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Javier M. González desde Buenos Aires
En los siete años que duró la dictadura, los militares segaron la vida de miles de personas y destruyeron la institucionalidad del país, pero también devastaron el tejido económico y social de la Argentina, hasta tal punto que sus consecuencias se sufren medio siglo después. El balance que dejaron es aterrador: un tercio del aparato industrial desapareció, con el consiguiente aumento del desempleo, que se triplicó en esos años; la pobreza pasó del 5 % en 1974 al 20 % al fin de la dictadura; la inflación anual promedio fue del 200 %; la deuda externa se multiplicó más de siete veces, pasando del 18 % al 60 % del PBI; y el déficit fiscal promedio fue del 17 %. Junto a esto se produjo una concentración del poder económico, que para muchos era el principal objetivo del golpe.
El hombre fuerte de economía en la dictadura
La deuda eterna
El economista Adolfo Canitrot, en su célebre ensayo sobre el programa económico de la dictadura, La disciplina como objetivo de la política económica, sostiene que el objetivo a largo plazo de los militares era “producir una transformación completa en el funcionamiento de la sociedad argentina tal que fuera imposible la repetición del populismo y de las experiencias subversivas del primer quinquenio de la década del 70”.
Los efectos de la política económica un año después del golpe fueron descritos por el Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar: “En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%”
El mismo autor presentó el siguiente panorama al momento del golpe: “La economía se encontraba en un estado recesivo hiperinflacionario, con un déficit público de enorme magnitud y una situación de indigencia extrema en su balanza de pagos. Graves en sí, los problemas económicos no eran sino una manifestación de la intensidad de conflictos sociales -en particular sobre la distribución del ingreso- escapados de todo control”.
Es cierto que el país venía de un caos político y económico, agravado por la violencia de extrema izquierda y extrema derecha. Algunos datos de los meses previos al golpe son demoledores: el costo de vida en enero de 1976 había subido un 14 %, llegando en febrero al 20 %; en poco más de un mes el dólar pasó de 12.500 a 32.000 pesos; y había desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Pero conviene abrir un poco más el foco. El economista e historiador Mario Rapoport observa que Argentina tenía hasta mediados de los 70 un aparato industrial con deficiencias y problemas, pero de dimensiones respetables, ciertos niveles de protección, controles de cambio, tasas reguladas de interés, un sistema financiero bastante controlado y, a pesar de diversas crisis en la balanza de pagos y procesos inflacionarios, tasas de crecimiento relativamente buenas. Adolfo Canitrot apunta que hacia 1974 las manufacturas industriales representaban la mitad de las exportaciones del país.
Todo eso se destruyó tras el golpe: se promovió la desregularización financiera y la apertura indiscriminada de la economía, que afectó a la balanza comercial y a la cuenta corriente de la balanza de pagos; y se produjo un fuerte proceso de desindustrialización y reprimarización de la economía.
En su primera visita a la Argentina, poco antes del golpe, el sociólogo norteamericano James Petras le preguntó al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Elvio Cohelo, por qué, teniendo mano de obra calificada y capacidad de industrialización, no se decidían a desarrollar la industria, como Brasil. La respuesta fue: “Por eso, los trabajadores son muchos, son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra civil.” Al insistir en por qué no lo intentaban, el dirigente empresarial contestó: “Porque podemos perder”. Es decir, en la puja distributiva, los trabajadores podían ganar la batalla.
Juan Alemann, secretario de Hacienda durante la primera etapa de la dictadura, reconoció que con la política económica que llevaron a cabo se buscaba debilitar a los sindicatos, que juzgaba era uno de los grandes problemas del país: “La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte (…) Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina.”
El historiador Luis Alberto Romero escribió: “Un Estado fuerte y regido democráticamente resultaba un peligroso instrumento si estaba, aunque sea parcialmente, en manos de los sectores populares, como lo mostraba la experiencia peronista.” El almirante Isaac Rojas, el más duro de los militares que en 1955 dieron el golpe contra Perón, ya lo había dicho: “Para que desaparezca el peronismo deberán desaparecer las chimeneas.”
María Teresa Piñero, en Política Económica de la Dictadura, lo expresó de esta manera: El proyecto político de la dictadura partía de la premisa de que las dictaduras anteriores, especialmente la de Juan Carlos Onganía (1966) y su ministro Krieger Vasena, “habían fracasado por no haber podido eliminar la conflictividad de la clase obrera industrial, [consideraban que] la base industrial de la economía argentina y la lucha de los trabajadores industriales brindaban las condiciones para el desarrollo de los sectores que jaqueaban el orden predominante”. De ahí la necesidad de disciplinarla mediante la represión y la desindustrialización del país.
