El Gobierno ha activado la tramitación de la propuesta de financiación autonómica después de su aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde solo contaron con apoyo de representantes de Cataluña y Canarias. El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que el texto será llevado al Consejo de Ministros en las próximas semanas, con lo que inicia formalmente su recorrido parlamentario pese a la oposición mayoritaria de las comunidades autónomas.
La iniciativa llega a la Cámara baja en un clima tenso: la mayoría de gobiernos regionales expresaron críticas y el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, ya ha manifestado su rechazo. El Ejecutivo necesita apoyos externos para convertir la propuesta en ley y ese escenario pone el foco en la formación independentista Junts, cuyo respaldo es considerado imprescindible si el PP mantiene su postura contraria.
Junts ha condicionado su apoyo a la concesión a Cataluña de un modelo similar al concierto económico vasco, una fórmula que implicaría la salida de la comunidad del sistema común de financiación. La formación ha avisado que vetará cualquier iniciativa que no atienda esa demanda, una posición que complica las posibilidades de acuerdo en el Congreso y obliga al Gobierno a explorar alternativas de negociación o concesiones.
El paso por el CPFF, con apoyos y rechazos claramente polarizados, subraya la dificultad de alcanzar un pacto territorial estable. La tramitación parlamentaria permitirá a los grupos plantear enmiendas y requerirá cálculos políticos y técnicos sobre transferencias, mecanismos de solidaridad y fórmulas de compensación. La resolución de estas tensiones determinará no solo el contenido de la futura ley, sino también el grado de consenso interterritorial y la gobernabilidad fiscal en el próximo periodo legislativo.
