La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, creada para decidir la reparación a las víctimas de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia que no pueden acudir a la vía penal, ya analiza 450 expedientes desde que se constituyó el … pasado 15 de abril. De ellos, 149 han alcanzado ya la fase de evaluación y valoración, en la que el Defensor del Pueblo debe pronunciarse sobre el reconocimiento de la condición de víctima y proponer las correspondientes medidas de reparación. El mecanismo, acordado por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo, tiene como objetivo indemnizar a las víctimas de abusos que no tienen posibilidad de acudir a un juicio porque el delito ha prescrito o el agresor ya ha fallecido.
Tres meses y medio después de su puesta en marcha, el sistema sigue recibiendo nuevas solicitudes, aunque a un ritmo más lento que en los primeros momentos. Así, si en el primer mes de funcionamiento se habían registrado 377 peticiones, de las cuales 317 habían sido remitidas al Defensor del Pueblo y otras 60 se encontraban pendientes de validación –según los datos facilitados el 25 de mayo por la oficina del Defensor del Pueblo–, dos meses más tarde se han sumado 73 nuevos expedientes. Además, hasta el 31 de julio, los profesionales de la Unidad de Víctimas han mantenido entrevistas personalizadas con 105 solicitantes. Otros cuatro expedientes han sido inadmitidos al considerar que los hechos relatados no entraban dentro del objeto delimitado por el protocolo.
Los 149 expedientes más avanzados se encuentran ahora en la fase final del procedimiento, aunque todavía no están definitivamente resueltos. Las primeras valoraciones del Defensor del Pueblo deberán comenzar a emitirse próximamente, puesto que el protocolo establece un plazo máximo de tres meses, «una vez estudiado el caso y escuchadas las partes involucradas por su Unidad de Víctimas» para elaborar «una valoración de reconocimiento o de denegación de la solicitud». Ese plazo, que en algunos expedientes está ya próximo a vencer, podrá ampliarse un mes «en el caso de concurrencia de un volumen extraordinario de solicitudes o de la especial complejidad en su valoración».
José Ramón Navarro-Pareja
La Unidad de Víctimas que analiza cada expediente está formada por profesionales independientes especializados en victimología, psicología, criminología y disciplinas jurídicas. Tras analizar cada caso el Defensor del Pueblo elabora un dictamen que traslada a la Comisión Asesora del PRIVA para que, en un máximo de dos meses, dé a conocer su criterio. Si hay acuerdo entre ambas partes, la valoración del Defensor del Pueblo y la respuesta de PRIVA es trasladada a la persona solicitante, que tiene quince días para expresar o no su conformidad. Si hay acuerdo entre todas las partes, la resolución se considerará definitiva. Si existe desacuerdo, el asunto llegará a una Comisión Mixta formada por representantes del Gobierno, el Defensor, la Iglesia y las víctimas. Si tampoco allí se alcanza un consenso, prevalecerá finalmente la valoración del Defensor del Pueblo.
De acuerdo con el protocolo, la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, mediante el reconocimiento institucional, la petición de disculpas o el acompañamiento. Pero también económica, tanto por el daño causado como por los gastos derivados del tratamiento de las secuelas físicas y psicológicas.
Vía mixta y PRIVA
Este mecanismo convive con el PRIVA, que continúa funcionando como vía propia de la Iglesia. Antes del verano había recibido 156 solicitudes y emitido 94 dictámenes de reparación por un importe superior a los dos millones de euros. Desde el 15 de abril, las nuevas víctimas pueden optar por uno de los dos procedimientos. Quienes fueron reparados anteriormente por el PRIVA pueden acudir al sistema mixto, aunque las cantidades ya percibidas deberán tenerse en cuenta para evitar duplicidades.
Las compensaciones económicas serán abonadas por la diócesis, congregación o institución eclesial responsable. Si esta no pudiera asumirlas, la CEE y la CONFER se han comprometido a responder subsidiariamente. «No es un mero trámite burocrático cosificador, sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano», ha insistido Ángel Gabilondo desde la firma del protocolo.
Fuente:
www.abc.es
