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Maurice Halbwachs sostiene que la memoria nunca consiste en una simple conservación del pasado, sino, por el contrario, en una reconstrucción elaborada desde las preocupaciones del presente. En este sentido, recordar no implica recuperar un hecho tal como fue, sino en todo caso volver a darle forma a partir de marcos sociales, culturales y políticos que organizan lo recordable, lo decible y también lo silenciable. De este modo, esta afirmación desplaza la memoria del terreno de la fidelidad hacia el de la construcción: ya no se trata de cuánto se recuerda, sino de cómo y desde dónde se recuerda.
La disputa en torno a su memoria ya no puede pensarse sólo en términos de contenidos —qué se recuerda, qué se niega, qué se reivindica—, sino también como una disputa por el lenguaje mismo
Cada generación, en efecto, relee los acontecimientos heredados a partir de nuevas preguntas, sensibilidades y disputas. Por eso mismo, la memoria colectiva no puede pensarse como un depósito inmóvil de experiencias pasadas, sino en definitiva como un proceso dinámico de reinterpretación histórica que se actualiza en función de las condiciones del presente. En ese movimiento, el pasado, lejos de permanecer clausurado, vuelve una y otra vez como materia de disputa, precisamente porque su sentido nunca queda fijado de manera definitiva.
Sin embargo, esa reconstrucción no se produce en el vacío, sino que tiene lugar dentro de marcos de inteligibilidad que no sólo organizan el recuerdo, sino que también delimitan sus condiciones de posibilidad. Son esos esquemas los que establecen qué aspectos del pasado adquieren centralidad, qué denominaciones se legitiman, qué experiencias logran hacerse públicas y cuáles quedan relegadas al silencio o a posiciones marginales. En este sentido, la memoria no se limita a evocar: también clasifica, jerarquiza y deja afuera.
En el caso argentino, la memoria de la última dictadura militar ha estado atravesada —y continúa estándolo— por controversias persistentes en torno al sentido del pasado reciente, ya que no sólo se trata de cómo nombrar lo ocurrido entre 1976 y 1983, sino también de cómo interpretar la violencia política, qué relación establecer entre memoria y justicia y qué lugar asignarle a ese pasado en la definición de la democracia contemporánea; en este contexto todas estas preguntas no remiten únicamente a un ejercicio historiográfico, sino que, más bien, se inscriben en disputas activas por el sentido del presente.
A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, no sólo puede observarse la persistencia de esa memoria, sino también un efecto más profundo: la conformación de un vocabulario político que no se limita a describir el pasado, sino que interviene activamente en la organización de lo decible en el presente. En este sentido, el golpe no sólo produjo una ruptura institucional y una experiencia traumática, sino que también dio lugar a un conjunto de palabras que, con el tiempo, dejaron de funcionar como simples categorías históricas para convertirse en verdaderos operadores de legitimidad. Así, términos como “dictadura”, “terrorismo de Estado”, “derechos humanos” o “memoria” no se limitan a nombrar, sino que también clasifican, jerarquizan y ordenan el campo político, en tanto funcionan como marcas que delimitan lo aceptable y lo inaceptable, lo legítimo y lo ilegítimo, lo decible y lo indecible. De este modo, en ese desplazamiento, el lenguaje deja de aparecer como un instrumento neutro para pasar a constituirse como una dimensión central —y constitutiva— de la política.
La hipótesis que orienta este artículo es que el golpe de 1976 no sólo produjo una transformación política, sino también —y de manera menos evidente— una transformación del lenguaje: dio lugar a un léxico moral que reorganizó la forma en que la democracia argentina se piensa a sí misma, delimita sus fronteras y establece sus criterios de legitimidad. A partir de la vuelta democrática de 1983, ciertas palabras comenzaron a consolidarse como núcleos de sentido que estructuraron el espacio público; y en ese proceso, el pasado reciente no sólo fue recordado, sino también codificado en un sistema de significados que tendió a presentarse como evidente, casi como si su sentido estuviera dado de antemano y no fuera el resultado de una construcción histórica.
Para acercarse a esta reconfiguración, puede resultar sugerente poner en diálogo la teoría de la memoria de Halbwachs con la reflexión de Roland Barthes sobre el mito. En Mitologías, Barthes describe el mito como un tipo de discurso que transforma lo histórico en natural, que va borrando las huellas de su propia producción y presenta sus significados como si fueran evidentes. Dicho de otro modo, el mito no oculta la realidad; más precisamente la reorganiza en un régimen de evidencia. No niega la historia, sino que la vuelve innecesaria como problema, y es ahí donde se juega su eficacia. El mito no impone un contenido falso, sino que va produciendo una forma de percepción en la que lo histórico deja de aparecer como contingente. De este modo, lo que es resultado de un proceso empieza a percibirse como dado; lo que alguna vez fue objeto de disputa se presenta como consenso; y aquello que tuvo condiciones específicas de emergencia termina por naturalizarse, como si siempre hubiera estado ahí.
