En los últimos 40 años, gobiernos tanto del PSOE como del PP han puesto en marcha siete procesos de regularización generalizada de inmigrantes sin papeles, incluido el actual, para sacar de la clandestinidad y la explotación a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan entre nosotros con las mismas obligaciones que cualquier residente legal, pero sin los mismos derechos. Con más de medio millón de personas en esa situación, hay que apoyar decididamente un acto de altura política como el que el Gobierno lanzó a mediados de abril. Todos los procesos anteriores, de los que se beneficiaron en total 1,2 millones de personas, han contribuido al crecimiento de España. Humanidad, igualdad y pragmatismo económico son las premisas de las que debe partir cualquier reflexión sobre la política migratoria, convertida hoy en cuestión central de todas las democracias. Esa reflexión no puede despreciar las inquietudes y miedos de un sector de la ciudadanía ante cambios sociales acelerados, pero exige un rechazo tajante de la instrumentalización de estos miedos por parte de la extrema derecha.
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Fuente:
elpais.com
