La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado un proyecto de ley de reforma constitucional que busca otorgar a Córcega un estatus específico dentro de la Constitución. El texto fue aprobado el martes 23 de junio con 271 votos a favor y 202 en contra. En total, participaron 537 diputados y se registraron 64 abstenciones, por lo que se superó la mayoría requerida de 237 apoyos.
El resultado refleja una Asamblea Nacional profundamente dividida. Los partidos situados más a la derecha votaron mayoritariamente en contra, mientras que La Francia Insumisa (LFI) respaldó la iniciativa. Por su parte, el grupo Izquierda Demócrata y Republicana –asociado al Partido Comunista Francés– se dividió internamente. La diferencia final fue de 69 votos.
El proyecto deberá pasar ahora al Senado, donde será examinado tras el periodo estival. El procedimiento para modificar la Constitución francesa es especialmente estricto: el texto debe ser aprobado en idénticos términos por la Asamblea Nacional y el Senado, sin posibilidad de modificar una sola palabra.
Si ambas cámaras aprueban la misma versión, se convocará un Congreso en el Palacio de Versalles, en el que se reunirán los parlamentarios de las dos instituciones para votar la reforma. Su aprobación requerirá una mayoría de tres quintos.
De culminar con éxito todo el procedimiento, esta sería la segunda reforma constitucional emprendida en Francia durante los dos mandatos del presidente Emmanuel Macron.
La autonomía de Córcega, a debate
La iniciativa surgió como respuesta a la muerte en prisión del militante independentista corso Yvan Colonna en 2022. Colonna fue asesinado por otro recluso, Franck Elong Abé, radicalizado por el terrorismo islamista, quien presuntamente justificó el ataque acusándole de blasfemia. El asesinato desencadenó graves disturbios en la isla y llevó a París a abrir negociaciones sobre el futuro estatuto de Córcega con el objetivo de rebajar la tensión.
La reforma también ha reabierto un antiguo debate de la política nacional: la confrontación, heredada de la Revolución francesa, entre los montagnards –conocidos en español como Montañeses, la facción más radical que ocupaba los escaños más altos de la Asamblea Nacional– y los girondinos, un grupo político más moderado que abogaba por un modelo descentralizado y representaba a la burguesía provincial.
Los montagnards defendían una República homogénea y centralizada, en la que la igualdad implicaba la aplicación de las mismas normas en todo el territorio. Los girondinos, por el contrario, apostaban por un modelo descentralizado, en el que la voluntad general se expresara a través de asambleas locales y los departamentos fuesen como estados confederados.
Ese enfrentamiento histórico sigue presente en el debate actual entre quienes quieren una República plenamente unificada y quienes consideran necesario reconocer las particularidades territoriales.
En concreto, el proyecto impulsado por Emmanuel Macron incorpora un nuevo artículo 72-5 a la Constitución, en el que se reconoce la existencia de una “comunidad histórica, lingüística y cultural” con un “vínculo singular a su tierra”.
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Numerosos constitucionalistas advierten de que esta formulación podría romper el pacto republicano surgido en 1789 al introducir diferencias jurídicas entre ciudadanos. Sus detractores sostienen además que el reconocimiento legal de una comunidad corsa puede abrir la puerta al «comunitarismo» y entrar en tensión con el principio constitucional según el cual la República Francesa es “una e indivisible”.
Por el contrario, los defensores del proyecto consideran que Francia mantiene un modelo excesivamente centralizado y que el marco jurídico actual no refleja adecuadamente la realidad de algunos territorios. A su juicio, reconocer la identidad corsa en la Constitución no debilita la República, sino que puede reforzar el vínculo de la isla con Francia.
Además, recuerdan que no se trata de un precedente inédito, ya que territorios como la Polinesia Francesa, Martinica o Alsacia cuentan con regímenes específicos dentro del ordenamiento constitucional. Desde esta perspectiva, la reforma responde a una adaptación institucional a las características propias de Córcega.
Sin embargo, el texto inicial no logró generar consenso y fue objeto de diversas enmiendas durante su tramitación parlamentaria. La versión finalmente aprobada por la Asamblea Nacional, aun pendiente del visto bueno del Senado, establece en su artículo 72-5 lo siguiente:
“Córcega está dotada de un estatus de autonomía en el seno de la República, que tiene en cuenta sus intereses propios, ligados a sus características de isla mediterránea, al relieve montañoso y a su comunidad insular, histórica, lingüística y cultural, habiendo desarrollado un vínculo singular con la tierra corsa”.
Pese a la aprobación en la Asamblea Nacional, todo apunta a que la tramitación será más compleja de lo previsto. El Senado cuenta con una mayoría de partidos que ya han manifestado su oposición al proyecto.
Fuente:
www.descifrandolaguerra.es
