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El Ejecutivo prioriza proyectos con sello estatal y recorta capacidad de las comunidades

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El Gobierno ha aprobado ayer el texto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas, avalado en el Consejo de Ministros, y que instaura una vía rápida para tramitar proyectos considerados estratégicos en plazos reducidos. La norma crea un procedimiento preferente que acelera la aprobación de iniciativas señaladas por el Ejecutivo como de interés público y establece criterios y mecanismos para otorgar ese sello.

Una de las novedades introducidas en la versión final es la concesión de «prioridad en la tramitación de incentivos regionales» a las iniciativas que reciban la etiqueta estatal de inversión estratégica. Ese tratamiento preferente afecta directamente a la gestión de subvenciones y otros apoyos regionales, ya que aquellas propuestas con el reconocimiento estatal pasarán a un régimen de tramitación preferente frente a procedimientos exclusivamente autonómicos.

El cambio supone, en términos administrativos, una prevalencia del sello estatal sobre los instrumentos de impulso autonómico que figuraban en borradores anteriores. Como resultado de esa prevalencia, las comunidades autónomas que presentan proyectos con intereses locales verán limitada su capacidad de interlocución y influencia en la gestión y priorización de ayudas, dado que la clasificación como estratégica condiciona el orden y la urgencia en la asignación de incentivos. El texto introduce así un criterio de centralidad en la fase de identificación y selección de proyectos que opten a medidas de apoyo.

La nueva regulación centraliza en el Comité de Inversiones Estratégicas la facultad de reconocer qué iniciativas merecen el tratamiento preferente y establece un marco para acelerar decisiones administrativas. La eficacia práctica de la medida dependerá ahora de la aplicación por parte del comité y de la coordinación entre Estado y comunidades en la ejecución de los incentivos. El cambio jurídico representa una modificación relevante respecto a borradores previos y plantea un nuevo reparto de competencias en la gestión de fondos y ayudas públicas.

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