El Gobierno lleva semanas negociando con sus socios de investidura los dos decretos sobre vivienda que aprobó este martes el Consejo de Ministros y que pretende someter a convalidación con carácter de urgencia este viernes en el Congreso. Desde el Ejecutivo reconocen que la tramitación no está asegurada: las fuentes consultadas describen la propuesta como una apuesta que busca proteger medidas sociales, pero admiten la posibilidad de rechazos.
El primer decreto contiene medidas orientadas a blindar la protección frente a los desahucios hasta 2030 y contempla ayudas dirigidas a propietarios; el segundo establece una prórroga automática de los contratos de alquiler. Miembros del equipo gubernamental sostienen que sería difícil justificar ante la opinión pública que la mayoría que apoyó la investidura respalde el rechazo del primer texto, mientras que la caída del segundo es, según algunas voces internas, más probable.
Entre los socios, Junts ha remitido al Ejecutivo un mensaje práctico de cara a la votación: “Mirad al marcador de las votaciones”, en referencia al seguimiento del apoyo parlamentario, y no ha avanzado un posicionamiento claro sobre los dos decretos. Por su parte, Podemos mantiene la ambigüedad sobre su postura final y no ha formalizado una postura pública inequívoca hasta el momento. Esa indeterminación añade incertidumbre sobre el resultado de la convalidación prevista para el viernes.
La votación funcionará como termómetro de la cohesión entre el Gobierno y sus aliados y marcará el calendario de pasos posteriores: en caso de rechazo, el Ejecutivo tendría que decidir si revisa los textos, intenta nuevas negociaciones o recurre a vías legislativas alternativas. La tramitación acelerada de estas normas, motivada por razones sociales y políticas, convertirá la sesión del Congreso en una prueba de fuerza que determinará el alcance y la viabilidad de las medidas presentadas.
