La regularización impulsada por el Ejecutivo ha introducido un volumen significativo de trabajadores jóvenes en un mercado marcado por el envejecimiento. Los datos administrativos recogen que 337.900 personas regularizadas en este procedimiento extraordinario están empleadas y que el 55% de ellas tiene menos de 35 años. Es una presencia juvenil notablemente superior a la que registran el conjunto de afiliados extranjeros y la población laboral nacional de la misma franja de edad.
El informe difundido por la Seguridad Social y aportado por el equipo de Elma Saiz sitúa en el 37% la proporción de afiliados extranjeros empleados que son menores de 35 años, frente al 26% entre los trabajadores nacionales. Estas comparaciones muestran que la regularización está cambiando la pirámide por edad dentro del colectivo incorporado al empleo, con una concentración clara en cohortes más jóvenes.
El Ejecutivo subraya el efecto fiscal y contributivo de la formalización laboral: la salida de trabajadores de la economía sumergida implica un incremento de cotizaciones y de ingresos tributarios que, en perspectiva, pueden aliviar presiones sobre las cuentas públicas. Analistas y responsables públicos vinculan este aumento de aportaciones con una mayor capacidad de financiación de prestaciones, en un contexto en el que el reto demográfico condiciona el diseño de las pensiones y del gasto social.
Más allá de las cifras, la llegada de una masa de jóvenes trabajadores tiene implicaciones prácticas en sectores con vacantes y en la dinámica de contratación. La incorporación de personas en edad laboral temprana puede afectar a la oferta de empleo, la reposición de plantillas y la sostenibilidad de ciertos servicios. Todo ello sitúa a la medida de regularización como un elemento relevante para la evolución del mercado laboral español, tanto por su impacto inmediato en afiliaciones como por las consecuencias fiscales y sectoriales que se irán constatando en los próximos meses.