En el momento del golpe, Argentina venía de décadas de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones de matriz desarrollista, con un sector empresarial enfocado en el mercado interno y en el que se había desarrollado una clase obrera altamente organizada. Tanto en gobiernos civiles como militares, el papel del Estado había sido significativo.
Los liberales que se hicieron cargo de la conducción económico a partir de 1976 consideraban que los aranceles a las importaciones impedían la competencia externa en favor de una industria local altamente subsidiada e ineficiente y que las tarifas impuestas sobre las exportaciones agrarias solo servían para alimentar políticas demagógicas de redistribución de ingresos.
Lo que los militares quisieron hacer en 1976 fue implantar un modelo liberal – aunque hubo desacuerdos internos ya que había sectores estatistas e industrialistas en las propias FF.AA.-, revirtiendo el proceso de industrialización. Argentina debía volver al modelo agroexportador y aprovechar las ventajas comparativas de su sector primario. El nuevo perfil económico del país se comprende mejor con estos datos: entre 1975 y 1983, la industria se contrajo un 12,4 %, mientras que el sector agropecuario y la minería crecieron un 19 % y un 29 %, respectivamente.
La subsidiariedad del Estado, la reducción de su tamaño y la apertura económica serán los pilares del nuevo esquema económico, con el sector financiero jugando un papel protagonista.
Con el golpe se rompió el “empate hegemónico” del que hablaba el sociólogo Juan Carlos Portantiero, haciendo referencia a una situación vigente desde la caída del primer peronismo (1955) en la cual ningún sector lograba imponer su proyecto de país. Los militares lo lograron gracias a la represión generalizada, que no solo se enfocó en los militantes de la guerrilla, también en los sindicatos, procediendo contra dirigentes y representantes de los trabajadores a nivel de la mayoría de las empresas.
El viceministro de Economía durante los cinco primeros años de la dictadura, Guillermo Walter Klein, reconoció en una entrevista con Clarín (5/10/1980) que la política económica aplicada desde marzo de 1976 era “incompatible con cualquier sistema democrático y solo aplicable si la respalda un gobierno de facto”.
“Cuando un país cae en la decadencia, la única salida posible es el aniquilamiento de un modelo para reemplazarlo por otro”, escribió Ricardo Zinn, el verdadero autor del “rodrigazo” -el primer gran plan de ajuste de la historia argentina, durante el gobierno de Isabelita- en su libro La Segunda Fundación de la República (1976)
El hombre fuerte de economía en la dictadura
José Alfredo Martínez de Hoz -Joe para los amigos- había sido ministro de Economía del presidente José María Guido, 14 años antes. Con influyentes contactos en las finanzas internacionales -era amigo de David Rockefeller- procedía de una familia de la oligarquía agropecuaria, siendo su abuelo el que introdujo en la Argentina el sistema de alambrado de tierras, clave en la transformación económica del campo. No era economista, sino abogado, aunque tenía un amplio desempeño en diversas empresas de la economía privada. Al momento del golpe era presidente de la siderúrgica Acindar.
Cinco días antes del golpe se entrevistó con los tres comandantes en jefe para exponerles cuál sería su plan. Tuvo que volver urgentemente de un safari en Kenia, convocado por los militares, que también tenían otros nombres en cartera. Recibió el visto bueno del Ejército y la Marina, pero no de la Fuerza Aérea, que prefería a Aldo Ferrer. A pesar de que su gestión tendrá fuertes críticas incluso dentro de las FF.AA., permaneció en el cargo durante los cinco primeros años de la dictadura, los mismos que estuvo el primero de los presidentes de facto, Jorge Videla. Y fue el único civil, junto con el ministro de Educación (Ricardo Bruera), en integrar el primer gabinete de la dictadura.
En su primer mensaje televisivo, Martínez de Hoz habló durante dos horas y media sobre su plan: “Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado una vuelta de hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”, comenzó diciendo, para añadir los puntos en que se basaría su programa. Libertad de precios, liberación del mercado cambiario, libertad del comercio exterior, liberación del precio de los alquileres, eliminación de las retenciones (impuestos) a las exportaciones agrícolas, libre importación de bienes, reforma financiera, aumento de tarifas y eliminación de subsidios. Todo liberado, menos los salarios.
