En las estrategias de defensa frente a acusaciones de corrupción suelen prevalecer algunas pautas casi ineludibles, algo similar a las conocidas fases del duelo. Tienden a ser las siguientes: 1) negación: “Todo es falso” y/o “habrá que esperar hasta que haya sentencia firme”; 2) Si comienzan a aparecer evidencias, se pasa a minimizarlo: “Son hechos aislados y afectan a personas concretas, no al partido o al gobierno”, lo cual implica un reconocimiento parcial; en consecuencia, 3) apartamiento de los responsables; y, por último, 4) promesa de regeneración: “Hemos tomado nota y vamos a impulsar un mayor control de la corrupción”, que viene a ser una suerte de penitencia por el pecado cometido. Si aun así el escándalo persiste, cabe añadirle otras dos fases alternativas: 5) externalización de la responsabilidad mediante el recurso al “y tú más”; o, de modo alternativo, 6) victimización: la denuncia de una supuesta “conspiración mediático-judicial” (Óscar López) dirigida contra el partido o el Gobierno “por medios no democráticos” (Óscar Puente).
Si observamos lo ocurrido desde el estallido del caso Ábalos/Koldo, que enseguida afectó a Cerdán, se siguieron casi al pie de la letra las cuatro primeras fases. El caso Leire, ocurrido casi al mismo tiempo que el que afecta a Zapatero, en ambos casos a cargo de jueces de reconocido prestigio, ha conducido de modo directo al punto 6. Como sucede con toda teoría de la conspiración promovida desde el ámbito partidista, el objetivo parece ser ante todo mantener la cohesión de sus seguidores, ofrecerles un paliativo frente al impacto de los acontecimientos. Comparte con otras teorías de la misma naturaleza el presuponer que existen poderes ocultos perfectamente coordinados, así como una notable resistencia a su refutación. ¿De qué evidencias disponen quienes sostienen estas acusaciones para afirmar que tal conspiración existe en realidad?
Lo peor, sin embargo, es que es la forma de defensa más peligrosa para un sistema democrático, ya que pone en cuestión la integridad misma del sistema de control judicial como un todo. Recordemos que es la acusación favorita de los gobiernos populistas, poco inclinados a aceptar límites efectivos al ejercicio del poder derivado de la mayoría. Es, además, contradictoria, porque junto al gobierno de la mayoría existe otro fundamento igualmente democrático, el sometimiento de los gobernantes a la ley. Y ya que hablamos de democracia, las más avanzadas son aquellas en las que se adoptan medidas distintas de la externalización o la victimización. Allí suele imponerse otra opción: alguna dimisión relevante, la asunción de eso que llamamos responsabilidad política. Como en nuestro país no suele ejercerse, ni siquiera la he mencionado, pero es una opción siempre abierta.
Luego está, como es lógico, el reset completo del escenario político: la convocatoria de elecciones generales. Puede entenderse como una variante del ejercicio de responsabilidad política, someterse al juicio de los ciudadanos, aunque en nuestro caso va asociada también al envenenamiento general de la atmósfera política provocada por esta sucesión de escándalos. Bajo esas circunstancias, las razones que abonan el cierre en plazo de la legislatura, la consecución de objetivos específicos, no parecen realistas. Todo indica que algunos de los socios parlamentarios del Gobierno ya la dan por agotada. Con todo, convocar elecciones sin un proyecto partidista transversal de regeneración democrática solo puede conducirnos a más de lo mismo. Y ahora no me refiero solo a la corrupción, sino a la polarización descarnada, la histeria mediática, el arrinconamiento del parlamento y todo ese conjunto de circunstancias que impiden una serena reflexión y discusión colectiva sobre nuestros problemas. Necesitamos una democracia que respire, no una democracia tóxica.
Fuente:
elpais.com
