A mediodía de este jueves, cinco familias de jóvenes asesinados a manos de otros menores acudieron al Congreso de los Diputados para registrar más de 130.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org. Cargando con cajas que simbolizan el peso de todos … esos apoyos ciudadanos, estos padres y madres reclaman a los partidos políticos reformar la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), que se aprobó hace más de 25 años. Estas cinco y muchas más familias de víctimas creen que las medidas que contempla la norma están obsoletas y que son «insuficientes», porque, se duelen, en ocasiones se limitan al internamiento en régimen cerrado de los condenados.
Juan Guerrero tenía 18 años y vivía en Tárrega, Barcelona. Fue asesinado el año pasado presuntamente por un menor de 17 años. Le asestó dos puñaladas en el corazón cuando salía de su casa. Una de ellas, le reventó el ventrículo derecho y le perforó el otro. Los médicos no pudieron salvar su vida. Su madre, Silvia Guerrero, ha contenido las lágrimas este mediodía para explicar que la normativa vigente no responde adecuadamente a la gravedad de determinados delitos cometidos por menores que, según señala, actúan con un alto grado de madurez. «No hay discusión», dice esta madre, que subraya así que el menor que mató a su niño no tenía intención intimidatoria y sabía bien dónde atacar: «Si hubiera querido asustar, habría atacado a una pierna o a un brazo, pero fue al corazón».
La LORPM diferencia el internamiento de régimen cerrado –medida más dura– en dos franjas de edad. Entre los 14 y 15 años, el internamiento puede ir desde un año a cinco máximo. Luego, de los 16 a 17, el encierro puede alcanzar hasta los ocho años. La norma desarrolla además diferentes grados de correctivos como varios tipos de internamiento hasta las amonestaciones, la libertad vigilada o la asistencia a centro de día, entre otros.
La entrega de las firmas coincide con una fecha significativa para esta familia: mañana Juan habría cumplido 19 años. Sus padres han logrado sumar a esta causa más de 65.000 firmas. Pero son más las familias que llevan meses luchando. «Estamos aquí reunidos para exigir que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta y que las condenas sean más altas y en regímenes cerrados —dice Guerrero—. No podemos tolerar que, mientras la ley del adulto parte de penas más elevadas, la ley del menor contemple máximos de entre cinco y ocho años y, en muchos casos, regímenes semiabiertos que permiten salir del centro».
Revisar la condena a los delitos más graves
A su juicio, esto resulta «intolerable» cuando se trata de delitos como el asesinato o la violación, porque considera que no se está respondiendo con la gravedad que merecen. Estas cinco familias insisten en que la clave está en que «a delitos graves correspondan condenas a la altura de esos delitos».
Guerrero ha explicado el dolor irreparable de los familiares de las víctimas. «Mi hijo ya no volverá a salir del cementerio». Los impulsores de la iniciativa no comprenden que quienes han cometido crímenes tan graves puedan recuperar la libertad incluso en la primera etapa de cumplimiento de condena. Y denuncian que, en ocasiones, «parece que tienen más derechos los asesinos que las víctimas». En este sentido, los Guerrero entienden el objetivo de reeducación de la ley pero, en nombre de todos, pide justicia para quienes cometen los delitos más graves. «El árbol se riega cuando es pequeño para que no se tuerza de mayor», dice.
En actualización
Estamos trabajando en ampliar la información.
Fuente:
www.abc.es
