La homologación de los títulos de 30.300 médicos extracomunitarios que el Ministerio de Ciencia y Universidades resolvió de golpe en 2025 ha generado una gran inquietud entre colegios profesionales y sociedades médicas. La presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), Cristina … Avendaño, manifiesta la preocupación que existe en la profesión por que esa convalidación «masiva» derive en la contratación de facultativos sin especialidad, una «excepción» que, denuncia, se está utilizando con demasiada frecuencia en España. Defiende que más allá de convalidar la titulación, estos facultativos pasen una evaluación que demuestre sus competencias, como ocurre en otros países europeos.
—¿Por qué ha habido tanto revuelo por estas homologaciones?
—Un bloque de 30.000 homologaciones de alguna manera trastorna las proporciones normales entre médicos egresados de nuestras universidades y plazas del MIR, es decir, es un número anómalo en el funcionamiento de nuestra organización de médicos. Nosotros ya llevábamos tiempo pidiendo una revisión de cómo se planifican las necesidades de médicos y decisiones sorprendentes como de repente homologar a 30.000 de golpe nos preocupan.
No es solo el número, es que la incorporación de médicos simplemente con una homologación documental, sin una demostración de competencias como se pide en otros países, también nos preocupa, sobre todo si eso supone una entrada de esos médicos en el sistema. Y nos preocupa tremendamente que en plazas de médico especialista se contrate a médicos sin especialidad, que esta entrada masiva pueda suponer también una debilidad de esta irregularidad que ya es una realidad y que creemos que con estas 30.000 homologaciones será más fácil que pase. No puede ser que un paciente acuda al cardiólogo y quien le atiende como cardiólogo no tenga la especialidad de cardiología. Eso yo creo que cualquier ciudadano lo entiende.
—Facme se sumó a la petición de la Organización Médica Colegial para exigir una prueba de competencias a estos médicos homologados antes de ejercer. ¿Dudan de su formación?
—No. Si el título se homologa documentalmente es porque se reconoce que esa formación, por años, asignaturas, etcétera, es correspondiente. No es la duda del título como título académico, sino la demostración adicional de competencias para ejercer en nuestro sistema, conociendo la organización del sistema, las derivaciones, los niveles asistenciales, la continuidad asistencial, el manejo de los recursos… Y por eso también abogamos por que seamos las sociedades científicas las que elaboremos esa prueba de competencias, porque somos las que estamos en el frente y conocemos lo que es la asistencia.
«No puede ser que un paciente acuda al cardiólogo y quien le atiende como cardiólogo no tenga la especialidad de cardiología»
—¿Por qué esta petición surge ahora cuando las homologaciones, aunque no a este ritmo, llevan años dándose?
—Por todo el contexto. Por un lado está ese número, por otro lado hay una situación ahora de crisis en la profesión médica, con una pérdida de médicos en determinados puestos de trabajo que no se cubren, no resultan atractivos porque no hay médicos que quieran trabajar bajo esas condiciones. También se están empezando a ver esas contrataciones de médicos sin especialidad, estamos en una huelga médica reclamando determinadas mejoras en las condiciones de la profesión… Es decir, todo este contexto.
—¿Se están utilizando las plazas de difícil cobertura como excusa para contratar a médicos sin especialidad?
—Así es. Es un problema muy importante y deberíamos exigir a las comunidades autónomas que no realicen esa práctica. La solución ante las plazas de difícil cobertura no es bajar la calidad de quien ejerce esa actividad, es conseguir que médicos especialistas de nuestro sistema quieran estar en esas plazas. Hay que conseguir que sean atractivas y llevar a cabo cambios organizativos. Y creemos que las comunidades autónomas, que son las que realizan estas contrataciones, deberían realizar un compromiso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para cambiar el foco y cubrir esas plazas con otros mecanismos, no bajando la calidad de quien las cubre.
«La solución ante las plazas de difícil cobertura no es bajar la calidad de quien ejerce esa actividad, es conseguir que médicos especialistas de nuestro sistema quieran estar en esas plazas»
—¿Tienen datos de cuántas plazas hay ahora mismo en esta situación?
No tenemos los datos, pero sabemos casos, tenemos información y conocemos que en algunas comunidades es muy numeroso. Sabemos que ocurre en la privada y en la pública y que pasa mucho en determinadas áreas como atención primaria, aunque también en los hospitales. Los ciudadanos se quedarían sorprendidos si supieran que en determinadas especialidades se contrata a médicos sin especialidad.