Aunque el trazo grueso tiende a considerar que lo que se impuso en Argentina fue un modelo neoliberal salvaje, lo cierto es que fue un híbrido: “Ni las políticas implementadas por la última dictadura argentina ni la composición y orientaciones de sus elencos gubernamentales, expresaron una concluyente hegemonía del liberalismo (menos aún, del neoliberalismo). Al contrario, si algo caracterizó a las políticas implementadas (y muy especialmente a la política económica), fueron la heterogeneidad, la heterodoxia y el pragmatismo”. La cita corresponde a Paula Canelo en un estudio sobre el ministerio de Planeamiento durante la dictadura. Ejemplo significativo de esto es que Martínez de Hoz no consiguió llevar a cabo, más que marginalmente, el programa de venta de empresas públicas.
Las primeras medidas económicas de la dictadura fueron el congelamiento de sueldos por tres meses, liberalización de precios, aumento de tarifas, aumento de la presión tributaria y desdoblamiento del tipo de cambio, comercial y financiero. El objetivo enunciado era reducir y hacer más eficiente el Estado para liberar las fuerzas productivas del mercado.
Poco más de un año después del golpe, en junio del 77 comienza la reforma financiera, que será una de las medidas que tendrá más incidencia en la economía de la dictadura: se liberaron las tasas de interés y el crédito, antes regulado por el Banco Central. El aumento de las tasas afectó gravemente la inversión y se produjo una especulación financiera con graves consecuencias. Las grandes empresas se endeudaron con el exterior, pero la mayor parte de este dinero no se dedicó a la inversión sino a la especulación, que daba enormes beneficios.
Los efectos de la política económica un año después del golpe fueron descritos por el Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar: “En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40 %, el de ropa más del 50 %, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30 %, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la ´racionalización´.”
En diciembre de 1978 se anunció una nueva estrategia antiinflacionaria, que pretendía ser de profundización y ajuste de la política económica en curso. Estuvo marcada por lo que se conoció como “la tablita cambiaria”, que establecía devaluaciones programadas por debajo de la inflación y que alentó aún más la especulación financiera. Según el economista e historiador Mario Rapoport, en esta fase se apreció el peso, se agravó el cierre de las industrias nacionales, imposibilitadas de competir con los productos importados y se produjo una gran salida de divisas: “Esos déficits se cubrieron con ingresos de capitales y crearon la enorme deuda externa”, señaló. Junto a la “tablita”, hubo una apertura financiera, una rebaja en los aranceles de las importaciones y una liberalización del movimiento de capitales.
Estos capitales especulativos consiguieron ganancias astronómicas gracias a lo que se conoció como “bicicleta financiera”. Una maniobra que consistía en la obtención de dólares con créditos en el exterior, por los que se pagaba entre el 3 % y el 7 % de interés, su conversión en pesos para colocarlos en plazos fijos que en Argentina pagaban entre el 9 y el 25 %, recuperar el plazo fijo al cabo de seis meses o un año, convertirlo nuevamente en dólares y repatriar el capital. En un año, la ganancia en dólares era del 84 %. Ninguna inversión productiva podría nunca, en ninguna parte del mundo, asegurar unas ganancias de este calibre. Estos capitales especulativos tenían la seguridad de que no habría una corrida contra el dólar o una devaluación inesperada, gracias a la famosa “tablita”, el cronograma de devaluaciones decrecientes inferiores a la inflación. Pero no era solo un fenómeno de grandes inversores. Muchos argentinos de clase media, ante la subida de las tasas de interés, hacían colas en las puertas de entidades financieras buscando quién les daba mejores tasas para sacar créditos o hacer depósitos a plazos fijos.
Cuando a principios de los 80 los intereses internacionales empezaron a subir, todos estos capitales que habían ingresado para especular se fueron hacia plazas más atractivas y también más confiables.
El dólar barato tuvo como consecuencia que la clase media pudiera viajar al exterior y regresar cargados de productos como electrodomésticos, ropas, calzados, que les resultaban mucho más baratos que en el propio país. Fue el momento “deme dos”, con el que estos turistas de compras reaccionaban en las tiendas de Miami, viendo cómo sus dólares comprados baratos en Argentina les rendían de una forma extraordinaria. Para la industria local, las opciones eran el cierre o convertir empresas productivas en importadoras.
