No, jurídicamente la Unión Europea no puede expulsar a Hungría ni a ningún otro Estado miembro. Los tratados fundacionales de la UE no prevén mecanismos para ello, incluso si el Estado miembro vulnera de forma sistemática los valores democráticos sobre los que se construye la organización. Sin embargo, el deterioro del Estado de derecho en Hungría, su bloqueo a decisiones sobre Ucrania y su cercanía con Rusia han convertido una cuestión antes impensable en uno de los grandes debates políticos europeos.
La pregunta ha vuelto a cobrar fuerza ante las elecciones parlamentarias en Hungría de este 12 de abril. Tras dieciséis años en el poder, Viktor Orbán se enfrenta por primera vez a una oposición unificada y competitiva liderada por Péter Magyar y su partido, Tisza. El desgaste económico, la pérdida de apoyo entre los jóvenes y la corrupción han estrechado la carrera electoral. Sin embargo, el sistema político y electoral construido por Orbán sigue otorgando una ventaja decisiva a su partido, Fidesz, al sobrerrepresentar los distritos rurales donde la formación concentra su apoyo principal.
La Hungría de Orbán, un Estado iliberal
El giro autoritario de Hungría tomó forma en 2014, cuando Orbán defendió la creación de un “Estado iliberal”. Entre sus medidas destacan la reestructuración del sistema electoral para asegurar la mayoría de Fidesz, la subordinación de los jueces y la represión de la prensa crítica. Además, ha perseguido a ONG, ha atacado la libertad académica y ha promovido leyes como la de 2021 que prohíbe exponer a menores a contenidos LGTB. Según el índice de democracia V-Dem, impulsado desde la Universidad de Gotemburgo, Hungría ya no es una democracia, sino la primera “autocracia electoral” dentro la UE.
La notoriedad de Orbán también se extiende a la UE. El primer ministro húngaro acusa al bloque de interferir en Hungría y de imponer valores sociales y culturales “decadentes”, incluida una agenda de género en la educación. También rechaza la política migratoria europea y culpa a Bruselas de traer la guerra a Europa, poner en riesgo la economía y el suministro energético húngaro. Además, califica de “extorsión” la retención de fondos y responsabiliza a la burocracia europea de la crisis económica y de fracasos como el Pacto Verde. Todo ello, a su vez, forma parte del auge de la ultraderecha euroescéptica.
En Europa, los partidos euroescépticos y de ultraderecha han crecido de forma inédita, consolidándose como fuerzas de Gobierno o de oposición en Italia, Alemania o Francia. Orbán se ha convertido en uno de los líderes más visibles de este populismo radical, promoviendo con orgullo una “democracia iliberal” que desafía los valores democráticos occidentales y el orden constitucional europeo. Sus críticas a la UE y la defensa de este modelo han aislado a Hungría dentro del bloque. Sin embargo, también le han acercado a la Administración de Donald Trump en Estados Unidos. La reciente visita del vicepresidente J. D. Vance a Budapest para respaldar a Orbán refleja un apoyo explícito a sus ideas contrarias a la UE.
La cercanía con la Rusia de Vladímir Putin es otra fuente de fricción entre Hungría y sus socios europeos. De entrada, la dependencia energética húngara del gas y petróleo ruso condiciona su posición en la UE, con la que con frecuencia rechaza las sanciones a Rusia o las ayudas a Ucrania. Las alarmas se encendieron recientemente en Bruselas después de que se revelara que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, mantenía contactos regulares con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, e incluso le trasladaba información sobre asuntos sensibles debatidos con otros ministros europeos. A ello se suma la reciente filtración de una conversación en octubre de 2025, en plena negociación sobre el final de la guerra en Ucrania, en la que Orbán llegó a decirle a Putin que estaba “a su servicio para cualquier cosa”.
