejados en la Constitución que debían inspirar su acción internacional, se vuelven de espaldas a la situación fuera de sus fronteras, no apercibiéndose de los peligros que a la larga podrían resultar para el nuevo régimen. También es cierto que bastantes y urgentes tareas tenían a nivel de política interna, que no voy a mencionar ahora. Como sigue señalando Juan José Carreras, la mejor muestra de ese volverse de espalda o de poco interés a la política exterior es la entrega del Ministerio de Estado a “uno de los españoles menos competentes para ejercerlo”, a Alejandro Lerroux. “Lo peor es que esta increíble irresponsabilidad y aun frivolidad de la República no podía quedar en una penumbra discreta, sino que inexorablemente tendría que salir a la luz internacional en cuanto se reuniera en Ginebra el Parlamento mundial”. Se recurrió entonces al flamante embajador español en Washington, Salvador de Madariaga, para que acompañara a Lerroux en el trance de su presentación, escribiéndole el discurso. “En el encapotado horizonte político de entonces nuestro cambio de régimen, la revolución más tranquila y feliz que Europa había conocido, venía a ser el único toque de color rosa en aquel cuadro tan sombrío”. El propio Madariaga pronunció después un discurso, “dedicado al problema de la paz y de la guerra, no desde un punto de vista meramente español, sino internacional y objetivo”. Durante más de dos años la política española en Ginebra va a estar a cargo de este “técnico internacional”, de la vasta cultura que se sabe, pero incapaz de comprender los nuevos imperativos de la situación mundial. En esto la responsabilidad de Madrid fue muy grande, pues Madariaga careció siempre de instrucciones. Él mismo confiesa que “fue el delegado más libre que jamás fue a Ginebra, situación ideal para quien había estudiado la política mundial y poseía convicciones arraigadas y hasta una fe”. Con estas sus convicciones y su fe, Madariaga llenó el hueco que dejó la inhibición política de Madrid en una época que se anunciaba como una nueva edad del hierro de las relaciones internacionales Una edad que abrió la intervención japonesa en Manchuria: “suele verse la crisis de Manchuria como un conflicto chino-japonés. La verdad es que fue un duelo entre el Japón y la Sociedad de Naciones, el primer caso en que un Estado socio violó el Pacto de un modo abierto, y a causa del modo como las naciones de la Sociedad finalmente cedieron ante el agresor, este conflicto vino a ser la fuente de todas nuestras desdichas desde entonces, a comenzar por Hitler”. Por eso, en la lucha por hacer respetar los principios internacionales Madariaga, como otros, fue tan lejos que mereció el nombre de “Don Quijote de Manchuria”. Su actuación despertó recelos en Madrid, que sin más política general que su acogimiento al Pacto, consideraba, sin embargo, la apasionada actuación de Madariaga más atenta a los ideales de la Sociedad de Naciones que a los intereses nacionales de España. El mismo Madariaga hace repetidas veces referencia en sus Memorias a la incomprensión que, según él, encontraba su actuación en Madrid.
A veces, la crítica de la política exterior de la República se acompaña de una crítica al texto constitucional por su remisión excesivamente confiada a la Sociedad de Naciones, como garante de una seguridad colectiva que comenzaba a quebrar precisamente a partir de 1931, y una de cuyas víctimas sería, después de Manchuria y Abisinia, la misma República española. En los tres casos, los agredidos habían denunciado en vano la violación de los artículos 11 y 17 del Pacto, invocados por última vez en la tribuna de Ginebra en diciembre de 1936 por Álvarez del Vayo, en su defensa de la República atacada por las potencias fascistas. Resulta también muy ilustrativo el discurso de Julio Álvarez del Vayo ya en septiembre de 1936 ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, sobre esa dimensión internacional de la Guerra de España, incluso habla de guerra futura, la denuncia del apoyo de los países fascistas a los golpistas, así como del abandono al gobierno de la República por parte de las democracias occidentales, con la excusa de la no intervención. Es para leerlo con detenimiento, ya que es pleno de desesperación.
