Justicia tardía por el «infierno» de Juanjo, el alguacil de las 56 tareas de Onzonilla

Ahora, una sentencia firme del Tribunal Superior Justicia de Castilla y León ratifica el fallo que dictó la magistrada Helena Antona en León: «Existió una clara conexión entre la acción suicida y el trabajo: el trabajo está en la base de la decisión de quitarse la vida». La sentencia recoge que las prestaciones de viudedad correspondientes por la muerte de Juanjo derivan de contingencia laboral, y condena además a la mutua a pagar seis mensualidades a su viuda. Una justicia póstuma que «ni de lejos» alivia el dolor de Blanca y Virginia, esposa e hija de Juanjo.

«La tragedia pudo haberse evitado con un poco de diligencia y humanidad por parte del empleador», lamenta José Sánchez Pérez, abogado granadino de esta familia rota desde el 21 de marzo de 2023, el fatídico día en que Juanjo no pudo seguir adelante.

El desencadenante de esta historia de angustia y temor a quedarse sin trabajo se había producido unos meses antes, en mayo de 2022: a Juanjo le abrieron un expediente sancionador por querer ayudar a una vecina que urgía una información sobre una licencia de obras de años atrás. Un papel intrascendente. Como no había responsable municipal que lo hiciera, echó él un garabato y puso el sello del Ayuntamiento. «Como tantas veces», señala el letrado. Le denunciaron y hasta fue detenido mientras trabajaba.

El Ayuntamiento de Onzonilla se personó en la causa y el alcalde «tomó la decisión de incoar expediente disciplinario e imponerle una medida preventiva sin haberlo dictaminado un juez». La Justicia terminó anulando esa sanción y dando la razón a Juanjo, pero el daño estaba hecho y aquella sentencia también llegó demasiado tarde, cuando él ya estaba sumido en un agujero negro de pena y ansiedad.

«Sin un pero»

En sus 32 años de servicio, «sin un pero», nadie se acordó de actualizar la categoría laboral ni la retribución mensual de este hombre. Aunque se le contrató en 1991 como operario de servicios múltiples, Juanjo «hacía un poco de todo» en un ayuntamiento en el que todos fueron asumiendo como normal la sobrecarga laboral. Así, extraoficialmente, al «alguacil de Onzonilla» se le fueron asignando hasta 56 tareas distintas, incluidas –«y sobre todo»- las administrativas y la atención al público. «Mi padre solo en un mostrador de siete metros y atendiendo dos teléfonos, y siempre queriendo ayudar a los vecinos», cuenta Virginia.

La sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de León recoge que «no se acreditó en el juicio la existencia de acoso u hostigamiento al trabajador», lo que no quiere decir que no se produjera, según explica el letrado de Juanjo. «Todo lo ocurrido puede encajar en el actual concepto de acoso, pero es más adecuado, y más simple, buscar un nexo causal con el trabajo para que se declare accidente laboral», dice José Sánchez Pérez, también profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Granada. En la sentencia, la jueza señala que «el fallecimiento del trabajador tiene como causa inmediata su trabajo».

Virginia tenía claro que el calvario laboral que vivió su padre en sus últimos meses fue lo que se lo llevó por delante. «Desde que le sancionaron con seis meses de suspensión de empleo y sueldo y apercibimiento de despido, y tras la detención, ya no levantó cabeza. Lo que le hicieron a partir de entonces sus compañeros, especialmente sus superiores, acabó con él y no tiene perdón».

Ni ella ni su madre olvidarán mientras vivan el día en que Juanjo llegó a casa y les contó que había llegado la Guardia Civil al Ayuntamiento de Onzonilla y lo habían detenido. 11 de mayo. Un miércoles. «Por orden de alguien», los agentes se presentaron allí mientras trabajaba y lo detuvieron. «Le preguntaron si era peligroso, porque en ese caso tenían pensado esposarle».

