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MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) –
El empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero imputado en el ‘caso Plus Ultra’, ha escogido a la letrada María Dolores Márquez de Prado, que fue fiscal de la Audiencia Nacional (AN) y ha defendido, entre otros, al extesorero del PP Luis Bárcenas, como nueva abogada en sustitución de Bernardo del Rosal, que ha renunciado a representarle.
En un escrito remitido al juez al que ha tenido acceso Europa Press, Martínez Martínez, señalado por los investigadores del caso como presunto testaferro de Zapatero, comunica al juez «la sustitución» de Bernardo del Rosal y la designación de Márquez de Prado.
Márquez de Prado, junto con el letrado Javier Gómez de Liaño, ejerció la defensa de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, entre julio de 2013 y enero de 2015 en el marco de la investigación judicial de la ‘Operación Kitchen’, el presunto operativo parapolicial para espiar al extesorero y robarle información comprometedora sobre el partido y sus dirigentes para impedir que llegara a la Justicia.
Martínez Martínez, dueño de la empresa ‘Análisis Relevante’, fue detenido en diciembre de 2025 por agentes de la Policía Nacional en el marco de la investigación del ‘caso Plus Ultra’, que investiga presuntas irregularidades con el dinero del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea.
El juez José Luis Calama, que imputó a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias, investiga si el expresidente habría recibido supuestos pagos a cambio de intermediar para que el Ejecutivo otorgara el mencionado rescate a Plus Ultra.
Estos pagos habrían sido efectuados en parte a través de Martínez Martínez, quien, según el magistrado, habría hecho llegar al exdirigente socialista más de 490.000 euros por su papel en el rescate enmascarados en trabajos ficticios.
De hecho, Calama ordenó recientemente el bloqueo de esa suma de las cuentas bancarias de Zapatero, que ha sido citado a declarar como investigado el 17 y 18 de junio.
El juez sitúa a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias y al empresario como receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente, así como responsable de un entramado de sociedades dirigido a canalizar los fondos percibidos de clientes de la supuesta trama.
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