Casticismo judicial

Hay un contraste interesante entre la evolución del Ejército y la Justicia a lo largo de los últimos 50 años. Ambos forman parte del núcleo duro del Estado y durante los años de la Transición quedaron al margen del cambio político. La democracia los heredó de la dictadura anterior sin apenas modificaciones. El Ejército se ha modernizado eficazmente, mientras que la justicia sigue arrastrando problemas serios.

La modernización del Ejército es resultado de las reformas introducidas por el ministro Narcís Serra en la etapa de Felipe González y de la apertura hacia el exterior. Frente al Ejército franquista, cuya principal misión era defender la dictadura y mantener el orden en el interior del país, el Ejército de la democracia se integró en la OTAN y ha participado en numerosas maniobras internacionales y misiones de paz. La internacionalización ha sido decisiva para superar muchos de los vicios de una institución que venía muy contaminada por el pasado. Hoy nadie percibe al Ejército como una amenaza para la democracia. Más bien, se lo asocia con un cuerpo profesional y fuertemente implicado en misiones en el extranjero.

El contraste con la Justicia resulta interesante. Mientras que el Ejército ha cambiado profundamente, la judicatura continúa presa de múltiples problemas que erosionan su prestigio y legitimidad. Las recientes encuestas de 40dB. e Ipsos son un recordatorio importante, aunque el problema viene de atrás. En las encuestas sobre servicios públicos del CIS, la Justicia aparece con valoraciones muy bajas desde hace años. En el Eurobarómetro, la encuesta europea, España sale en los últimos puestos en cuanto a percepción de independencia judicial. En 2017, cuando se preguntó por primera vez a los jueces de los países de la UE, fueron los propios jueces españoles quienes mostraron, con gran diferencia con respecto a sus colegas europeos, el mayor grado de acuerdo con la afirmación de que “la promoción de los jueces no depende de capacidad y experiencia” (entendiéndose que la alternativa son las conexiones, personales o políticas).

El derecho, por su propia naturaleza, tiene un componente fuertemente nacional, por lo que su internacionalización resulta más compleja que la del Ejército. La interacción de los jueces españoles con sus colegas europeos es muy limitada. No hay suficiente aprendizaje ni adaptación a lo que se hace en otros países o en los tribunales supranacionales. Esto afecta a la calidad de la argumentación jurídica: basta comparar el estilo y el rigor de las sentencias de esos tribunales con las de nuestro Tribunal Supremo. Aquí sigue rigiendo un estilo prolijo, con frases largas, construcciones tortuosas e inferencias poco fundamentadas que dan mucho margen a los jueces para vestir jurídicamente sus prejuicios. Cuando el objeto de la deliberación jurídica es político, estos problemas se agrandan, pues muchos ciudadanos no quedan convencidos de que los jueces dejen de lado su sesgo ideológico. De ahí las sospechas de parcialidad o doble rasero que penden sobre los tribunales superiores que se encargan de los casos políticos.

Podría pensarse que nuestra pertenencia a la Unión Europea y la subordinación de nuestro sistema legal al derecho comunitario debería haber desempeñado el mismo papel que el de la OTAN con respecto al Ejército español. Según este argumento, la práctica del derecho en la UE tendría que haber servido para eliminar los reductos de nuestro casticismo judicial. Sin embargo, no parece que haya sido así, o al menos que lo haya sido en grado suficiente. En general, los elementos nacionales han podido más que los internacionales, ya sea por el fuerte corporativismo de los jueces españoles, por la fragmentación lingüística entre los países y las instituciones europeas o por los insuficientes contactos entre nuestros jueces y los del resto de Europa.

Si en algún ámbito resulta especialmente visible el contraste entre la justicia nacional y la europea es en lo relativo al procés. En esta cuestión, los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han chocado repetidamente con la justicia de otros países y de los propios tribunales europeos. Lo que aquí parecía obvio, fuera de nuestras fronteras se veía de otra manera. No se apreció ni violencia ni alzamientos tumultuarios en los hechos de 2017. La justicia española ha sufrido repetidos varapalos a cuenta de este asunto, con la consecuencia de que el señor Puigdemont lleva en Bélgica desde 2017 sin que nuestros jueces hayan conseguido persuadir a sus colegas extranjeros de que las acusaciones contra el líder independentista tenían base. Puede ser un legado de la “leyenda negra”, quién sabe, pero tal vez sea fruto de esa mirada estrecha y localista que tanto cuesta reconocer.

La aprobación de la ley de amnistía en 2024 terminó de soliviantar a nuestros tribunales. Los magistrados del Supremo se cogieron una buena rabieta. Para impedir que la amnistía se lleve a término, han inventado sobre la marcha una nueva y disparatada doctrina sobre la malversación que produciría sonrojo en cualquier foro jurídico más allá de nuestras fronteras (en breve, según el Supremo, los líderes independentistas obtuvieron un beneficio patrimonial personal dado que pagaron con fondos públicos la consulta del 1 de octubre en lugar de hacerlo con dinero propio, de ahí la malversación). A mi entender, es una traición a la función que tienen encomendada los tribunales en un orden democrático manipular la doctrina jurídica para no cumplir con una ley orgánica como la de la amnistía aprobada por las Cortes y que ha pasado además el filtro del Tribunal Constitucional. A los jueces se les da poder para que apliquen la ley, no para que la utilicen con fines políticos.

Todo esto ha vuelto a confirmarse con las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Con base en la imaginativa doctrina de la malversación del Supremo, se ha cuestionado si la ley de amnistía colisionaba con los intereses financieros de la UE. Y la Audiencia Nacional ha preguntado si la amnistía a los CDR (Comités de Defensa de la República) es legítima en el marco legal europeo contra el terrorismo. La respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido contraria y categórica frente a las “dudas” de los tribunales españoles.

Es una pena que en lugar de contagiarse de las buenas prácticas judiciales europeas, nuestros jueces recurran al derecho europeo como recurso último en su lucha encarnizada contra los líderes independentistas. A estas alturas, parece claro que los tribunales españoles han buscado un subterfugio de apariencia jurídica para retrasar la aplicación de la ley. Es una perversión del Estado de derecho. La suma de obstáculos, recursos e interpretaciones contra la amnistía por parte de los jueces muestra la parcialidad política de nuestro sistema judicial. Parece no importarles demasiado quedar en un incómodo ridículo en Europa.

Los jueces andan molestos con las críticas que reciben. Algunas de ellas son gruesas y excesivas, seguro, siempre ocurre así en el debate público, más en estos tiempos. No obstante, algo avanzaríamos si nuestros altos tribunales fueran más allá del victimismo corporativista y se plantearan con franqueza las razones de su desprestigio. No obstante, me temo que no será así, pues la cúpula del sistema judicial se ha encerrado en un mundo estrecho y cerrado, impermeable a lo que venga de Europa, como en la peor tradición del casticismo español.