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El lunes 29 de junio, durante la reunión celebrada por el Consejo de Ministros, se aprobó un real decreto-ley cuyo propósito fundamental es facilitar una solución concreta y efectiva relacionada con la jubilación parcial del personal laboral que presta sus servicios en las distintas Administraciones Públicas.
Desde que el Gobierno tomó una serie de decisiones que no tuvieron en cuenta las características específicas y particulares del empleo público, así como los principios constitucionales que lo regulan y amparan, se ha generado una situación que resultó en un perjuicio muy grave para miles de trabajadores y trabajadoras públicas de carácter laboral. Pese a que estos profesionales cuentan con el derecho reconocido legalmente para acceder a la jubilación parcial, en la práctica se les ha imposibilitado ejercer tal derecho, lo que ha generado una situación de evidente agravio y discriminación dentro del sector público.
Una lucha mantenida y constante para revertir una situación injusta
Durante varios meses, el Área Pública del sindicato CCOO ha estado denunciando públicamente esta problemática, calificándola como algo no solo inaceptable desde el punto de vista ético y jurídico, sino también como una injusticia inadmisible en el contexto actual del empleo público. Para ello, CCOO ha movilizado todos los medios y herramientas de los que dispone dentro del marco de actuación sindical: desde la negociación directa con los responsables gubernamentales hasta la presión institucional y la organización de movilizaciones sociales, en un esfuerzo sostenido y constante para exigir una solución definitiva y satisfactoria.
Gracias a esta acción prolongada y firme, ha sido posible alcanzar una mejora parcial que se refleja en la reciente aprobación del real decreto-ley, instrumento jurídico que ahora abre la puerta para que el derecho a la jubilación parcial del personal laboral pueda hacerse realidad de forma efectiva. Este decreto introduce fórmulas viables y flexibles, como la posibilidad de cubrir el contrato de relevo mediante personal temporal o interino, lo que facilita enormemente la puesta en marcha práctica de este derecho.
Este avance es una prueba clara y contundente de que la defensa decidida y constante de los derechos laborales puede generar resultados palpables y significativos. Sin la labor de presión y vigilancia activa que ejercen los sindicatos, es más que probable que la inacción y la falta de respuesta por parte del Gobierno se hubieran prolongado indefinidamente, manteniendo así el perjuicio sufrido por miles de trabajadoras y trabajadores públicos laborales.
Un incumplimiento que sigue vigente: la situación del personal funcionario y estatutario
No obstante, desde CCOO se denuncia con absoluta contundencia que este problema aún no está completamente resuelto. En efecto, la administración central continúa manteniendo un incumplimiento flagrante, ya que aún no ha restablecido el derecho a la jubilación parcial para el personal funcionario y personal estatutario, a pesar de que se había comprometido formalmente a hacerlo en el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI.
En lugar de facilitar y agilizar la aplicación de este derecho, el Gobierno ha contribuido a su bloqueo, ya sea mediante acciones concretas o por omisión. De forma inesperada y sin aviso previo, esta cuestión relacionada con la jubilación parcial fue incluida en el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, un texto que actualmente permanece paralizado y sin avance en el Congreso de los Diputados.
Esta maniobra ha tenido como consecuencia práctica el enterramiento temporario de un derecho que ya estaba comprometido formalmente, sometiéndolo a los ritmos burocráticos y trabas políticas propias del proceso parlamentario, lo que lo aleja de la urgencia real y necesaria que exige su inmediata aplicación, postergando así la protección y los beneficios que deberían estar ya disponibles para los trabajadores públicos afectados.
Los acuerdos deben ser respetados y cumplidos
CCOO recuerda que los compromisos y acuerdos firmados entre las partes involucradas tienen fuerza vinculante y deben ser cumplidos en todos sus términos. Corresponde especialmente al Gobierno central asumir la responsabilidad obligatoria de eliminar todos los obstáculos tanto políticos como administrativos que impiden que el personal funcionario y estatutario pueda acceder sin trabas ni demoras a la jubilación parcial, tal y como se había acordado.
El sindicato ha expresado con total claridad y sin ambigüedades que si el único medio efectivo para hacer efectivo este compromiso pasa por la aprobación urgente de un real decreto-ley, entonces dicha aprobación debe llevarse a cabo de inmediato. No existe ninguna justificación válida que pueda sostener la continuación del retraso en la implementación de un derecho que ya fue pactado y que resulta indispensable para garantizar unas condiciones dignas en la salida del empleo público, así como para asegurar una adecuada y necesaria renovación de las plantillas en las administraciones.
CCOO intensificará las medidas de presión
El sindicato, a través de sus órganos competentes, advierte que no tolerará bajo ningún concepto la persistencia de este incumplimiento y no permanecerá en una postura pasiva o indiferente frente a nuevas dilaciones o demoras. En estos momentos, CCOO está diseñando y planificando un conjunto de acciones de presión que serán desplegadas tanto en el ámbito institucional como a través de la movilización activa de la totalidad de las trabajadoras y trabajadores públicos, con el objetivo firme de obligar al Gobierno a cumplir íntegramente con sus compromisos.
La organización sindical subraya que, aunque el personal público ha mostrado mucha paciencia hasta ahora, esta tiene un límite bastante claro y definido. Por este motivo, no se pueden permitir que sus derechos se sigan utilizando como una moneda de cambio política ni que permanezcan bloqueados indefinidamente debido a decisiones erráticas o descoordinadas por parte de quienes gestionan la administración.
Un mensaje contundente y directo dirigido al Gobierno
La aprobación del real decreto-ley referido al personal laboral es, sin duda alguna, una prueba evidente de que es posible actuar con eficacia y rapidez cuando existe voluntad política clara y decidida. Por lo tanto, CCOO exige que esa misma voluntad política se extienda y aplique de forma inmediata y completa al conjunto de todas las categorías del personal que presta servicios en las Administraciones Públicas.
“No cabe ninguna excusa adicional ni se pueden admitir más retrasos injustificados. Ha llegado el momento de cumplir con lo pactado y de garantizar los derechos laborales de todo el personal público. Por este motivo, CCOO continuará defendiendo con la mayor firmeza y determinación posible los derechos de todas las empleadas y empleados públicos, hasta alcanzar su plena recuperación y asegurar que no se vean más vulnerados”, concluye el sindicato.
Fuente:
www.nuevatribuna.es
