Setecientos días pendientes de una firma: «Mis padres murieron esperando un traslado de residencia, lejos de su familia»

Su vida se complicó aún más con la llegada de una hija, y Casas, hijo único, reclamó el traslado de sus progenitores a una residencia pública de la capital catalana, dado su estado de «extrema vulnerabilidad». «Se encontraban en el tramo final de sus vidas y obviamente quería tenerles cerca», afirma el denunciante. No imaginaba que ese traslado acabaría en una peregrinación de más de 700 días de despacho en despacho, de Administración en Administración, una «carrera de fondo sin ningún resultado«. »En privado todos reconocían mi situación pero luego nadie me aclaraba nada». «No sabía que había optado por una vía muerta», lamenta Casas en conversación con ABC.

Sus padres, R. C. y R. R., fallecieron mientras esperaban una autorización de traslado entre centros, esperando una firma que tardó más de dos años en llegar. «Mis padres murieron esperando un traslado de residencia, lejos de su familia», denuncia Antoni. Su caso no es único; es solo uno de los miles de ciudadanos que pierden a sus seres queridos esperando una plaza de residencia o una ayuda pública de dependencia.

La petición de Casas no era extraordinaria ni ajena a los cauces habituales del sistema de dependencia. Era, en teoría, una gestión posible —nadie le dijo lo contrario— dentro de un engranaje administrativo diseñado precisamente para reorganizar y priorizar cuidados cuando las circunstancias familiares cambian. Pero ese engranaje, sostiene el denunciante, se detuvo en algún punto intermedio entre ventanillas, informes y derivaciones. «El expediente ni se negó ni se aprobó. Simplemente no se resolvió», resume el hombre en su testimonio. Una frase que, más allá del caso concreto, funciona como el diagnóstico de una «parálisis burocrática» en la que la ausencia de respuesta adquiere entidad propia.

Consultadas por este diario, fuentes del Departamento de Asuntos Sociales de Cataluña aseguran que «todas las plazas públicas de residencia tienen lista de espera y riguroso orden de acceso según la fecha de alta de inscripción en el centro, tanto por primeros ingresos como por traslados». Añaden que «la priorización de acceso a plaza pública de residencia es un supuesto excepcional que está previsto exclusivamente para atender situaciones de vulnerabilidad, según criterios establecidos por el Departamento, y esta excepción está pensada para personas que todavía no disponen de plaza». Pese a la reclamación de este diario, la Consejería no ha concretado qué ley ampara estas instrucciones.

Durante casi dos años, denuncia Casas, su expediente circuló entre administraciones sin que ninguna asumiera de forma definitiva la responsabilidad de estampar una firma que desbloqueara el traslado. En ese tránsito, dice, se sucedieron contactos con la administración autonómica y municipal, incluyendo reuniones y correos electrónicos con distintos equipos técnicos y políticos. Entre los nombres mencionados por el denunciante figuran el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, y la ex teniente de alcalde Maria Eugènia Gay.

Mientras tanto, la vida seguía su curso en el único sentido en que puede hacerlo en contextos de fragilidad extrema: hacia delante, sin margen para la espera. El padre perdió progresivamente la conexión con el presente. La madre, debilitada por la enfermedad, se fue reduciendo a la economía mínima del cuerpo. En ese intervalo, apenas pudieron conocer a su nieta recién nacida antes de fallecer.

El caso se inscribe en un sistema de dependencia en Cataluña sometido desde hace años a una presión estructural creciente. Las listas de espera, la falta de plazas y la complejidad de la coordinación entre niveles administrativos forman parte de un debate recurrente en el ámbito social y político. Cataluña se sitúa entre los territorios de España con mayor volumen de solicitudes pendientes en materia de dependencia en España, y se calcula que miles de personas fallecen cada año antes de que su expediente se resuelva o se haga efectiva la prestación. El sistema, diseñado para garantizar cuidados, se enfrenta a una tensión constante entre demanda y recursos.

En el plano residencial, el equilibrio es especialmente frágil. La disponibilidad de plazas públicas o concertadas resulta insuficiente frente a las necesidades de una población envejecida, y el sector privado ocupa una parte significativa del mapa asistencial. Según los últimos datos que maneja la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en España hay actualmente más de 50.000 ancianos en situación de dependencia severa (Grado II) y gran dependencia (Grado III) que esperan una plaza en residencias de financiación pública. En concreto, hay una lista de espera para ser atendido de 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III. A ellas se suman otras 57.091 pendientes de valoración y que previsiblemente obtendrán uno de esos grados. Las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929, respectivamente.

En lo que llevamos de año hasta el último registro, el 31 de mayo, un total de 13.503 personas han muerto mientras se encontraban en listas de espera de dependencia. La cifra, recogida por el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, equivale a 90 personas al día, es decir, una cada 16 minutos. De las 13.503 personas fallecidas en listas de espera de dependencia durante los cinco primeros meses del año, 6.940 murieron antes de ser valoradas y 6.563 sin haber llegado a recibir la prestación o servicio que les correspondía. Cataluña y Andalucía concentran casi la mitad de estos fallecimientos, con 4.342 y 2.204 casos respectivamente.

La Generalitat admite la falta de recursos

Desde Asuntos Sociales reconocen la falta de plazas de residencia en el sistema público y anuncian las iniciativas impulsadas para enmendar esta situación. «En un año, se ha asegurado la creación de 2.740 de las 6.000 nuevas plazas residenciales comprometidas», apuntan desde la Generalitat. Avanzan, asimismo, que se ha aprobado un nueva línea de subvenciones dotada con 10 millones de euros para financiar la construcción y reforma de nueve equipamientos sociales municipales, y otros 20 millones para modernizar las residencias del Departamento. A ello se añadirá, según añaden, la «construcción de ocho nuevas residencias públicas con fondos propios, con cerca de un millar de plazas adicionales en su conjunto, después de más de una década sin nuevas obras».

Sus padres han fallecido, pero Antoni Casas está dispuesto a seguir adelante con su lucha. Su denuncia ha comenzado a generar movimiento político. En el Parlament se han registrado preguntas sobre los protocolos de traslado entre residencias y la coordinación entre administraciones y se espera que en breve su denuncia también recale en el Ayuntamiento de Barcelona.

Por su parte, el Govern ha aprobado planes de refuerzo del sistema de dependencia y medidas para agilizar trámites, en un intento de reducir los tiempos de espera. Pero el anuncio convive con una realidad ya conocida por profesionales del sector: la administración de la dependencia no solo gestiona recursos, también administra el tiempo, y el tiempo —en estos casos— es un material irreversible.

El objetivo de la lucha de Casas ha dejado de ser el traslado de sus malogrados padres que nunca se produjo, se ha desplazado hacia otra forma de reparación: entender qué ocurrió en ese vacío administrativo y político, donde nadie firmó nunca nada. «Quiero que me digan a quién le competía resolver la situación y por qué no se adoptó ninguna resolución», apunta en declaraciones a este diario.

«Los procedimientos pueden esperar. Las personas, no», afirma. La frase queda suspendida como un eco que no pertenece solo a este expediente, sino a todos aquellos que se pierden en los meandros de la administración. Porque en el lenguaje de la burocracia todo puede quedar pendiente, excepto lo único que no admite prórroga: la vida.