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No es una novedad que la economía argentina es una montaña rusa, con subidas y bajadas constantes. También es cierto que este gobierno del presidente Milei ha controlado la inflación, pero no deja de ser muy alta. En honor a la verdad, se trata en parte de una inflación heredada, producto de una emisión monetaria desmedida acompañada de un gasto estatal imposible de sostener, y era necesario cerrar esa canilla. Asimismo, debido a parte de esa herencia, hay una expresidenta condenada y presa, y un expresidente —al que sucedió el actual mandatario— imputado por violencia machista contra su expareja e investigado por corrupción vinculada a seguros del Estado.
Al gobierno de Macri el FMI le concedió un préstamo de entre 44.000 y 45.000 millones de dólares, mientras que al actual presidente le ha otorgado un crédito de 20.000 millones
Es sabido que Argentina tiene un gran potencial, con los yacimientos de gas de Vaca Muerta, cuya explotación ha comenzado —principalmente a través de la empresa estatal YPF—, así como el potencial de las minas de litio en el norte del país, sumado a la ya existente capacidad petrolera. Otro aspecto positivo de este gobierno ha sido el fallo de la Cámara de Apelaciones de EE. UU. en el caso YPF, que ha evitado que el Estado tenga que pagar una suma millonaria por la expropiación realizada por un gobierno anterior.
Sin embargo, este viento a favor no logra frenar los huracanes de corrupción que están siendo investigados por la justicia argentina. Entre ellos se encuentra el caso $Libra, en el que el presidente de la Nación y su hermana —quien ostenta el cargo de secretaria general de la Presidencia— serían algunos de los principales implicados. A ello se suma otra investigación sobre el presunto cobro de un 3 % en comisiones ilegales por parte de la hermana del presidente. Estos no son los únicos casos que han ido apareciendo en torno a un gobierno que prometía acabar con la casta política y corrupta.
Se añade ahora la investigación penal contra el jefe de ministros y exvocero del gobierno, Manuel Adorni, por la compra de inmuebles con fondos cuyo origen no resulta claro en relación con el patrimonio previamente declarado. A ello se suma un préstamo privado concedido por un grupo de jubiladas que, al parecer, serían las mismas que le venden uno de los inmuebles. La justicia también estaría analizando las tasaciones para determinar si los valores reales coinciden con los escriturados.
Asimismo, se le investiga por una serie de viajes en aviones privados, sin que quede claro quién los pagó. Este hecho salió a la luz a raíz de un viaje a Punta del Este (Uruguay) con su familia en un vuelo privado, lo que se complicó cuando declararon el piloto y una empleada de la empresa encargada de cobrar, sugiriendo que no fue el funcionario quien abonó el servicio, sino un particular. Esto podría implicar que el jefe de gabinete afronte imputaciones por lavado de dinero, evasión tributaria y cohecho por aceptación de dádivas.
Resulta llamativo que el juez que lleva estas investigaciones sea el mismo que el gobierno había propuesto para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), candidatura que fue rechazada por el Congreso, en medio de múltiples denuncias periodísticas —tanto de izquierda como de derecha— sobre presuntos hechos de corrupción en su juzgado. Dicho magistrado aspiraría ahora a ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, es decir, jefe de los fiscales, puesto que requiere la propuesta del Ejecutivo y la aprobación del Congreso, un Congreso que ha cambiado su composición tras las elecciones intermedias, otorgando mayor poder al oficialismo.
Ese mismo cargo también sería pretendido por el actual ministro de Justicia, quien se encuentra en uso de licencia como fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este ministro tendría vínculos con el presidente (“Chiqui” Tapia) y directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que están siendo investigados en una causa penal por evasión tributaria, lavado de activos, cohecho y otros delitos por montos millonarios.
La causa AFA ha llegado a la Cámara Federal de Casación Penal para determinar en qué jurisdicción debe investigarse la causa, la importancia de esto radica que se ha dado a entender que en una de esas jurisdicciones por cercanía al presidente de AFA la investigación podría no continuar. En este proceso surge un dato relevante: el padre del ministro de Justicia —quien aspira a ser Procurador General—, juez de casación penal federal, debió apartarse de la causa tras conocerse que había celebrado su cumpleaños en casa de uno de los imputados de la causa AFA.
Algo similar ocurrió con otro magistrado. Cuando parecía haberse conformado el tribunal, se planteó que la tercera jueza tampoco podría intervenir por posibles conflictos de interés derivados de sus relaciones políticas, situación que ha sido resuelta. Así, la causa presenta una situación paradójica: a la Casación Peal Federal le cuesta constituir un tribunal para decidir, en un escenario que recuerda al “castillo” de Kafka, con la diferencia de que aquí la justicia o bien no llega nunca, o llega tras diez o veinte años, con suerte, debido a sus relaciones con la política.
Tal vez sin relación directa con este escándalo, y ya desdibujada en la memoria colectiva, se encuentra la causa “cuadernos”, en la que también está imputada una expresidenta junto a numerosos empresarios. En ese proceso, el tribunal de juicio había planteado realizar audiencias por Zoom una vez por semana, lo que hacía prever un juicio interminable.
En este contexto, la Corte Suprema presentó un proyecto para reformar el sistema de selección de jueces, con el objetivo de reducir la incidencia política en el nombramiento de magistrados.
Desde el punto de vista político-económico, resulta inevitable comparar al actual gobierno con el del expresidente Macri. Ambos gozaron de reconocimiento y prestigio internacional, pero sin lograr que ello se tradujera en inversiones productivas, como la instalación de fábricas o la generación de empleo. Sí han atraído, en cambio, inversiones financieras, especialmente en la compraventa de divisas.
Por otro lado, al gobierno de Macri el FMI le concedió un préstamo de entre 44.000 y 45.000 millones de dólares, mientras que al actual presidente le ha otorgado un crédito de 20.000 millones, al que se sumaría un respaldo adicional de otros 20.000 millones por parte del gobierno de Trump antes de las elecciones.
Lo cierto es que en dos años habrá elecciones presidenciales y, aunque la imagen del actual mandatario ha caído algunos puntos, la oposición no ha logrado todavía presentar un candidato competitivo, ello no quita que el gobernado Kicillof este subiendo en las encuestas según la presan. No obstante, quizá sea aún prematuro para hacer un análisis definitivo sobre ese escenario.
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