Existe una tentación recurrente en los debates estratégicos occidentales —tan simplista como peligrosa— que consiste en reducir el problema iraní a una ecuación de ingeniería militar: si las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz y Parchin pueden ser destruidas mediante munición anti-búnker de alta penetración, el problema habría sido resuelto. Esta lógica es no solo insuficiente sino radicalmente equivocada, y su aplicación acrítica ha generado ya suficiente desastre en Oriente Medio como para merecer, al menos, una reconsideración intelectual rigurosa.
El problema de Irán no es el problema de un Estado canalla convencional con ambiciones nucleares. Es el problema de un sistema de poder —el de la oligarquía yihadista instaurada en 1979— que ha aprendido a sobrevivir, reproducirse y proyectarse precisamente en los espacios grises donde la fuerza militar convencional occidental pierde eficacia.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) —en persa Sepah-e Pasdaran-e Enqelab-e Eslami— fundado por decreto del ayatolá Jomeini en mayo de 1979, no es, y conviene subrayarlo, una fuerza armada en el sentido convencional del término. Es, como han documentado el International Institute for Strategic Studies (IISS) en su edición de The Military Balance 2025, el Carnegie Endowment for International Peace y la RAND Corporation, un conglomerado político-militar-económico-terrorista sin precedentes en el mundo contemporáneo.
Se trata de una estructura que controla amplios sectores de la economía iraní, mantiene redes paramilitares a través de la milicia Basij —con entre 300.000 y 500.000 miembros activos y hasta once millones de reservistas según estimaciones del Departamento de Defensa estadounidense— y opera una extensa red de organizaciones aliadas, entre ellas Hamás, Hizbulá, los hutíes y diversas milicias proiraníes en Irak. Según el investigador Matthew Levitt, del Washington Institute for Near East Policy, esta red constituye “la infraestructura terrorista más sofisticada del mundo”.
Entender esta realidad es condición previa para cualquier análisis serio del conflicto actual en Oriente Medio y el Golfo.
La naturaleza híbrida del CGRI se manifiesta en varias dimensiones que se refuerzan entre sí. Cuenta con una Fuerza Terrestre de más de 120.000 efectivos; una Fuerza Aeroespacial responsable del programa de misiles balísticos y del desarrollo de drones; una Fuerza Naval, que llegó a disponer de capacidad para intentar bloquear el estrecho de Ormuz —por donde pasa alrededor del 20 % del petróleo mundial y cerca del 30 % del gas natural licuado— mediante lanchas rápidas, minisubmarinos y minas navales; y la Fuerza Al-Quds, la unidad encargada de las operaciones exteriores.
Esta última estuvo dirigida durante años por el general Qasem Soleimani y actualmente por Esmail Qaani. A ella se atribuye la planificación de atentados en varios continentes. A todo ello se suma el Basij, uno de los instrumentos represivos más duros del régimen.
Estados Unidos designó oficialmente al CGRI como Organización Terrorista Extranjera el 8 de abril de 2019, convirtiéndose en la primera entidad gubernamental de otro Estado en recibir esa clasificación.
El historial de violencia asociado a estas estructuras incluye numerosos atentados con miles de víctimas. Entre ellos se citan el ataque contra el bar El Descanso en Madrid en abril de 1985, con 18 víctimas mortales, o el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos. La investigación del fiscal argentino Alberto Nisman, asesinado en 2015 antes de presentar formalmente su denuncia, señaló que la cadena de mando de estos atentados conducía hasta Teherán.
El arsenal de misiles y drones iraní constituye el núcleo central de sus capacidades ofensivas. El IISS y el Center for Strategic and International Studies (CSIS) sitúan a Irán entre los países con mayor variedad y volumen de misiles balísticos operativos.
Entre ellos destaca el Sejjil-2, de combustible sólido y dos etapas, con un alcance estimado de entre 2.000 y 2.500 kilómetros. También el Khorramshahr-4, presentado en 2023, que incorpora una ojiva de reentrada maniobrable que dificulta su intercepción incluso por sistemas avanzados como el THAAD estadounidense.
A ello se suma el misil hipersónico Fattah, presentado en junio de 2023 con velocidades declaradas entre Mach 13 y Mach 15 —es decir, entre 16.000 y 22.000 kilómetros por hora—, así como el desarrollo de tecnologías de vehículos hipersónicos de planeo con asistencia tecnológica china y norcoreana. Estos sistemas representan un desafío considerable para los actuales sistemas de defensa antimisiles.
