Parte del decreto de vivienda aprobado recientemente tendrá vigencia únicamente en las autonomías que hayan declarado formalmente zonas de mercado residencial tensionado, según fuentes del Ministerio de Vivienda. El alcance acotado afecta a varias medidas centrales incluidas en el texto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que atribuye a las comunidades la competencia para activar su aplicación.
Entre las disposiciones condicionadas a la declaración de zonas tensionadas figuran la prohibición de cobrar más por el alquiler de habitaciones que por la vivienda completa; los recargos previstos para viviendas de uso turístico y, en determinados supuestos, para inmuebles vacíos; y las bonificaciones destinadas a arrendadores que reduzcan el precio del alquiler. El texto oficial detalla estas herramientas como instrumentos dirigidos a modular el mercado residencial, pero remite a las autonomías la decisión sobre su implantación efectiva. En el contenido también aparecen incentivos y sanciones pensados para ámbitos donde la presión sobre la oferta sea más acusada.
Hasta ahora, solo cinco comunidades han activado la figura de zonas tensionadas: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. Esa limitada adopción implica que las medidas no tendrán un despliegue estatal homogéneo y que su aplicación práctica variará según cada territorio. El hecho de que la norma dependa de las autonomías introduce, por tanto, un mapa legal fragmentado que condicionará tanto a arrendadores como a inquilinos en función de la comunidad en la que se encuentren. Para información temática sobre la materia, el texto del decreto se enmarca en la política de vivienda y en la normativa de comunidades autónomas.
La decisión del Gobierno central de hacer dependiente parte del paquete normativo de las declaraciones regionales busca, según el planteamiento oficial, dirigir las intervenciones a los territorios con mayor tensión residencial. En la práctica, sin embargo, la necesidad de que cada autonomía active la figura supone que la eficacia y el alcance de las medidas dependerán de decisiones administrativas y políticas locales, lo que marcará su impacto en el mercado del alquiler en los próximos meses.
