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En 2026, las universidades privadas superarán en número a las públicas, responsables, y hay que decirlo con toda claridad, del progreso social de varias generaciones de españolas y españoles desde hace muchas décadas. Las superarán, en primer lugar, por ánimo de lucro, pero también por el abandono y la desinversión de los poderes públicos en aquellos lugares en los que sus gobiernos defienden la idea de que el único ascensor social válido es el dinero.
Cuando, en 2008, los bancos estuvieron a punto de quebrar, por haber cometido errores mucho más graves que los cometidos por los gestores universitarios, se dijo que eran “too big to fail”
Las superarán en número sin llegarles a la suela del zapato a las públicas en lo que respecta a la promoción del conocimiento: según datos publicados, hace falta juntar treinta y tres universidades privadas para igualar el número de doctorandos que tiene solamente la Complutense, a pesar de todo el estrangulamiento al que se ve sometida.
Y lo harán, en parte, porque la universidad pública también ha comprado durante años el mensaje de eficacia, rentabilidad y formación profesional puesto en circulación por el sector privado, cuando la finalidad de lo público es otra: formar ciudadanos, y dotarles de los mejores conocimientos para que desempeñen su profesión no solo con refinamiento técnico, sino con capacidad crítica.
Principalmente con capacidad crítica. Porque cuando se pasa la fina frontera entre lo útil y lo utilitario se ha entrado en un sendero que tal vez sea difícil desandar.
No critico a los padres y madres que envían a sus hijos a la universidad privada: como todos, no buscan para ellos más que lo que creen mejor, y en muchas ocasiones se ven obligados por la falta de plazas de la pública, a menudo con grandes esfuerzos económicos.
Lo que es necesario criticar es a aquellos que han comprado el modelo utilitario, que no se dan cuenta de que lo público tiene, precisamente, que llegar con la misma calidad allá donde no llega lo privado, que lo público tiene que defender los estudios que tienen poca demanda comparativa, que lo público tiene que defender el conocimiento.
Todavía son tímidos los esfuerzos por ir en contra de la corriente, pero están ahí: el jueves pasado se celebró en la Complutense un referéndum simbólico contra el plan de recortes económicos que convocó a más de siete mil personas. Siete mil personas no son un porcentaje, no pueden reducirse a un porcentaje, sino que son siete mil voluntades concretas, mucha gente rompiendo lo que podríamos llamar ley del silencio apático.
Gente que está levantando el índice para decir algo muy elemental: que estamos hablando de una cuestión de Estado. Cuando, en 2008, los bancos estuvieron a punto de quebrar, por haber cometido errores mucho más graves que los cometidos por los gestores universitarios, se dijo que eran “too big to fail”, ¿recuerdan? Demasiado grandes para dejarlos caer. Y nos gastamos lo que no teníamos en salvarles la piel. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que la universidad pública también es demasiado grande para dejarla caer, y además rescatarla es incomparablemente más barato?
Fuente:
www.nuevatribuna.es
