El Gobierno intenta cerrar una brecha interna abierta por la publicación de documentos desclasificados relacionados con los avisos previos al movimiento migratorio en Ceuta. La divulgación de esos archivos ha dejado en evidencia discrepancias públicas entre miembros del Ejecutivo sobre si existieron alertas del CNI dirigidas a las autoridades locales antes de los hechos.
En el centro del desacuerdo están las declaraciones de dos ministras: Fernando Grande-Marlaska afirmó que no existió «ningún informe» que alertara de lo que se iba a producir, mientras que Margarita Robles sostuvo que el CNI transmitió avisos a la Delegación del Gobierno de Ceuta. La propia delegación emitió un comunicado en el que niega haber recibido «ningún informe» que advirtiera sobre los sucesos.
La confrontación de versiones destaca la dificultad para reconstruir la cadena de comunicación entre los servicios de inteligencia y las distintas instancias administrativas. Además de la literal discrepancia sobre la existencia de informes, el episodio plantea cuestiones sobre la coordinación operativa, los protocolos de notificación y la responsabilidad en la gestión de riesgos cuando la información de inteligencia llega a instancias locales y centrales.
Fuentes institucionales señalan que la resolución del conflicto interno es una prioridad para evitar impacto político y operacional, y que la revisión de los documentos desclasificados seguirá siendo objeto de análisis por parte de los órganos competentes. Mientras tanto, la aclaración pública de los hechos y la coherencia comunicativa entre ministros e instituciones son elementos que permanecerán en el foco hasta que se conozcan conclusiones concluyentes sobre la naturaleza y alcance de los avisos emitidos antes del salto en Ceuta.