Llevada al caso argentino, esta perspectiva permite ver cómo ciertas palabras que surgieron en los primeros años de la democracia recuperada no sólo fueron ganando centralidad, sino que terminaron por imponerse como formas casi incuestionables de nombrar lo real. De modo que no se trata simplemente de su frecuencia, sino de algo bastante más profundo, es decir fueron adquiriendo una densidad tal que empezaron a estructurar la percepción misma del pasado.
En este punto aparece un problema que está lejos de ser menor, porque la dictadura no sólo dejó tras de sí una experiencia de violencia extrema, sino también una dificultad muy concreta en torno a cómo nombrarla. En efecto, no era lo mismo decir una cosa u otra: se trataba de definir de qué manera denominar lo ocurrido y, al mismo tiempo, de cómo hacerlo inteligible en el espacio público sin banalizarlo ni vaciarlo de sentido. Por eso, estas preguntas no fueron simplemente descriptivas, sino que pusieron en juego decisiones políticas sobre el significado que ese pasado iba a adquirir.
En este marco, el retorno institucional de 1983 no puede pensarse únicamente como la restauración de un orden político, sino también como la puesta en marcha de un régimen de significación sobre el pasado reciente, en el que el lenguaje no operó como un simple reflejo de lo ocurrido, sino como una instancia activa en su interpretación. Nombrar implicó —e implica— establecer categorías, fijar responsabilidades, delimitar víctimas y victimarios, y, a la vez, construir un relato capaz de volver inteligible una experiencia límite.
Así, el informe “Nunca Más” y el juicio a las juntas militares operaron como momentos decisivos, en tanto ambos contribuyeron a fijar un repertorio de términos que estructuraron la comprensión social de la dictadura. De este modo, palabras como “desaparecidos”, “centros clandestinos”, “represión ilegal” o “terrorismo de Estado” no sólo comenzaron a circular con mayor intensidad, sino que también se consolidaron como formas privilegiadas —y, en buena medida, autorizadas— de nombrar lo ocurrido.
En este marco, estas categorías no sólo permitieron describir hechos, sino que, con el tiempo, terminaron organizando una manera de ver, en la medida en que fueron delimitando qué debía entenderse como crimen, quién podía ser reconocido como víctima y dónde se ubicaba la responsabilidad estatal. En ese movimiento, la dictadura dejó de aparecer como un episodio más dentro de la historia argentina para convertirse en una figura límite, en el nombre de aquello que no puede reingresar sin fricción en el orden democrático.
A partir de allí, el lenguaje de los derechos humanos adquirió un lugar central, ya que su incorporación no sólo permitió inscribir la experiencia argentina en un horizonte normativo más amplio, sino que también reconfiguró la gramática misma de la legitimidad política. Así, “derechos humanos” dejó de funcionar como una categoría técnica para convertirse en un principio desde el cual leer el pasado y, al mismo tiempo, en un criterio desde el cual evaluar el presente. En consecuencia, la memoria dejó de ser únicamente un ejercicio de reconstrucción para asumir un carácter marcadamente normativo, de modo tal que recordar dejó de ser sólo una operación cognitiva para convertirse también en una exigencia moral. Y en ese proceso —tan eficaz como poco visible— el lenguaje de la memoria dejó de limitarse a describir y empezó a indicar, a orientar, a establecer qué debía ser dicho, cómo y desde dónde.
Con el paso del tiempo, este conjunto de palabras fue adquiriendo una estabilidad cada vez mayor, ya que lo que en un primer momento formaba parte de disputas intensas comenzó a consolidarse como un vocabulario ampliamente compartido. En particular, a partir de la década de 1990 y, con mayor intensidad, en los años 2.000, términos como “memoria”, “verdad” y “justicia” se integraron en una gramática política que trascendió los ámbitos militantes y jurídicos para instalarse en el lenguaje común. Sin embargo, esta estabilización no implicó la desaparición del conflicto; por el contrario, supuso su reorganización, en la medida en que las disputas no desaparecieron, sino que comenzaron a desarrollarse dentro de un marco lingüístico que ya delimitaba de antemano sus condiciones de posibilidad. En este sentido, no se discutía fuera de ese lenguaje, sino a través de él.
Desde esta perspectiva, este proceso puede ser analizado, siguiendo a Barthes, como una transformación de los signos en mito, dado que, en un primer nivel, palabras como “dictadura” o “memoria” remiten a experiencias históricas concretas, pero, en un segundo nivel, adquieren una dimensión normativa que las convierte en evidencias. De este modo, ya no sólo significan, sino que orientan la producción y circulación de esos sentidos en el espacio público, delimitando sus posibles interpretaciones; y ya no sólo describen, sino que también prescriben las formas legítimas de comprenderlos.