No cuesta mucho imaginar la angustia que asfixiaba a Juanjo cada vez que se veía señalado en Onzonilla, donde siempre vivió y trabajó, donde notaba cómo cuchicheaban a su paso, mientras él iba sumiéndose en una espiral de sufrimiento y tristeza infinita. Ya se sabe: ‘pueblo pequeño, infierno grande’. Juanjo, de baja, apenas se veía con fuerzas de salir a la calle.

Y hubo más gotas que siguieron colmando la insoportable pena de Juanjo: un periódico digital de León publicó como noticia la detención de un trabajador público. «Hasta publicó el nombre y los apellidos del investigado», lamentó hace unos días en sus redes sociales el abogado de la familia. Fácil hacerse una idea del impacto que esa publicación tuvo en la familia de este hombre menudo siempre sonriente, y en él mismo, cuya fragilidad mental estaba a punto de quebrarse del todo. «Fue el colmo, una campaña de desprestigio enorme contra su persona».

Cuenta Virginia que la angustia de su padre siguió creciendo. Que sintió cómo su entorno laboral le dio de lado. Así lo dejó escrito él. Contar con el apoyo incondicional de su familia no fue suficiente: su alegría caía en picado. «Nadie en el Ayuntamiento tuvo en cuenta los riesgos reales de su labor diaria». Y en los meses previos a su muerte, Juanjo no se veía capaz de volver a su trabajo. «Decía que no podía volver después de haber sufrido el descarte que se le hizo, como trabajador y como persona». Siguió de baja. Más recaídas. Le fue matando la tristeza, y en marzo de 2023 se lo llevó para siempre. «Se acabó todo», dijo su hermano cuando lo encontró muerto.

Pelea judicial

La sentencia que ahora trae justicia tardía a esta familia leonesa que ya no vive en Onzonilla es una de las pocas que han logrado acreditar en España el vínculo entre las situaciones de presión laboral y la muerte de un trabajador. El Ayuntamiento ni recurrió.

Blanca y Virginia están «contentas», todo lo contentas que se puede estar: «Seguimos destrozadas». «Nos han arruinado la vida, y eso debería tener unas consecuencias», dice su hija, que nunca entenderá cómo pudieron tratar a su padre así en el trabajo, ni el abandono de sus compañeros, ni tantas ausencias en el funeral. «Lo peor: la puñalada trapera de sus compañeros, tanta traición después de décadas trabajando allí».

No olvida su hija que aquellas navidades, las últimas de Juanjo, nadie lo llamó, ni lo invitaron a la cena de cada año, ni le llevaron la cesta que le correspondía. «Estaba de baja y le hicieron sentir que ya no existía para ellos. Ni una llamada, ni un cariño».

«Lo que pido es que mi padre no haya muerto por nada», dice Virginia. Que se esclarezcan las responsabilidades de todos los que contribuyeron a que mi padre se fuera consumiendo hasta rendirse. Confío en que esa gente con menos corazón del mundo un día pague por haber llevado al límite a mi padre, hasta hundirlo».

Las primeras batallas judiciales han dado la razón a la familia de Juanjo. Su muerte fue un accidente laboral. El tiempo dirá si estas dos mujeres deciden acudir a la vía penal y pedir a la Justicia que ponga todo «y a todos en el sitio que merecen».

«Acosar no puede ser gratis»

«Quitarse la vida fue la única vía de escape que encontró mi padre a tanto dolor innecesario, ¿cuánto hay que fallar como ser humano y como sociedad para llevar a una persona a tal límite?», se pregunta Virginia. Sentencias como la de la jueza Antona devuelven a esta familia la esperanza. «Le acusaron de falsedad documental quienes han falseado documentación en varias ocasiones, el propio ayuntamiento. Pedimos que acosar y llevar al límite a una persona no siga saliendo gratis».

Al conocer la dura historia de Juanjo, al que dejaron devastado por un asunto irrelevante, piensa una en un texto que escribió Bertolt Brecht: «Hay muchas maneras de matar. Pueden meterte un cuchillo en el vientre. Quitarte el pan. No curarte de una enfermedad. Meterte en una mala vivienda. Empujarte hasta el suicidio. Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo. Llevarte a la guerra… Y sólo lo primero está prohibido por nuestro Estado».