Según confirmó la CNN el miércoles 22 de julio, el juez Alvin Hellerstein, a cargo del procedimiento contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y la diputada nacional Cilia Flores, fijó el 1 de junio de 2027 como fecha para el inicio del juicio contra ambos.
La reciente audiencia es la tercera en la que comparecen ambos, habiéndose declarado inocentes en la primera –celebrada el 5 de enero– y habiendo insistido el mandatario en presentarse como “prisionero de guerra”. Pese a ello, el juicio de Nicolás Maduro parece seguir avanzando.
Barry Pollack, abogado defensor que anteriormente representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se ha mostrado confiado en que el juicio no volverá a aplazarse y pueda celebrarse antes de que finalice el verano de 2027.
La defensa en el juicio de Nicolás Maduro
La defensa de Nicolás Maduro se apoya en dos argumentos principales. El primero consiste en cuestionar la legalidad misma de su secuestro, alegando que su traslado a Estados Unidos vulneró el derecho internacional.
Considerando los posicionamientos anteriores de la Corte Suprema, es posible que esta vía no prospere, pues previamente se ha establecido que una detención irregular en el extranjero no impide el enjuiciamiento del acusado ante tribunales federales.
El segundo argumento se centra en la inmunidad de la que habría de gozar Nicolás Maduro en tanto jefe de Estado. En 1812, la Corte Suprema afirmó que la persona del soberano no podía ser arrestada en territorio extranjero.
El abogado Barry Pollack ha adelantado que presentará una primera batería de mociones para solicitar el archivo del procedimiento sobre esa misma base. Si el tribunal aceptara este planteamiento, el resto del calendario procesal quedaría sin efecto.
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No obstante, ese principio quedó condicionado por un precedente más reciente. En el caso Zivotofsky vs Kerry (2015), el tribunal estableció que corresponde exclusivamente al presidente de Estados Unidos reconocer a los gobiernos extranjeros. Desde 2019, ni Donald Trump ni Joe Biden han reconocido a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, lo que podría debilitar esta línea de defensa.
En cualquier caso, Pollack presentará efectivamente esa primera batería para intentar poner un punto de cierre anticipado al proceso. La acusación contra el dirigente latinoamericano se centra en supuestos actos de “narcoterrorismo” e importación de cocaína; en el caso de Cilia Flores, se le acusa de delitos de importación de drogas y posesión de armas.
El entorno de Maduro, así como una porción sustancial del chavismo, ha optado por presentar el proceso como una persecución política en lugar de como un procedimiento penal ordinario.
Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ha denunciado públicamente un «juicio injusto» y ha encabezado actos de apoyo organizados por militantes del PSUV en Caracas. A ello se suman pequeñas concentraciones de simpatizantes a las puertas del tribunal en Nueva York.
Trump avanza en Venezuela
Paralelamente, como parte de una estrategia de separación de la figura de Nicolás Maduro respecto al nuevo gobierno liderado por Delcy Rodríguez, la administración Trump ha solicitado a un tribunal federal de Florida que reconozca la inmunidad de la presidenta venezolana y desestime la demanda civil presentada contra ella por varios ciudadanos estadounidenses.
La petición fue formulada por el Departamento de Justicia después de que el Departamento de Estado certificara oficialmente que reconoce a Rodríguez como jefa de Estado desde marzo.
Según la narrativa norteamericana, su inmunidad responde tanto a criterios de derecho internacional como a consideraciones de política exterior, por lo que instó a actuar con rapidez para evitar que continúe el procedimiento judicial.
La demanda, presentada en Miami, acusa a altos dirigentes venezolanos de secuestros, torturas y terrorismo. Aunque un juez ya condenó a varios de los demandados a pagar una millonaria indemnización, Rodríguez quedó excluida del fallo gracias al reconocimiento de su inmunidad soberana… la misma inmunidad que Washington rehúsa conceder a Maduro.
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A su vez, un anuncio conjunto realizado el 14 de julio por la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez y la denominada Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, confirmó el inicio de un proceso de diálogo interno impulsado por Washington.
Oficialmente, las conversaciones buscan coordinar la reconstrucción tras el doble terremoto, fortalecer las instituciones y abordar una eventual reforma del sistema electoral. Sin embargo, el acuerdo también consagró la nueva estrategia de la Casa Blanca hacia Venezuela.
De este proceso fue excluida María Corina Machado, líder antichavista que acompañó a Edmundo González en las elecciones de 2024, y que pocos días antes había promovido el denominado Manifiesto de Panamá con la intención de liderar cualquier futura negociación política.
Más allá del juicio de Nicolás Maduro, Washington parece haber optado por una vía que deja fuera de juego a Machado, privilegiando un entendimiento con sectores institucionales y relegando a quienes considera menos funcionales para preservar la el statu quo alcanzado tras el secuestro de enero.
Fuente:
www.descifrandolaguerra.es