Esta euforia momentánea desembocó en la crisis financiera de marzo-abril de 1980, a partir de la quiebra del Banco de Intercambio Regional (BIR), que dejó unos 190.000 damnificados, provocando el pánico y una corrida bancaria. En unos pocos días, otras tres entidades financieras tuvieron que ser intervenidas y dos ellas liquidadas. La intervención suponía que el Banco Central designaba un nuevo administrador, aunque la propiedad permanecía en manos de sus dueños, pero podía ser un primer paso para la liquidación de las instituciones. La crisis se prolongó hasta 1982, dando por resultado la desaparición de 71 entidades financieras. Ante esa situación el gobierno decidió que el Estado era garante de los depósitos, pero igualmente miles de personas perdieron sus ahorros, como cuenta la aclamada película Plata Dulce, con dirección de Fernando Ayala, filmada en 1982, fin del gobierno militar. Esta crisis supone el desmoronamiento del modelo económico de la dictadura. Este número sin precedentes de liquidaciones de quiebras de entidades, en un tan corto período de tiempo, constituyó la mayor crisis financiera en la historia del país. Pero a nivel oficial no hubo reconocimiento alguno de lo sucedido y la memoria anual del Banco Central del año 1980 no hizo referencia al tema.
El balance de Martínez de Hoz al frente de la economía argentina se puede sintetizar así: una caída cercana al 30 % del salario real, cierre de más de 10.000 establecimientos industriales y un 22 % de hogares con las necesidades básicas insatisfechas. La deuda externa pública, que en 1976 era de 6.648 millones de dólares, y los pasivos privados, de 3.091 millones de dólares, era al dejar el cargo de 37.671 millones, un 48 % del PBI y un 390,4 % de las ventas al exterior.
Tras la vuelta de la democracia hubo intentos de declarar ilegítima la deuda contraída durante el gobierno militar. Así lo consideró el juez Jorge Ballesteros en julio del 2000
Videla fue sustituido por el general Roberto Eduardo Viola. A lo largo de los ocho meses escasos que Viola ocupó la Casa Rosada -fines de marzo a fines de septiembre de noviembre de 1981- la crisis económica no hizo más que agudizarse. El nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, ordenó dos devaluaciones masivas, bajo la justificación de que Argentina necesitaba atraer capitales y alentar el comercio, cosa que no había logrado hacer su antecesor al mantener alto el peso. Eliminó la “tablita”, estableciendo un tipo de cambio fijo, pero con fuertes devaluaciones, pero la crisis no hizo más que agudizarse, que se manifestó con las primeras huelgas importantes, oposición interna y la renuncia de las cúpulas de los bancos Central y Nación. El ministro Sigaut quedó en la historia por su frase “El que, apuesta al dólar, pierde”, dichadespués de que una información periodística hablase de un importante colapso económico, provocando una corrida contra el dólar; cinco días después el precio de la divisa americana aumentó un 30 %, condenando a los que habían decidido mantener sus ahorros en pesos.
El tercer período económico de la dictadura llegó con el general Galtieri al mando de la Casa Rosada y Roberto Alemannen el Ministerio de Economía. Alemann restableció las esencias liberales ortodoxas de Martínez de Hoz. Pero la derrota en la guerra en la guerra de las Malvinas supone el golpe definitivo a la dictadura, y la economía se desmorona definitivamente por causa de los gastos bélicos, la crisis de la deuda y la inflación desbocada. Tras la guerra, asumirá el ministerio de Economía José María Dagnino Pastore, con Domingo Cavallo al frente del Banco Central. Cavallo tendrá en el futuro un importante papel en los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando De la Rúa (1999-2001). Pero, contra lo que suele afirmarse, no fue el responsable de la estatización de la deuda externa privada (ver más abajo).
La deuda eterna
En los siete años de dictadura (1976-1983) la deuda externa se multiplicó por más de siete, pasando de 7.800 millones de dólares a 46.500, aunque las cifras no son exactas por la inexistencia de registros contables y la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado.
El proceso de endeudamiento se desarrolló en dos etapas: entre 1976 y 1980, fue el Estado y las empresas públicas quienes se endeudaron; en el tramo final del gobierno militar, el Estado siguió tomando deuda, pero además se hizo cargo de la que tenía el sector privado, mediante diversos mecanismos. Días después del golpe, el Fondo Monetario Internacional concedió a la dictadura un préstamo de 126 millones de dólares, que había sido negociado por el gobierno de Isabelita, pero que se negó a desembolsar hasta que se aclarase “el panorama político institucional”. Al final de la dictadura, el FMI volverá a darle la espalda al gobierno argentino, en este caso la dictadura, frenando los desembolsos previstos.
