Engañadlos a todos, el Estado elegirá a los suyos

Diez años atrás, con motivo del cincuentenario del exilio, no había habido ninguna iniciativa similar en el Congreso ante el Gobierno del PSOE. Tampoco se conmemoró entonces el aniversario de la diáspora republicana de forma reseñable, pese a que el medio siglo era una ocasión más redonda, como suele decirse.

Tres años antes, el Gobierno de Felipe González había difundido una declaración institucional con ocasión de los cincuenta años de la Guerra Civil con la que expresaba una doble convicción: «Primero, que, por su carácter fratricida, una guerra civil no es un acontecimiento a conmemorar, por más que para quienes la vivieron y sufrieron constituyera un episodio determinante en su propia trayectoria biográfica. Segundo, que la Guerra Civil española es definitivamente historia, parte de la memoria de los españoles y de su experiencia colectiva. Pero no tiene ya –ni debe tenerla– presencia viva en la realidad de un país cuya conciencia moral última se basa en los principios de la libertad y la tolerancia».

Aquella exposición sobre el exilio organizada en 2002 en colaboración entre el Gobierno de centro derecha y una fundación del principal partido de izquierdas pudo haber marcado el camino del mutuo reconocimiento de que aquel capítulo de la Historia nos pertenecía a todos. No como espacio de revancha, sino como espacio de encuentro donde reforzar nuestra voluntad de convivir los diferentes.

Lo que vino después fue, sin embargo, un propósito deliberado de la izquierda para utilizar políticamente un pasado siniestro como arma arrojadiza contra el adversario, como respuesta a las victorias electorales del centro derecha. Se rompía así lo que fue un principio esencial del acuerdo para el abrazo de todos en la Transición.

De la necesidad de enterrar la Guerra Civil que proclamaron durante la Transición todas las destacadas figuras de la izquierda antifranquista, protagonistas además de la contienda, de Santiago Carrillo a Dolores Ibárruri, de Enrique Líster a Marcelino Camacho, se pasó a la voluntad de desenterrarla para levantar de nuevo las trincheras del odio entre españoles.

De aquellos polvos causados por el desenterramiento de la Guerra Civil como arma política, vino después el lodo. Lo hizo de la mano de un diputado del PSOE hasta entonces desconocido que había permanecido diez años en su escaño de la Carrera de San Jerónimo ajeno o indiferente, como los gobiernos socialistas durante catorce años, a la cuestión de las fosas comunes: José Luis Rodríguez Zapatero, que abrió de nuevo la sima entre dos Españas periclitadas como parte del proceso de deslegitimación del centro derecha que guió el Pacto del Tinell.

Máquina de sexar ideológica

Si dos décadas antes un Gobierno socialista había declarado que «la Guerra Civil española es definitivamente historia» y que «no tiene ya –ni debe tenerla– presencia viva en la realidad», Zapatero buscó todo lo contrario: tratar de reimplantar en la sociedad española los purulentos abscesos del odio de los años 30, actualizando la presencia en el eje de la vida política, cultural y mediática de un relato tópico, simplón y maniqueo de un pasado extraordinariamente complejo.

El objetivo era y sigue siendo la forzada imposición de una verdad oficial para así poder identificar y discriminar a los españoles de acuerdo con su adhesión o no a la nueva doctrina. El guerracivilismo es para el PSOE la máquina de sexar ideológicamente a los españoles como el ultranacionalismo lo es para los partidos independentistas.

Se trata de un instrumento totalitario de dominación social, destinado a clasificar entre ciudadanos de primera y de segunda según se trague o no con el engañoso relato oficial del pasado. Parafraseando la consigna atribuida al abate Amalric en el sitio de Béziers durante la cruzada albigense: «Engañadlos a todos, el Estado reconocerá a los suyos».

La izquierda y los ultranacionalistas han querido encontrar en la Guerra Civil y la dictadura un plus de legitimidad infalible frente a una supuesta ilegitimidad de origen de la derecha, que no habría purgado aún sus pecados contra el inexistente paraíso republicano hoy canonizado como de izquierdas, pese a que las derechas republicanas demostraron mucha más lealtad al régimen de 1931 que Largo Caballero o Companys, por ejemplo.

