La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se ha trasladado en las últimas semanas a una de varias bases militares en el área de Washington, lejos del foco mediático, donde también residen otros funcionarios de la Administración de Donald Trump, según una investigación de The New York Times.
El rotativo estadounidense afirma que la fiscal republicana habría recibido amenazas por parte de cárteles de la droga tras la captura y el procesamiento en enero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según declaraciones de un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato.
Alta seguridad
Stephen Miller, Marco Rubio o Pete Hegseth, entre los funcionarios que residen en viviendas militares
Pero no solo eso. La fiscal también se enfrenta a críticas por su gestión del caso de Jeffrey Epstein. Por este motivo fue interrogada en el Congreso, donde algunos legisladores la acusaron de encubrir conductas criminales al haber censurado los nombres de al menos seis presuntos implicados en la trama de tráfico sexual de menores.
Bondi, marcada por su apoyo a las acciones del ICE y por su agresiva defensa de Trump, no es la única funcionaria de la administración republicana que recientemente se ha trasladado a viviendas militares por motivos de seguridad. Stephen Miller, principal asesor de política interna del presidente y arquitecto de su dura política migratoria; el secretario de Estado Marco Rubio; Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional saliente; y el secretario de Defensa Pete Hegseth también han adoptado esta medida para disponer de mayor protección ante posibles amenazas o represalias.
Daniel P. Driscoll, secretario del Ejército, y John Phelan, secretario de la Armada, también se han mudado a viviendas militares, este último después de que su residencia en Washington resultara dañada por un incendio hace un año. Si bien la práctica de que funcionarios públicos utilicen instalaciones militares para residir no es exclusiva de la Administración Trump, diversos analistas señalan que podría tratarse del primer Ejecutivo que recurre a estas viviendas de forma tan extendida y prolongada.
Según el diario estadounidense, no está claro cuánto pagan estos funcionarios por alojarse en algunas de las propiedades históricas más importantes que posee el Gobierno, si es que pagan algo, ya que por el momento esa información no es pública. La recientemente destituida Kristi Noem aseguró hace un año que pagaba “un alquiler a precio de mercado” por su alojamiento.
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www.lavanguardia.com
