La Fiscalía insistirá en que la ley de amnistía se aplique de forma inmediata a los doce miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República que figuran procesados en la Audiencia Nacional. El Ministerio Público mantendrá la misma posición que defendió desde la aprobación de la medida, respaldada el pasado julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y elevará ese argumento ante el órgano judicial encargado de la causa.
Los doce encausados permanecen en procedimiento por hechos que la instrucción atribuye a supuestos delitos vinculados al terrorismo. Tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideró que la normativa de amnistía podía beneficiar a estas personas, la sala de la Audiencia Nacional no ha adoptado todavía una decisión definitiva sobre su alcance. A finales de septiembre, la sala solicitó a las partes que se pronunciaran expresamente sobre cómo debe interpretarse la sentencia europea en el marco procesal concreto.
En este escenario procesal, la Fiscalía formalizará ante la Audiencia Nacional su petición de aplicar la medida de gracia, aportando los argumentos jurídicos que, según sostiene, permiten su extensión a los procesados. Corresponde ahora al tribunal valorar esas alegaciones junto con las manifestaciones del resto de partes personadas y determinar si la ley de amnistía afecta a los cargos y actuaciones abiertas en la causa. La resolución judicial deberá concretar el alcance temporal y material de la norma aplicada al expediente.
El resultado del trámite marcará los siguientes pasos del proceso penal: si la Audiencia decide que los procesados pueden acogerse a la amnistía, ello implicaría la modificación del curso jurídico de las diligencias; si no, la instrucción y, en su caso, el eventual juicio, proseguirán en los términos establecidos. Mientras tanto, la cuestión seguirá centrando la atención jurídica por la intersección entre una medida legislativa y procedimientos por delitos graves en sede penal.