—¿Y cómo puede suceder esto si no está permitido por ley?
—Buena pregunta. Hay una norma que permite la excepción en situaciones excepcionales, como la pandemia. Pero claro, no tiene nada que ver ampararse en esa norma con lo que parece que se está haciendo en muchas comunidades autónomas, que es convertir en normal lo que nació como una excepción puntual y extraordinaria. Hay una utilización perversa de una excepción para normalizar algo ilegal.
—Cambiamos de tema. Llevamos ya muchos meses de huelga médica y el ministerio avanza en su Estatuto Marco. ¿La única solución al conflicto es un estatuto médico?
—Yo creo que no hay que poner el foco en el Estatuto Marco o el estatuto propio. Hay muchas otras normas en las que también se pueden incluir las demandas actuales de la profesión médica. Lo que hay que entender es que la profesión médica está en un momento de crisis, la gente está enfadada. Son muchos años de maltrato laboral, de precariedad. Hay una situación complicada, que sería la que a lo mejor estaría en la parte del Estatuto Marco, médico o sección médica en el Estatuto Marco o distintas herramientas que se puedan realizar. Pero a esto se junta la desmotivación profesional por el problema de la organización del sistema nacional de salud, la falta de reconocimiento del liderazgo médico en algunos aspectos organizativos o la falta de participación de los médicos en la gobernanza del sistema. Todo esto va generando un descontento, un sufrimiento a los médicos que va mucho más allá de exactamente las condiciones laborales que permite abordar el Estatuto Marco.
—¿Y esto pone en peligro el sistema sanitario?
—Por supuesto. Nosotros estamos preocupados por el sistema. Queremos seguir trabajando en un sistema excelente y creemos que se puede mantener si conseguimos una mayor participación de los médicos en las decisiones de funcionamiento del sistema nacional de salud, en los cambios organizativos que hacen falta, en cómo se incorpora la inteligencia artificial, por ejemplo, etc. En todos esos aspectos nosotros queremos participar porque queremos que el sistema nacional de salud siga siendo excelente y creemos que los médicos son necesarios para que el sistema sea excelente.
—El recién aprobado decreto de evaluación de tecnologías sanitarias prohíbe que participen en ese proceso profesionales vinculados económicamente o profesionalmente con las compañías. ¿Esto garantiza la transparencia o puede perjudicar de forma que los mejores no estén en esa toma de decisiones?
—Quien toma la decisión, que son los organismos públicos (la Agencia Española de Medicamentos, la Dirección de la Cartera de Servicios o las comunidades autónomas), por supuesto tiene que estar libre de cualquier conflicto de interés o de cualquier interés que genere duda sobre que haya tomado la decisión con la independencia necesaria de influencias indebidas. Quien toma la decisión, que es la administración. Otra cosa son los expertos que asesoran a la administración, que no toman la decisión. Son escuchados por la administración igual que la compañía farmacéutica que presenta su producto o igual que los pacientes, que opinan sobre cuánto les aporta ese medicamento.
Todos tienen interés. O sea, ¿al médico que es un experto en una enfermedad y que lleva 20 años dedicado a estudiar esa enfermedad y atender pacientes con esa enfermedad, le interesa esa enfermedad? Pues sí. ¿Ha participado en guías de práctica clínica para esa enfermedad? Sí. ¿Le han ido a buscar las compañías para pedirle asesoría sobre cómo desarrollar el medicamento? Sí. ¿Le inhabilita eso para aconsejar a la administración la toma de decisión? En absoluto. Al revés. Le convierte en el mejor.
Entonces, yo creo que en el tema de intereses hay que distinguir muy bien, y el decreto lo permite, lo que es la declaración de intereses del que toma la decisión, que es la administración, de la declaración de intereses de los expertos que informan para esa toma de decisión. Eso no es un conflicto de interés, eso es un interés que declaras para que la audiencia lo conozca y desde luego no merma en absoluto la capacidad de asesorar. Y sería un error descomunal, una pérdida de conocimiento desastrosa, que el médico que sabe de una enfermedad no pudiera asesorar a la administración sobre qué hacer con esa enfermedad, o sea, no se me ocurre una situación más absurda.
Fuente:
www.abc.es
