Puigdemont puede regresar legalmente a España tras las decisiones judiciales que desbloquean su regreso nueve años después del referéndum de 2017 y de la proclamación unilateral de independencia. La resolución permite al expresidente de la Generalitat retomar una presencia pública que hasta ahora estaba condicionada por procedimientos penales y órdenes de detención emitidas en el marco del denominado procés.
Los pasos decisivos han partido del ámbito jurisdiccional: el Tribunal Supremo ha levantado la orden de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont, siguiendo instrucciones vinculadas al dictamen del Tribunal Constitucional. Paralelamente, la amnistía aprobada por las Cortes en 2024 fue valorada a su vez en clave europea, cuando el Tribunal de Justicia de la UE consideró que la medida encaja en el marco del derecho de la Unión, lo que reforzó la seguridad jurídica alrededor de su aplicación.
Estas resoluciones no solo afectan a Puigdemont: también tienen implicaciones para otros dirigentes vinculados al proceso independentista, entre ellos Oriol Junqueras, cuyos casos han quedado condicionados por las mismas decisiones judiciales. La ejecución práctica de la amnistía y de las medidas de gracia ha tardado más de lo previsto, pero el levantamiento de órdenes y la confirmación de la validez legal de la norma permiten ahora una transición de lo penal a lo político en la gestión del conflicto.
El desenlace judicial abre una nueva fase en la que el epicentro del debate se traslada al terreno político y parlamentario. Las autoridades, los partidos y la sociedad afrontan a partir de ahora la tarea de encauzar las discrepancias por vías institucionales y de negociación, con el cierre de un capítulo que durante años monopolizó los tribunales y que ahora permite centrar la discusión en propuestas y acuerdos en lugar de en procesos penales.
