Freno a fondos: la aprobación del primer decreto sobre vivienda por parte del Gobierno y su traslado a la Diputación Permanente del Congreso introduce una medida que altera la estrategia de venta de inmuebles que venían desplegando los grandes propietarios y los fondos de inversión. La norma establece la prórroga automática de contratos de arrendamiento por dos años, hasta 2028, si el inquilino la solicita, lo que impide que determinados pisos queden libres para su enajenación inmediata.
La extensión obligatoria de los contratos en vigor supone que las viviendas que previsiblemente habrían salido al mercado como unidades vacías permanezcan ocupadas durante un periodo adicional. Para carteras gestionadas por inversores institucionales, esa circunstancia complica operaciones de desinversión que requerían liberación de activos o rehabilitación previa a la venta. El resultado son modificaciones en el calendario de transacciones y en la previsión de flujo de activos disponible para compradores interesados en inmuebles vacíos.
El impacto se aprecia en dos planos: por un lado, establece una mayor estabilidad para los arrendatarios al garantizar continuidad de contrato; por otro, introduce incertidumbre sobre la liquidez a corto plazo de ciertos paquetes inmobiliarios. Operadores y mercados deberán reajustar expectativas sobre precios y procesos de venta, sin que esto implique una valoración única del mercado, dado que la medida es temporal y circunscrita al periodo señalado en el decreto.
Con la tramitación pendiente en la Diputación Permanente, el sector seguirá de cerca los desarrollos reglamentarios y administrativos. En el interín, la norma reordena incentivos y plazos para propietarios y compradores, y condiciona la operativa de los grandes tenedores hasta 2028. El cambio establece un nuevo marco en el que conviven la protección de inquilinos y la adaptación de estrategias de mercado, con efectos que se irán materializando a medida que avance la implementación del paquete normativo.
