Cuando Próspera, una ciudad en la paradisiaca isla de Roatán (Honduras), fue calificada por el Gobierno hondureño como Zona de Empleo y Desarrollo Económico (“ZEDE”), en 2013, despertó mucho interés entre los inversores extranjeros. Esta figura jurídica relaja la supervisión del gobierno y la legislación para resultar más atractiva a las compañías que llegan de fuera.
Solo cuatro años después, en 2017, el magnate tecnológico Peter Thiel, fundador de PayPal y anterior CEO de la empresa de vigilancia digital masiva Palantir, firmó un acuerdo con el Gobierno hondureño para administrar allí un territorio bajo sus propias leyes. Estas estarían basadas en el common law y bajo la supervisión digital de jueces jubilados del estado de Arizona.
Así fue cómo se fundó Honduras Próspera Inc, que se anuncia en su página web como “un lugar para construir empresas, empleos y bitcoins, con leyes regulaciones e impuestos únicos”.
Una distopía hecha realidad
En su libro The Network State (2022), Balaji Srinivasan, exdirector de tecnología de la plataforma de compra venta de criptomonedas Coinbase, propone una suerte de manifiesto futurista que defiende la creación de entidades soberanas. Con su punto de partida en el ciberespacio, la idea es que que, de manera gradual, se materializarían en entornos físicos.
Este concepto del Estado-red supone la conversión de una comunidad digital en una acción colectiva con vocación política y moral. Mimetiza el proceso histórico de creación de naciones: conciencia nacional, líder-fundador, estructura enfocada en las finanzas y el deseo de una vida en común. No es el argumento de una distopía, sino el mayor anhelo de un grupo de tecnólogos de Silicon Valley.
Ética a la basura: los beneficios son primero
Existen actualmente 300 empresas y start-up operando en Próspera. Estas pueden elegir su propio marco regulatorio, en principio, de entre de las normas vigentes en cualquier país de la OCDE. La libre elección aminora el coste jurídico, no sin riesgos. Por ejemplo, la comercialización de pruebas médicas y los eventuales ensayos prescinden de la aprobación de agencias supervisoras internacionales.
El fenómeno se conoce como ethics dumping, que puede traducirse como “ética a la basura”. Las compañías se instalan en el Estado-red para reducir sus responsabilidades o saltarse otras a las que estarían obligadas en su país de origen.
Destaca el caso de la firma de biotecnología estadounidense Minicircle, que ha probado en personas terapias genéticas para modificar el ADN y rejuvenecer o aumentar la masa muscular. En Estados Unidos, estas prácticas requerirían la aprobación y supervisión de la FDA, la agencia de vigilancia del medicamento estadounidense. Serían años de inversión en abogados, laboratorios y seguridad médica. Pero Próspera Inc. ofrece un atajo que genera una ventaja competitiva real y un abismo de incertidumbre bioética.
Difícil para Honduras dar marcha atrás
La segunda clave de Próspera es la política fiscal. Los impuestos son mínimos en el territorio, mucho menores que en Honduras o en EE. UU. El manejo de criptomoneda está generalizado y la trazabilidad tiende a cero.
Quizá por eso, en 2022, la presidencia de Xiomara Castro intentó revertir este proyecto mediante la derogación de la ley de ZEDEs. Sin embargo, el aspirante a Estado-red hizo valer la regulación y la mediación ante la CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, una institución global del Banco Mundial centrada en la conciliación y el arbitraje de conflictos legales internacionales. El proceso fijaba un coste de 1 630 millones de dólares, una cifra inalcanzable para el gobierno hondureño, que se vio obligado a posponer la derogación sine die.
Groenlandia, Starbase y el reto democrático
Otro caso de disputa por la territorio es Groenlandia, objeto de deseo para ciertas empresas tecnológicas estadounidenses. La compañía Praxis, con más de 525 millones de dólares de inversores basados en criptomonedas y capital de riesgo, ha puesto sus ojos firmemente en esta isla para fundar allí lo que denomina su “primera Ciudad Digital”. Praxis ambiciona la gran isla como un laboratorio para construir sus soluciones de habitabilidad para la colonización espacial de la Luna y Marte.
Dentro de Estados Unidos, un ejemplo más es Starbase, una ciudad fundada en Texas por Elon Musk en torno a la industria de SpaceX. Por el momento, es un municipio oficial incorporado bajo la legislación estatal, por lo que debe cumplir con el marco constitucional de EE. UU. Sin embargo, aspira a ser una ciudad-Estado-red con soberanía y acción al margen de las reglas del modelo federal. Cuenta con un gobierno local electo por sus residentes registrados, bajo la figura de un alcalde y dos comisionados, todos de la empresa SpaceX. Las transacciones se realizan con dólares estadounidenses y en criptomonedas, y aplican impuestos sobre la propiedad (hasta 1,5 % bajo las leyes de Texas).
¿Dónde queda la soberanía popular?
El ascenso de la “globalización corporativa” se ha vinculado con la erosión de la democracia liberal. Los network states eluden el principio de soberanía popular y el bien común, en aras de objetivos corporativos estratégicos. Se podría decir que estamos ante el ascenso de un nuevo modelo de estatificación feudal, empaquetado bajo la retórica y estética de las empresas tecnológicas.
Próspera y Starbase son enclaves amurallados, propensos al lujo y de gran atractivo para nómadas digitales entusiasmados con la hiperproductividad. Esta amalgama de liberalismo económico y feudalismo, impulsada por el marketing y la falsa sensación de éxito e innovación, avanza en detrimento de la ética universal e, incluso, los derechos humanos. El reto institucional en el mundo democrático actual es enorme. ¿Estamos preparados?
Fuente:
theconversation.com