“La guerra futura, aunque pudiendo en apariencia ser el choque de dos Estados, será el choque, el conflicto, la contradicción siempre dramática en la Historia, de dos mentalidades, de dos concepciones distintas de la vida. […] Siendo, así las cosas, apareciendo tal la situación, conviene preguntarse si es justo continuar hablando como una eventualidad futura, y si no será más honesto considerar la guerra como una realidad existente ante nuestros propios ojos. Los campos ensangrentados de España son ya, en realidad, los campos de batalla de la guerra mundial. Esta lucha, una vez comenzada, se transformó inmediatamente en una cuestión internacional. El agresor ha recibido –esto es una realidad incontestable-una ayuda moral y material de los Estados cuyo régimen político coincide con aquél a que aspiran los rebeldes. Hablo aquí ante una asamblea de hombres de Estado, de hombres de gobierno, sobre cuyas espaldas pesa la responsabilidad del bienestar y de orden en su país. ¿Cuál de entre ellos no comprenderá que nosotros, hombres responsables del porvenir de España, del porvenir del pueblo español, de todo el pueblo español, no interpretamos eso que se llama ‘no intervención’ más que como una política de intervención en perjuicio del Gobierno constitucional y responsable? ¿Cuál de entre ellos no reconocerá que es para nosotros absolutamente inadmisible que se nos quiera poner en el mismo plano que a los que, violando el juramento de honor hecho a la República, se levantaron, con las armas en la mano, para destruir nuestro régimen de libertad?”.
Ya a finales de 1935, en vísperas de las crisis finales de la seguridad colectiva europea, Azaña vio con claridad, a diferencia de las derechas, lo que podría significar un hundimiento de la Sociedad de Naciones, arrastrando consigo el ideario de progreso y paz recogido en el texto constitucional de 1931:
“Es muy fácil trazar la minuta de los errores o faltas de la Sociedad de Naciones. Eso, más o menos, todos lo sabemos hacer. Pero alegrarse de su fracaso es una necedad. El fracaso definitivo de la Sociedad de Naciones sería una desgracia universal. Contribuir España al fracaso de la Sociedad de Naciones, contribuir nuestro Gobierno al fracaso de la Sociedad de Naciones, además de un descrédito moral, sería una acción suicida”.
Sabiendo lo que vino después, hay que darle la razón a quien meses más tarde iba a ser presidente de una República víctima, más que de una sublevación fallida, de la intervención de los fascismos europeos y de la abstención de las potencias democráticas. Por ende, tienen sentido las palabras de Manuel Azaña en La Velada de Benicarló, libro que debería ser de lectura obligada en el bachillerato, para mí el mejor libro de carácter político del siglo XX en España, ya en mayo de 1937 señala uno de sus personajes, Barcala:
“Si la República pereciese y España recayera en un despotismo de militares y clérigos se lo deberíamos a esta farsa de Ginebra, que nos pareció el escudo de los pueblos débiles y, en último término, a las grandes impotencias de democráticas, no por rehusarnos el auxilio que nadie les pediría, sino por prohibir el ejercicio de sus derechos más claros a un Gobierno reconocido, con quien mantienen amistad oficial. ¡Inicuo! Ya lo pagarán”.
A través de Pastrana en La Velada de Benicarló, Azaña nos dice:
“La U.R.S.S. ha venido a ocupar en la contienda de España el lugar que otros han dejado vacante. Es normal que el sentimiento popular, lastimado por ciertas sequedades, se haya corrido hacia esa parte y vea en la U.R.S.S. nuestra salvación. Si Francia e Inglaterra nos hubieran respetado el derecho de comprar armas en sus mercados, el papel militar y político de la U.R.S.S. habría sido aquí igual a cero. ¿De qué se quejan? Es notable que la propaganda italiana y alemana, la que fabrican los rebeldes en sus territorios, el señoritismo de algunos emigrados, los papanatas de todos los países, unidos naturalmente sin recomendación de nadie, y una parte de nuestra propia opinión, coincidan en falsificar la conducta de la U.R.S.S., achacándola a proselitismo comunista. Todos engañan y casi todos se engañan. Casi todos, porque los directores de la política alemana e italiana, enterados de la realidad, no pueden engañarse. Siendo las demás circunstancias iguales, la U.R.S.S. habría vendido armas al Gobierno de la República, aunque en España no hubiese habido un solo comunista”.