El vacío en los Tratados de la Unión Europea
En Bruselas preocupa no sólo una nueva victoria electoral de Orbán, sino también que el Gobierno dificulte una alternancia real o cuestione unos resultados adversos. Ante ese escenario, la idea de echar a Hungría suena como la solución más rápida frente a sus desafíos, pero la UE no puede expulsar a sus miembros. La arquitectura de la organización fue diseñada con una idea integradora y carece deliberadamente de una cláusula de expulsión. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) permite la salida de un Estado, pero de forma voluntaria y unilateral, como lo hizo el Reino Unido con el brexit.
Ante la imposibilidad de expulsar a un Estado miembro, la UE cuenta con el llamado “botón nuclear” del artículo 7 TUE. Este mecanismo fue diseñado para proteger los valores democráticos y sancionar violaciones graves del Estado de derecho. Este proceso permite suspender determinados derechos políticos del Estado infractor, incluido su derecho de voto en el Consejo de la UE. El Parlamento Europeo ha insistido varias veces en activar el artículo 7 contra Hungría. Sin embargo, su activación requiere la unanimidad del resto de Estados miembros. Durante años, el Gobierno polaco del partido Ley y Justicia protegió a Orbán mediante su veto. Actualmente, el principal obstáculo a esa unanimidad es el Gobierno eslovaco de Robert Fico, quien también se opone a las sanciones al gas y al petróleo rusos.
Ante la parálisis del artículo 7, Bruselas ha recurrido a la “asfixia financiera”. Desde 2022, la UE mantiene retenidos y congelados miles de millones de euros en fondos de cohesión destinados a Hungría. Esto se debe al incumplimiento por parte de Budapest de la carta de derechos europea y a la falta de avances sobre lucha contra la corrupción y la independencia de los medios. A medida que se acercan las elecciones de 2026, Hungría ya ha perdido de forma definitiva más de mil millones de euros por el vencimiento de plazos. Esto continúa empeorando una economía ya débil y presionando al Gobierno de Orbán.
La estrategia europea: aislar sin expulsar
Más que preparar una hipotética expulsión, la estrategia real de la UE es reducir la capacidad de Hungría para bloquear al resto. Se trata de la llamada la doctrina de los “Veintiséis contra uno”. Así, cuando Hungría amenaza con bloquear una decisión, el resto de socios opta por trasladar la medida a un formato intergubernamental o a un instrumento jurídico que no requiera unanimidad. Esta práctica ya se ha aplicado en decisiones sobre la ayuda militar a Ucrania y las sanciones contra Rusia. De este modo, Hungría sigue siendo miembro de la UE, pero pierde capacidad para influir en las decisiones más importantes.
A largo plazo, numerosos juristas europeos defienden una reforma de los tratados para evitar que un solo Estado pueda paralizar al conjunto de la Unión. Las propuestas más repetidas pasan por limitar el derecho de veto en política exterior, ampliar las votaciones por mayoría cualificada e introducir un mecanismo de suspensión prolongada o incluso de expulsión para aquellos países que vulneren de forma persistente los principios democráticos. No obstante, estas reformas requieren la unanimidad de los Estados miembros, incluida Hungría. Por tanto, mientras Orbán siga en el poder, la UE está atrapada en una paradoja: necesita cambiar sus reglas para responder al desafío húngaro, pero Hungría tiene que aceptar el cambio de reglas.
Las elecciones en Hungría impactarán en las instituciones europeas. El Parlamento Europeo ya ha calificado al país como un “régimen híbrido de autocracia electoral”. Ante una derrota de Fidesz, existe el miedo de que Orbán se niegue a aceptar los resultados. Si el partido Tisza de Péter Magyar triunfa este domingo y llega al poder, la Unión podría iniciar un proceso de normalización y desbloqueo de fondos. Pero si Orbán revalida su mandato o se aferra al poder mediante poderes extraordinarios o manipulación, la UE deberá elegir entre aceptar su parálisis estructural o intentar recurrir a medidas legales drásticas.
Fuente:
elordenmundial.com
