El discurso sobre los delitos de robo y agresión con arma blanca en Marruecos ya no es el simple reflejo de informaciones dispersas difundidas por los medios de comunicación o las redes sociales. Se ha transformado en una obsesión diaria que persigue a los ciudadanos y plantea profundas preguntas sobre las causas del auge de este fenómeno y sus repercusiones en la seguridad colectiva. Lo que localmente se denomina «krisaj» (o «tcharmil» en el lenguaje popular) ya no se limita a barrios aislados o ciudades específicas. Tras originarse en las grandes metrópolis de Casablanca, Salé y Rabat, se ha extendido a Fez, Tánger, Kenitra, Safi, Alcazarquivir y Temara, constituyendo una verdadera epidemia nacional que asedia al ciudadano en sus calles, sus callejones e incluso en sus comercios.
La magnitud de este fenómeno no se mide únicamente de acuerdo con las estadísticas oficiales, por muy tranquilizadoras que cambien a ser. La Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN) afirma, en su informe anual para el año 2025, que los indicadores de la criminalidad violenta disminuyeron un 10%, representando solo el 6% del total de las causas penales registradas. Los robos bajo la amenaza de un arma blanca habrían bajado un 24%, los robos con violencia un 6% y los robos con fuerza alrededor de un 12%. La tasa de esclarecimiento alcanzaría incluso un nivel récord del 95% en la apariencia general de la criminalidad, con el desmantelamiento de 1.112 redes criminales y la detención de 25.421 personas implicadas en delitos violentos.
Sin embargo, estas cifras no logran disipar la angustia instalada en la mente colectiva. Porque el paradoja está ahí: mientras las curvas estadísticas descienden, la percepción de la inseguridad se dispara. Un responsable de la seguridad nacional lo admite: los robos y las agresiones ya existían antes, pero su documentación en audio y vídeo, junto a su difusión instantánea en las redes sociales, los hacen parecer más extendidos y crecientes. Las cámaras de vigilancia distribuidas en comercios y calles públicas, sumadas a los teléfonos de los ciudadanos, han transformado cada incidente en un evento nacional en cuestión de segundos. Este influjo mediático, aunque refleja una realidad objetiva, genera un estado de «miedo colectivo» cuyo impacto supera con creces las estadísticas oficiales. El ciudadano no mide su sensación de seguridad mediante cifras abstractas, sino a través de su experiencia personal y de lo que ve desarrollarse ante sus ojos.
Los hechos de actualidad alimentan cruelmente esta ansiedad. La agresión a Mohamed Najjar, vicepresidente del consejo municipal de Salé, en plena medina de Salé a la luz del día por parte de un joven delincuente, reveló la fragilidad de la seguridad incluso en los laberintos de las ciudades antiguas. Las versiones difieren sobre las motivaciones del agresor (trastorno mental según algunos, rencor ligado a promesas de empleo no cumplidas según otros), pero la conclusión es unánime: nadie está a salvo, ni siquiera un cargo electo, en los callejones de una ciudad milenaria.
El caso de Salma, la escolar cuyo rostro fue desfigurado con una cuchilla de afeitar por una compañera y que luego fue amenazada de nuevo por su agresora, revela otra faceta de la violencia: aquella que golpea en el seno mismo de las instituciones educativas, allí donde uno debería estar protegido. En Safi, unos «tcharmils» armados con espadas y cuchillos obligaron a las fuerzas del orden a hacer uso de sus armas para neutralizarlos. En Casablanca, dos jóvenes fueron detenidos tras difundir contenidos digitales que los mostraban blandiendo sus armas frente a una comisaría, un desafío flagrante a la autoridad pública.
Estos actos no son fruto del azar. Hunden sus raíces en una crisis profunda y multiforme de la sociedad marroquí. El análisis del profesor de psicología social de la Universidad de Marrakech, Mustapha Saaliti, aclara una primera faceta de esta realidad: la abdicación de la familia de su función de socialización y educación. El niño o adolescente que no recibe una educación real en el seno de su familia queda sometido a los impulsos agresivos, no siente culpa ni se castiga a sí mismo, ya que su conciencia moral es casi inexistente.