Según diversas informaciones, ataques combinados de Israel y Estados Unidos habrían destruido más del 60 % de las lanzaderas de misiles y drones iraníes.
La revolución táctica más importante de la última década, sin embargo, se encuentra en el ámbito de los drones. Sistemas como el Shahed-136, el más avanzado Shahed-238 o la munición merodeadora Hadid-110 combinan largo alcance —hasta unos 2.000 kilómetros— con una carga explosiva de 40 a 50 kilogramos y un coste unitario estimado entre 20.000 y 50.000 dólares.
El verdadero problema es el coste de interceptarlos. Cada misil Patriot cuesta entre 3,5 y 7 millones de dólares según el modelo; los sistemas israelíes Arrow 2 y Arrow 3 entre 2 y 4 millones; los THAAD estadounidenses entre 12 y 27 millones; y los interceptores del sistema AEGIS, como los instalados en fragatas españolas F-100 y F-110, pueden costar entre 9,7 y 45 millones de dólares.
La dimensión nuclear añade un nivel adicional de riesgo. El Annual Threat Assessment de 2024 del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos concluyó que Irán había acumulado suficiente uranio enriquecido al 70 % para producir material fisible suficiente para entre tres y cinco armas nucleares en cuestión de semanas.
El denominado breakout time, es decir, el tiempo que separa la decisión política de fabricar un arma nuclear de la obtención del primer dispositivo, se habría reducido —según estimaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)— a menos de dos semanas. Cuando se firmó el acuerdo nuclear JCPOA en 2015, ese plazo era de aproximadamente un año.
La combinación de un arsenal de misiles de largo alcance —capaz de alcanzar gran parte de Europa meridional y zonas de Europa central y oriental— con una capacidad nuclear emergente constituye una de las ecuaciones estratégicas más perturbadoras del actual sistema internacional.
En paralelo, Rusia ha utilizado más de 3.000 drones Shahed, rebautizados como Geran-2, contra infraestructuras civiles ucranianas desde septiembre de 2022. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha descrito estos sistemas como “el arma asimétrica más relevante del momento actual”.
La lógica económica es clara: Irán puede producir estos drones en serie por decenas de millones de dólares, mientras que interceptarlos mediante sistemas Patriot o Arrow puede costar cientos de millones.
El ataque del 13 y 14 de abril de 2024, denominado Operación Promesa Verdadera, en el que Irán lanzó más de 300 proyectiles contra Israel, fue el primer ataque directo de Estado a Estado entre ambos países y demostró que ningún sistema antimisiles garantiza una interceptación total frente a un volumen de fuego suficientemente alto.
En este punto aparece lo que el politólogo Kenneth Pollack, del Brookings Institution, denomina el problema del “Day After”. Una intervención militar contra Irán que no vaya acompañada de un plan político creíble para el periodo posterior al conflicto no resolvería el problema iraní: simplemente lo transformaría en otro probablemente más complejo.
Irán no es Irak. Se trata de un Estado de unos 90 millones de habitantes, con una identidad nacional muy anterior al régimen islámico, una amplia clase media urbana que ya ha protagonizado protestas significativas en 2009, 2019 y 2022-2023, una diáspora influyente en Occidente y una historia civilizatoria milenaria.
La destrucción del aparato represivo del régimen —incluso si fuera militarmente posible— podría crear un vacío institucional en un país multiétnico donde los persas representan alrededor del 60 % de la población. Minorías como la azerí, kurda, árabe del Juzestán o baluchi podrían activar dinámicas de fragmentación territorial.
Alentar estas tendencias desde el exterior sería, según el autor, una estrategia extremadamente arriesgada.
Por ello, el problema iraní exigiría una respuesta que combine al menos cuatro dimensiones: un proceso de despasdaranización de la economía para reducir el control del CGRI sobre sectores estratégicos; el diseño de una arquitectura regional de seguridad que gestione el equilibrio en el arco chií desde el Líbano hasta Yemen; mecanismos de integración real de las minorías étnicas; y una narrativa de legitimidad nacional que no se identifique ni con el régimen islámico ni con la nostalgia de la monarquía del sha depuesto, sino con la tradición histórica de la civilización persa.
Sin una respuesta articulada en estas cuatro dimensiones, cualquier intervención militar —por eficaz que sea desde el punto de vista táctico— podría dejar en pie a un régimen gravemente debilitado, pero aún peligroso.
En el peor de los escenarios, podría incluso conducir a un Irán nuclear en proceso de desintegración, una de las situaciones más peligrosas que podrían plantearse para la estabilidad del orden internacional en el siglo XXI.
Source:
www.atalayar.com
