Decisión in extremis del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la llamada «ley de nietos» ha situado la cuestión del derecho al sufragio de los descendientes del exilio en el centro del calendario electoral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estudia ahora si mantiene la suspensión que afecta a quienes se han nacionalizado en virtud de la Ley de Memoria Democrática o si accede a las peticiones de levantarla planteadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que citan la imposibilidad práctica de revisar el censo de residentes en el extranjero a un mes y medio de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El recurso al que se refiere el alto tribunal cuestiona la medida cautelar que ha dejado fuera del padrón electoral a estas personas mientras se resuelve el fondo del asunto. En paralelo, la Sala tiene sobre la mesa una solicitud presentada por el partido Iustitia Europa para suspender la convocatoria electoral, un planteamiento que añade complejidad procesal y que también será valorado en los próximos pasos judiciales.
Los plazos que establece la normativa electoral condicionan la actuación del Tribunal Supremo: la decisión que adopten los magistrados determinará si es necesario abrir trámites administrativos urgentes para actualizar el censo, habilitar mecanismos de voto desde el exterior o, por el contrario, mantener la situación actual mientras se tramita el recurso. Cualquiera de las opciones implica consecuencias sobre la organización de la votación postal y la logística de los colegios electorales vinculados a residentes fuera de España.
La resolución del tribunal se espera en las próximas horas, cuando la convocatoria ya está en marcha y los timeframes administrativos se han estrechado. El fallo no solo decidirá la inclusión o exclusión temporal de estas personas en el padrón electoral sino que marcará el alcance de las medidas cautelares en litigios que afectan al ejercicio del sufragio desde el extranjero y a la ejecución práctica de la Ley de Memoria Democrática.