Este fallo de la célula familiar básica se acompaña de una crisis del sistema educativo, donde el abandono y el fracaso escolar dejan a cohortes enteras de jóvenes sin referentes, sin cualificación y sin un proyecto de vida. La investigadora en ciencias sociales Ibtissam Aoufir añade una dimensión económica esencial: el cierre de perspectivas ante una franja de jóvenes que ya no estudian, por falta de éxito escolar o debido al abandono, y que no encuentran un empleo digno, los empuja hacia opciones desesperadas. O bien buscan emigrar clandestinamente hacia el exterior, o bien recurren al robo, incluso empleando la violencia y las armas blancas. Esta lógica de supervivencia, donde el crimen se convierte en una alternativa al desempleo estructural y a la exclusión social, atestigua una fractura profunda entre las promesas de la sociedad y la realidad vivida por sus jóvenes. A esto se suma el azote de las drogas, especialmente las pastillas alucinógenas y los estupefacientes duros, que privan al toxicómano de su capacidad para distinguir el bien del mal y lo transforman en una máquina agresiva.
El marco jurídico actual, sin embargo, difícilmente constituye un muro de contención eficaz. El artículo 303 del Código Penal marroquí prevé una pena de prisión de un mes a un año y una multa de 1.200 a 5.000 dirhams para quien sea sorprendido portando un instrumento cortante, punzante, punzocortante o estrangulador en circunstancias que constituyan una amenaza para la seguridad pública. Estas sanciones, relativamente leves, contrastan con la gravedad creciente de los hechos. El artículo 507, más severo, prevé la reclusión criminal a perpetuidad para el robo cometido por una persona armada, pero su aplicación sigue circunscrita a los casos más graves.
Ante esta insuficiencia, el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, anunció en abril de 2025 que el nuevo proyecto de Código de Procedimiento Penal endurecería las penas relativas al porte de armas blancas en la vía pública, modificando el artículo 303 bis y ampliando la noción de arma. Sus palabras reflejan una toma de conciencia política:
«Tenemos un policía al que le cortaron la mano en Agadir y niñas muy jóvenes que han sufrido heridas en el rostro… No tiene ningún sentido que un ciudadano camine por la calle con una espada, un cuchillo o cualquier medio susceptible de herir a los demás. Esto debe terminar.»
Esta voluntad de endurecimiento responde en parte a las presiones de la sociedad civil. Activistas marroquíes lanzaron en las redes sociales la campaña «Cero krisaj», reclamando a las autoridades de seguridad una intensificación de las patrullas, operaciones de limpieza dirigidas a los escondites criminales y un refuerzo de la inversión del Estado en técnicas de vigilancia inteligente.
Pero el presidente de la Liga Marroquí de la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Idriss Seddraoui, advierte contra un enfoque demasiado estrecho: el desafío va más allá del simple endurecimiento penal. Aboga por una visión global y un amplio diálogo social que reúna a múltiples actores: el Estado, los defensores de los derechos, los expertos en sociología, las asociaciones educativas y culturales, los representantes de las familias y los propios jóvenes. Para él, hacer frente a esta preocupante situación exige una política pública integrada que combine la represión legal, la prevención social, la reforma institucional y la justicia económica, a fin de atacar las raíces del crimen en lugar de limitarse a perseguir sus manifestaciones.
Pero el fenómeno del «tcharmil» no se detiene en las fronteras de Marruecos. Se exporta, emigra y se reinstala en los suburbios europeos con una virulencia inquietante. Muchos de estos jóvenes, perseguidos por la justicia marroquí o simplemente en busca de un lugar donde sus delitos encuentren una impunidad relativa, eligen la vía clandestina de la emigración. Abandonan Marruecos por las rutas marítimas más peligrosas, embarcándose en patera desde las costas del norte, alrededor de Tánger, Nador o Alhucemas, para llegar a las costas españolas. Otros cruzan la frontera terrestre de Ceuta y Melilla, a veces en grupo, a veces aislados, a menudo guiados por pasadores que explotan su desesperación. El estrecho de Gibraltar, ese delgado paso de unos pocos kilómetros, se convierte para ellos en una frontera entre dos mundos: aquel del que huyen, donde su violencia es cada vez más reprimida, y aquel que codician, donde esperan escapar a la vigilancia.
En España, y particularmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y en los suburbios de Andalucía, el «tcharmil» encuentra un terreno propicio. Las redes de jóvenes procedentes de la inmigración marroquí, a veces ya conocidos por los servicios de policía de su país de origen, importan sus métodos, sus códigos y su cultura de la violencia. Se organizan en bandas rivales, reproduciendo los esquemas de territorialidad y depredación que habían adoptado en los barrios populares de Casablanca o Salé. El arma blanca, símbolo de su identidad de «tcharmil», se convierte en su herramienta predilecta: cuchillos de cocina transformados en armas, machetes, a veces incluso espadas tradicionales. Su modus operandi sigue siendo el mismo: agresiones brutales en los transportes públicos, tirones, extorsión a comercios y, sobre todo, una manifiesta voluntad de intimidar mediante la presencia ostentosa del arma. Las redes sociales, aquí también, juegan su papel de caja de resonancia: vídeos de reyertas, amenazas verbales, provocaciones hacia la policía española, reproduciendo el mismo desafío a la autoridad que en Marúecor.