Es justamente en ese movimiento donde se juega la eficacia del léxico moral, en su capacidad para ir borrando las huellas de su propia producción, ya que se trata de palabras que tienen una historia concreta y que surgieron en medio de disputas muy específicas, pero que, con el tiempo, empiezan a aparecer como si siempre hubieran estado ahí, como si su sentido fuera inmediato. En ese proceso, lo que las hizo posibles —las condiciones, los conflictos, las decisiones— se vuelve cada vez menos visible, mientras que su autoridad se afirma y se vuelve más difícil de poner en cuestión.
En este contexto, el lenguaje de la memoria no sólo organiza lo que se recuerda, sino también aquello que se presenta como evidente, en tanto establece qué puede enunciarse sin necesidad de justificación y qué, en cambio, exige ser explicado, así como qué aparece como obvio y qué como problemático. De este modo, no sólo ordena el pasado, sino que incide directamente en el presente.
Ahora bien, esa naturalización nunca se completa del todo, ya que el léxico moral de la democracia argentina sigue siendo un espacio atravesado por tensiones, precisamente porque su carácter histórico no se borra por completo. Así, distintos actores políticos vuelven sobre esas palabras, las resignifican, las desplazan y las someten a nuevas disputas; y, sin embargo, allí se advierte su potencia, en la medida en que la discusión no ocurre por fuera de ese lenguaje, sino en su interior.
A su vez, con el paso del tiempo y el aumento de la distancia respecto del golpe de 1976, este proceso se vuelve aún más visible, dado que la desaparición de los testigos directos no supone la pérdida de la memoria, sino su transformación. En efecto, lo que se transmite ya no es únicamente la experiencia vivida, sino también los modos de nombrarla, de modo que, en ese tránsito, el léxico moral no sólo habilita el recuerdo, sino que, en cierta medida, pasa a ocupar el lugar de aquello mismo que busca transmitir.
Desde esta perspectiva, el golpe de 1976 puede leerse no sólo como un acontecimiento político, sino como el punto de emergencia de una determinada economía del sentido que continúa operando en el presente, ya que la democracia que se consolida tras 1983 no se define exclusivamente por sus instituciones, sino también por el lenguaje que contribuyó a fijar qué cuenta como verdad, qué se reconoce como evidencia y cuáles son sus límites. En este sentido, pensar este proceso no supone relativizar la gravedad de la dictadura, sino que, en rigor, permite comprender que su memoria no existe por fuera del lenguaje que la vuelve posible, en la medida en que la memoria no se limita a conservar, sino que también produce, y aquello que produce no es sólo relato, sino también criterios, formas de validación y modos de juzgar.
A cincuenta años del golpe de 1976, la disputa en torno a su memoria ya no puede pensarse sólo en términos de contenidos —qué se recuerda, qué se niega, qué se reivindica—, sino también como una disputa por el lenguaje mismo, ya que lo que está en juego no es únicamente la interpretación del pasado, sino el estatuto de las palabras que lo hacen inteligible. En efecto, si el ciclo democrático iniciado en 1983 logró estabilizar un léxico capaz de organizar la condena de la dictadura como evidencia moral, hoy ese léxico ha dejado de ser un suelo indiscutido.
En este escenario, algunas intervenciones recientes en el ámbito estatal argentino —como ciertas definiciones en materia de derechos humanos durante el gobierno de Javier Milei— permiten leer este corrimiento, en tanto no se trata sólo de nuevas posiciones sobre el pasado, sino de una intervención sobre el lenguaje que lo había estabilizado. Así, términos que durante décadas funcionaron como referencias compartidas comienzan a correrse, a tensarse y a perder su carácter de evidencia, de modo que lo que se reabre no es únicamente el debate sobre los hechos, sino también sobre las condiciones mismas que habían fijado su sentido.
En este punto, la lectura de Barthes ayuda a afinar la mirada, ya que el mito no oculta la historia, sino que la vuelve natural, y, cuando esa naturalidad empieza a resquebrajarse, el lenguaje deja de parecer transparente y vuelve a mostrar su carácter construido. En ese contexto, los discursos que hoy tensionan el lenguaje de la memoria no sólo discuten el pasado, sino que también ponen en cuestión la forma en que ese pasado había llegado a presentarse como evidente.
Por eso, lo que emerge no es tanto la desaparición del léxico moral como su desnaturalización, en la medida en que las palabras vuelven a dejar ver su espesor histórico, se reinsertan en la disputa y, en ese mismo movimiento, reactivan la dimensión política del sentido. Así, si durante décadas el lenguaje de la memoria funcionó como un suelo relativamente estable, hoy vuelve a aparecer como un terreno más incierto.
Y es ahí donde se juega algo más profundo que la memoria del pasado: se juega la forma en que una sociedad define lo que puede decir, lo que puede pensar y aquello que está dispuesta a reconocer como legítimo.
Fuente:
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