Las leyes ‘memorialistas’ estatales y autonómicas han sido siempre un campo de batalla, no un escenario para acordar posturas: al propósito de imponer el marco del ‘relato’ por la izquierda le ha seguido la reacción excesivamente defensiva del centro derecha. El resultado es que cuestiones que pueden ser un objetivo compartido, como la exhumación de las fosas, se convirtieron también desgraciadamente en lanzas.

Toda la política ‘memorialista’ se reduce a un juego político adulterado, que asegura poner a las víctimas en el centro, cuando en realidad las ha venido utilizando de pretexto para enmascarar fines espurios. Esto va mucho más allá de las trampas al solitario, como declarar víctima del franquismo al poeta Vicente Aleixandre, que sólo vio en peligro su vida en el Madrid revolucionario, cuando en el verano sangriento de 1936 los milicianos fueron a su casa de Velintonia para matarlo, como él mismo contaba.

El sorprendente desajuste

Así, de los 24 millones de euros destinados por el Gobierno de Zapatero a sufragar entre 2007 y 2011 las actividades de ‘memoria histórica’, sólo una tercera parte fue destinada a exhumaciones. El resto lo repartieron entre asociaciones, fundaciones y entidades afines a partidos y sindicatos de izquierda para costear proyectos –documentales, estudios, encuentros…– de los que hoy no quedan huella en la mayoría de los casos.

La cuestión de las fosas parecía que iba a convertirse en una verdadera política de Estado, pero al final no ha sido más que un simple decorado: nadie conoce aún cuántos restos se exhumaron con las ayudas de Zapatero. Cuando se lo pregunté en su día al Gobierno de Pedro Sánchez, me respondieron que los contara yo. Tal cual, sin pudor alguno.

Al presentar el Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2020-2024, la vicepresidenta Carmen Calvo anunció que con esos proyectos se iban a recuperar los restos de hasta 25.000 personas. La cifra ha sido de 5.600, pero nadie ha salido a explicar el desajuste entre lo previsto y lo real de un plan que ha absorbido más de 20 millones de euros. Quizás sea porque el Gobierno no quería salir a la palestra a confirmar la falsedad del aserto de que somos el segundo país del mundo en fosas comunes detrás de Camboya… O de Birmania, como dijo Pedro Sánchez.

Después de mi denuncia por su ignorancia sobre el destino de los restos que fueron recuperados con las ayudas de Zapatero, el actual Gobierno contabiliza ya los restos exhumados con su plan de subvenciones. Sin embargo, se niega ahora a cuantificar el número de restos que han podido ser identificados y entregados a sus familias.

Los burócratas de la ‘memoria democrática’ se escudan para no facilitar esta cifra en que entraña supuestamente tal complejo proceso de elaboración de la información que la normativa de transparencia autoriza a no darla. Este dato permitiría calibrar el alcance de una realidad que suele desbordar la atención mediática y, aunque no sea como el falso caso de los ‘bebés robados’, señalaría la verdadera dimensión de una política de Estado bien entendida.

Mi última consulta al Gobierno ha sido sobre el número de perfiles genéticos que se hallan ya dispuestos en toda España para su inclusión en el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. Han pasado casi cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, pero aún no se ha aprobado el desarrollo reglamentario para que comience a funcionar este Banco Estatal. Es decir, los laboratorios siguen sin volcar en él su contenido y por eso mi pregunta no puede tener respuesta.

Pero además de un instrumento totalitario de control social, la reactualización de la Guerra Civil y la dictadura desempeña también la función de un gran trampantojo para captar la atención de la opinión pública mientras se despliegan todo tipo de trapicheos y componendas para demoler el sistema de libertad, bienestar y convivencia que nos dimos en 1978. Para que cuando se escriba la Historia de estos sombríos años nadie tenga memoria de cómo sucedió realmente esa demolición. Desmemoria democrática: así habría que llamarla.