También son muy explícitas las palabras de Azaña por medio de Garcés en La Velada de Benicarló, toda una lección de historia:
“Enumerados por orden de su importancia, de mayor a menor, los enemigos de la República son: la política franco-inglesa; la intervención armada de Italia y Alemania; los desmanes, la indisciplina y los fines subalternos que han menoscabado la reputación de la República y la autoridad del Gobierno; por último, las fuerzas propias de los rebeldes. ¿Dónde estarían ahora los sublevados de julio, si las otras tres causas, singularmente la primera, no hubiesen obrado a su favor?”
Termino recurriendo de nuevo a las palabras de Juan José Carreras, Como conclusión la II República se adentrará en los años críticos de la política europea, que conducen a nuestra Guerra Civil y a la Segunda Guerra Mundial, sin apenas cobertura diplomática. Ya he comentado antes el papel marginal que para la República supuso la política diplomática exterior. En su patético telegrama a Blum la noche del 19 al 20 de julio de 1936, José Giral no puede aducir más que la fraternidad de los frentes populares y el derecho de todo Estado soberano. Concentrados en los problemas interiores, los gobernantes republicanos habían sido insensibles al peligroso giro que iban tomando los asuntos internacionales. La II República había nacido en un mal momento de la política internacional, pero además todo había ido agravándose cada vez más desde el 14 de abril de 1931. Los adversarios de la República, en cambio, se dieron cuenta muy pronto del partido que podían sacar de la nueva situación europea. Si los republicanos se dieron cuenta de la amenaza exterior desde 1934, cosa muy dudosa, en 1936 ya no dispusieron de tiempo para contrarrestarla.
Una prueba de la poca importancia hacia la política exterior de la Republica podemos constatarla con la visita de Herriot, jefe de Gobierno de Francia a España. Se desaprovechó la hábil situación que se originó durante el verano de 1932, a raíz del fracaso evidente de la conferencia del desarme, y que se concretó, por lo que hace a nuestro país, en la visita de Herriot a Madrid el 30 de octubre. Es muy significativo que la idea de visitar España haya salido del mismo Herriot, en el curso de una conversación con Madariaga en su calidad de embajador de la República en París. En una conversación posterior del mismo Madariaga con Leger, alto funcionario francés, se advierte muy claramente la sensación de inseguridad francesa, al enfrentarse con la situación alemana con las carencias diplomáticas que significaban la actitud de Inglaterra y los Estados Unidos, y su falta de relaciones definidas con Rusia e Italia. Para alentar la posible cooperación española, Leger no vacila en trazar el proyecto de una alianza entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos y España, para oponerse al espíritu belicoso de italianos y alemanes. La acogida que se dispensa en Madrid a Herriot en tal situación, con tales ideas y proyectos, es realmente decepcionante. Durante su estancia, Herriot no logra ni una sola entrevista a solas con Azaña. El político español, escudándose en la hostilidad de la derecha, se oponía a cualquier compromiso con Francia, que supondría embarcar a España en una aventura europea. La política exterior de la República Española se había volcado en demasía en un “pacifismo neutralista”, muy poco proclive a sellar alianzas con nadie, que terminó siendo estéril. Herriot no guardó buen recuerdo de la visita, de eso no hay dudas. El propio Azaña pudo comprobarlo unos ocho años después, en julio de 1940, cuando intentó comunicar con Herriot por teléfono, para que le ayudase en momentos críticos, y el francés cortó la comunicación.
Como recoge también Ángeles Egido en su trabajo “Los antecedentes de la intervención extranjera: la República y Francia”, a partir de las notas del Embajador de Francia en España, el Gobierno francés había venido insistiendo desde comienzos de 1931 “en la conveniencia de una alianza anglo-franco-española que garantizaría a España la seguridad en la frontera pirenaica -por Francia- y en los archipiélagos -por Gran Bretaña- y reforzaría los lazos de aproximación entre Francia y Gran Bretaña al encontrar, en el acercamiento a España, una base común de confluencia…” y que seguramente Francia podría hacer esa propuesta con mayores posibilidades de éxito al existir “entre Francia y algunos de los hombres que gobiernan actualmente España (…) una afinidad que podría echarse en falta si nuestros interlocutores españoles llegaran a ser otros”. Pero no parece que finalmente esa afinidad permitiese mucho más que la cortesía de una sesión protocolaria.
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