La justicia española, confrontada a esta importación criminal, lucha por encontrar una respuesta adecuada. Los jóvenes «tcharmils» se benefician a menudo de su estatus de menores o de su condición de extranjeros en situación irregular para escapar a penas ejemplares. El sistema penal español, marcado por un enfoque decididamente reeducativo para los menores, choca con la reincidencia endémica de estos perfiles. Algunos, detenidos por robo con violencia o agresión con arma blanca, son puestos rápidamente en libertad por falta de plazas en centros de internamiento o debido a complejos procedimientos administrativos relacionados con su expulsión. Otros desaparecen en los meandros de la administración, pasando de una ciudad a otra, de una identidad a otra, explotando los fallos de coordinación entre la policía nacional y la local. Las comisarías de los barrios populares de Madrid o Barcelona denuncian regularmente esta impunidad de hecho, donde un mismo individuo puede ser arrestado varias veces en pocos meses sin ser nunca realmente alejado del terreno.
Este fenómeno de exportación del «tcharmil» revela una dimensión aún más inquietante: la transnacionalización de la delincuencia juvenil marroquí. Ya no son simples migrantes en busca de un futuro mejor quienes cruzan el Mediterráneo, sino delincuentes que huyen de un entorno vuelto demasiado represivo para encontrar en Europa un espacio de relativa permisividad. Se apoyan en redes de compatriotas ya instalados, primos, antiguos vecinos, que les proporcionan un primer alojamiento, contactos, a veces incluso armas. La diáspora marroquí, mayoritariamente trabajadora e integrada, se encuentra así atrapada entre la solidaridad comunitaria y la repulsión ante estos comportamientos que ensucian la imagen del conjunto. Las mezquitas, las asociaciones culturales y los clubes deportivos se convierten en espacios de vigilancia informal, donde los mayores intentan detectar a los jóvenes a la deriva antes de que den el paso definitivo.
El análisis de este fenómeno migratorio criminal obliga a replantear las categorías habituales. Estos jóvenes no son ni refugiados políticos ni migrantes económicos en el sentido clásico del término. Son fugitivos de la violencia que ellos mismos han creado, tránsfugas de un sistema represivo que han contribuido a alimentar. Su partida clandestina no es una huida hacia la esperanza, sino una huida ante la justicia. Y sin embargo, una vez llegados a España, recrean las mismas condiciones de violencia, las mismas relaciones de depredación, las mismas jerarquías de banda. El «tcharmil» se convierte así en un fenómeno circular: nacido en los barrios desfavorecidos de Marruecos, exportado hacia los suburbios españoles, corre el riesgo de regresar en forma de redes transfronterizas, de tráfico y de redes de reclutamiento para el crimen.
Las policías marroquí y española, conscientes de este desafío, han reforzado su cooperación, intercambiando información sobre perfiles peligrosos y coordinando operaciones conjuntas. Pero la frontera sigue siendo porosa y el mar demasiado ancho para una vigilancia total. Esta dimensión transnacional del «tcharmil» refuerza la urgencia de una respuesta global. Marruecos ya no puede limitarse a reprimir en su territorio esperando que el problema se resuelva por sí solo. La exportación de su violencia juvenil hacia Europa constituye un revés diplomático, una mancha en su reputación de socio preferente en la gestión de las migraciones.
España, por su parte, debe reconocer que se enfrenta a una forma de criminalidad importada que no entra en los esquemas clásicos de la delincuencia de los suburbios. Los enfoques puramente represivos, a ambos lados del estrecho, se revelan insuficientes. Hace falta una coordinación europea reforzada, mecanismos de intercambio rápido de información, pero también y sobre todo una política de prevención que ataque las causas antes de que los jóvenes den el paso. Porque el «tcharmil» que se embarca en una patera hacia España no es diferente del que, unos meses antes, aterrorizaba a un barrio de Casablanca. Es el producto de los mismos fracasos: familiar, escolar, económico e identitario. Su migración solo desplaza el problema, lo amplía y lo complejiza. El joven que blande un cuchillo en una calle de Madrid es el mismo reflejo de una sociedad que fracasó en protegerlo, orientarlo e integrarlo; simplemente, ese reflejo se ha movido, y el cristal se agrieta un poco más allá.
Isaac Hammouch es periodista y escritor belga-marroquí. Autor de varias obras y columnas de opinión, se interesa por los desafíos sociales, la gobernanza y las transformaciones del mundo contemporáneo.