En los años 70 los mercados financieros internacionales registraron un aumento inusitado de petrodólares disponibles para ser ofertados a bajos intereses. Brasil, México y Argentina, por este orden, fueron los países de América Latina que se endeudaron de forma significativa, aprovechando también las condiciones poco estrictas, sin atender a su sostenibilidad. Entre 1975 y 1982 la región cuadriplicó su deuda, muy superior al crecimiento de las exportaciones o de los ingresos en divisas.
Pero el panorama internacional en esos años también estuvo marcado por la primera crisis del petróleo, tras la guerra del Yom Kippur (octubre de 1973), que afectó al gobierno de Isabel Perón; la segunda, entre 1978 y 1980, le estalló de pleno a la dictadura. La revolución iraní (1978) interrumpió la exportación de crudo del país, elevando el precio del barril de 13 a 34 dólares; y el ataque de Irak a Irán (septiembre de 1980), con la reducción de un 15 % en las exportaciones de los países de la OPEP, llevó el precio hasta los 42 dólares.
En abril de 1980, cuando la inflación interanual en EE.UU. alcanzó la cifra del 14,6 %, el presidente de la FED, Paul Volcker tomó medidas drásticas aumentando las tasas de interés de forma inusitada: la tasa media, que estaba en un promedio del 5 % al 7 % entre 1977 y 1978, llegó al 12 % en el último trimestre de 1979 y en junio de 1981 llegaron al 20 %. De esta manera, numerosos capitales que antes iban a países como los latinoamericanos, se volcaron a los EE.UU. Se aumentó el grado de endeudamiento externo de estos países, que habían tomado préstamos en dólares los años anteriores, y ahora se veían enfrentados a intereses mucho mayores. Ese es el origen de la crisis de la deuda latinoamericana, que comenzó cuando México se declaró en moratoria en 1982, y que afectó especialmente a Argentina. Aunque, como sostiene Mario Rapoport, la crisis argentina de 1981 tenía que ver, sobre todo, con la especulación financiera, los autopréstamos, los gastos militares y la corrupción.
Las negociaciones entre los acreedores y los países deudores aseguraron a los primeros la continuidad de los pagos mediante durísimas políticas de ajustes. Primero había que hablar con el Fondo Monetario Internacional, que establecía metas y vigilaba que se cumplieran las condiciones acordadas del programa de ajuste.
La estatización de la deuda externa privada correspondió a Lucio García del Solar, que sucedió a Domingo Cavallo en la presidencia del Banco Central. Asumió el cargo el 26 de agosto de 1982 y es el 17 de noviembre de ese mismo año que se publica la circular A251, que estatiza aproximadamente 17.000 millones de dólares de deuda de los privados. El mecanismo fue un seguro de cambio, por el que el gobierno se hizo cargo de la diferencia de las deudas en moneda extranjera que las empresas habían tomado en un momento de gran inflación. Al final de la dictadura, solo los pagos de intereses de la deuda representaban el 63 % de las exportaciones del país.
Tras la vuelta de la democracia hubo intentos de declarar ilegítima la deuda contraída durante el gobierno militar. Así lo consideró el juez Jorge Ballesteros en julio del 2000, aunque los responsables no pudieron ser castigados por la prescripción de la causa. No obstante, la sentencia estableció: “Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados.” Puso el ejemplo de empresas públicas que eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central para luego ser volcadas al mercado de cambios. También hacía referencia la sentencia a la estatización de la deuda privada y la responsabilidad de los organismos internacionales.
La sentencia comprobó 477 delitos cometidos en la toma de la deuda externa, en la cual estaban implicados grupos económicos y altos funcionarios de la dictadura, como el ministro Martínez de Hoz. “No se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales”, dijo también la sentencia.
Pero el magistrado también señaló las responsabilidades de los organismos internacionales de crédito. “La existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976, no podían pasar desapercibidos en autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas”.
La deuda externa fue un problema que afectó de igual manera a todos los países de América Latina, provocando lo que se conoció como “década perdida” en relación a los 80 del siglo pasado. Pero con diferencias: mientras en Brasil la deuda fue para financiar la industrialización, en Argentina se usó para financiar la fuga de capitales, la especulación, la compra de armamento -10.000 millones de dólares entre 1976 y 1982, según el Banco Mundial- y la demanda de consumo. Con esto, la herencia de la deuda fue mucho más pesada para Argentina.
Fuente:
www.nuevatribuna.es
