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La guerra feroz que tiene declarada Núñez Feijóo al Gobierno, con la que da salida a su rabia y frustración, empieza a generalizarse en ciertos ambientes que se están aficionando al divertido deporte de atacar al Gobierno con argumentos bastos e infundados. Es verdad que, como deporte, es más barato que el polo y que cualquiera lo puede practicar desde el sofá de su casa, pero hace bastante daño a la convivencia democrática, porque induce a ciertas franjas de la sociedad a entrar en una guerra dura y, sobre todo, irracional que tensa a gran parte de la ciudadanía. Ya nos hemos acostumbrado a la crítica feroz e infundada de algunas Comunidades Autónomas, especialmente de la de Madrid y de su presidenta. El deporte lo ha continuado el antiguo Rey, cuyas declaraciones a Le Figaro solo se explican dentro de una campaña peligrosa contra su hijo, de la que es posible que salga trasquilado. Ahora, por segunda vez en poco tiempo, le ha tocado entrar en guerra al presidente de la Conferencia Episcopal, el Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.
Otra vez la Iglesia ultramontana en guerra con el Gobierno democrático, costumbre a la que cogieron el gusto en 1833
El Arzobispo Argüello (que no es Cardenal), en una entrevista en La Vanguardia en diciembre pasado, ya se lanzó a criticar al Gobierno con el mismo tono y argumentos que un partido político de oposición (véase Javier García Fernández: “Las lecciones de Derecho constitucional del Arzobispo Argüello”, Sistema Digital, 17 de diciembre de 2025). No contento con algunas reacciones críticas por entrar en un terreno que no debería ser el suyo, y quizá para reafirmarse frente a los Obispos catalanes y frente al ministro de la Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes, que se quejaron de esta intromisión política, el presidente del obispado español ha aprovechado la ocasión de su 129ª Asamblea Plenaria para volver a criticar al Gobierno.
En concreto, el Arzobispo Argüello, en medio de un discurso melifluo, atemporal y ajeno a los problemas de la sociedad española, deslizó las siguientes palabras:
“El Estado es aconfesional, pero el Gobierno tiende a tomar posturas «confesionales» en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales. Tiene también una mirada confesional sobre la historia, y selectiva sobre las víctimas. Manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción. Todo ello queriendo asegurar el control sobre los medios de comunicación. Es de mínima honradez reconocer que varias de estas características valdrían para casi todos los gobiernos. Todos tenemos pecado original, y el poder y el dinero son tentaciones muy fuertes. Por ello, renovamos nuestro compromiso de colaboración respetuosa y crítica con el Gobierno y los gobiernos. Hemos hablado en estos meses de inmigración, de vivienda, de educación, pero el interés prioritario de este Gobierno, el único en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros). Es justo reconocer la leal colaboración actual en la preparación de la visita del Papa”.
Antes de comentar esas inadecuadas palabras por el foro en que se pronunciaron, conviene preguntarse si el Arzobispo Argüello no tiene dos caras. Hace muy pocas semanas vimos al ministro Bolaños y al Defensor del Pueblo firmar un acuerdo para el resarcimiento de las víctimas de los abusos sexuales, y las fotos nos mostraban a unas personas en actitud seria pero amable que estaban cerrando jurídicamente una lacra para ciertos sectores de la sociedad española. Incluso cabía pensar que la Iglesia española estaría agradecida al Gobierno, que sin ninguna responsabilidad ha aceptado aparecer junto a los responsables de esa lacra para ayudar a las víctimas. Pues bien, de las palabras del Arzobispo Argüello (“forzar”) podemos deducir que este debió ir conducido por la Guardia Civil y esposado a la firma del acuerdo. Por eso son unas palabras que retratan a una persona en la que no se puede confiar.
Además de esta primera observación, el discurso del presidente de los Obispos muestra una concepción premoderna del mundo. Naturalmente que el Gobierno tiene que asegurar que el aborto, la eutanasia y todas las formas matrimoniales pueden practicarse libremente en España por parte de los ciudadanos que lo deseen, y ello no solo por razones ideológicas fundadas en el liberalismo, sino, sobre todo, por respeto a la Ley. La Ley, es decir, el Parlamento, ha regulado el aborto, la eutanasia y el matrimonio homosexual, y es deber del Gobierno que la Ley se cumpla frente a sectores minoritarios y medievales de la sociedad, apoyados por la Iglesia, que se rebelan contra el ordenamiento vigente y pretenden imponer a toda la sociedad sus convicciones premodernas, como si no hubiera otras igualmente válidas.
Eso es lo que Argüello, con argumentos de poca altura intelectual, reprocha al Gobierno como “criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales”. La Iglesia está en su derecho de sostener sus convicciones, por arcaicas que sean, pero no puede pretender en el siglo XXI seguir imponiéndolas a la sociedad entera. Y el Arzobispo Argüello lo pretende.
También llama la atención la alusión a mirada confesional sobre la historia, y selectiva sobre las víctimas, que deben referirse a las víctimas del bando rebelde en la Guerra Civil. ¿Habla en serio este Arzobispo de mirada confesional? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso molesta a la Iglesia que el Gobierno y el Parlamento organicen políticas de respeto y desagravio a las víctimas de la dictadura? Ya va siendo hora de que haya un gesto de piedad de la Iglesia hacia los cientos de miles de víctimas de Franco y de los franquistas, víctimas que incluyen casi una veintena de sacerdotes vascos fusilados y decenas de clérigos encarcelados.
Y lo que no es admisible es que, en la misma línea de la entrevista de La Vanguardia del pasado diciembre, el Arzobispo Argüello reproche al Gobierno “un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción”. Estas son palabras mayores y hay que pedir a este clérigo parlanchín que se disculpe. El Gobierno respeta la división de poderes, no así el Senado, en guerra inconstitucional con el Gobierno, ni el Poder Judicial, manipulado por la doble derecha policial y judicial.
Finalmente, el belicoso Arzobispo se queja de que no ha habido acuerdos con el Gobierno en materia de inmigración, de vivienda, de educación. Naturalmente. ¿Piensa este clérigo que la Iglesia es una sociedad universal que va a pactar con el Gobierno en materia de inmigración o de vivienda? Y si se pacta en materia de educación es para acabar con los privilegios de la educación concertada, que pronto anegará a la pública en algunas Comunidades Autónomas.
El discurso del Arzobispo Argüello no puede dejar tranquilo a ningún demócrata. Otra vez la Iglesia ultramontana en guerra con el Gobierno democrático, costumbre a la que cogieron el gusto en 1833. Ese discurso suscita algunos interrogantes:
¿Están de acuerdo todos los Obispos con un ataque tan furibundo y tan basto al Gobierno?
Si no lo están, ¿por qué se callan? En diciembre, ante la entrevista de La Vanguardia, los Obispos catalanes se desolidarizaron, pero al día de hoy nadie ha dicho nada.
¿Están de acuerdo los Obispos en situarse ya en el lado del Partido Popular y de Vox, como hace Argüello?
Por último, el mensaje agresivo y belicoso de Argüello, ¿se expresa solo en las reuniones de la Conferencia Episcopal o ha pasado ya a los púlpitos?
Fuente:
www.nuevatribuna.es
