La dirigente birmana Aung San Suu Kyi sale de la cárcel para cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario. Así lo ha ordenado este jueves el presidente Min Aung Hlaing, el mismo general que en febrero de 2021 anuló las elecciones celebradas tres meses antes, en las que el partido de la Nobel de la Paz había conquistado el 82% de los escaños en juego.
La medida de gracia se suma a la amnistía de alrededor de 22.000 reos -muchos de ellos presos políticos- en los últimos seis meses, al hilo de la celebración de elecciones, bajo un férreo control militar. La quinta excarcelación, de 1.508, ha sido anunciada hoy mismo.
Aung San Suu Kyii, “la dama”, ha estado encarcelada en paradero desconocido desde que fuera condenada a varias décadas de condena en una pantomima de juicio, en 2022. Para entonces llevaba más de un año detenida, que se sumaba a los 15 años de arresto domiciliario que empezó a sufrir en los noventa, tras su retorno a Birmania.
Ha sido el propio general Min Aung Hlaing quien ha declarado conmutada la pena de cárcel de la dirigente, de 80 años, permitiendo su cumplimiento en su propia casa. El monto de años -inicialmente más de treinta- había sido reducido en sucesivas revisiones y amnistías parciales.
El jefe del ejército birmano -ahora “legitimado” en las urnas como presidente- recibió hace una semana al ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, que actúa de puente con el resto de naciones del sudeste asiático (ASEAN). Una semana antes, coincidiendo con el año nuevo, Min Aung Hlaing había excarcelado a 4.500 presos -entre ellos U Win Myint, expresidente a las órdenes de Aung San Suu Kyi- y había conmutado todas las penas de muerte por cadena perpetua.
El nuevo gesto del general birmano, ahora con Aung San Suu Kyi, facilita la mediación de Sihasak, que este viernes recibe a los embajadores extranjeros en Bangkok. No obstante el partido de la Nobel, la Liga Nacional para la Democracia, fue disuelto tras el golpe y no ha sido rehabilitado.
Varios países de ASEAN apuestan por reincorporar gradualmente al grupo a su miembro más convulso. Cabe decir que Birmania está en guerra civil prácticamente desde su independencia, en 1948. Algunos, como Camboya, Vietnam o Indonesia, mandaron observadores a sus comicios, celebrados entre diciembre y enero pasado, en compañía de Rusia o China.
Casi ninguno se cree su pantomima democrática, pero tampoco vislumbran una alternativa viable, con decenas de narco-guerrillas en control de más de la mitad del territorio.
Tampoco hay que olvidar que, actualmente, en Filipinas manda el hijo del dictador Marcos y en Indonesia el yerno del dictador Suharto, en ambos casos tras someterse a las urnas. La propia Tailandia volvió a tener un general al frente del país, Prayut Chan-o-cha, desde su golpe de estado de 2014 hasta 2023, cuando ya había sido blanqueado en unos comicios a medida.
Durante gran parte de la década pasada, en cambio, mientras los uniformes volvían a marcar el paso en Bangkok, la esperanza democratizadora estuvo depositada en Birmania. Una anomalía histórica. Tanto es así que, Aung San Suu Kyi -la hija del general Aung San, padre de la independencia cuyo rostro sigue ocupando los billetes de banco- llevó las riendas del país. Fue entre 2015 y 2020, en tanto que Consejera de Estado, ya que tenía vetada la presidencia.
Hoy las cosas han vuelto a su cauce y Rangún vuelve a parecer una ciudad a dos horas y cuarenta años de Bangkok. Excepto los millones de inmigrantes birmanos que siguen afluyendo a Tailandia y sin los cuales varias actividades, desde la construcción hasta el turismo, se verían seriamente afectadas.
Cabe señalar, por último, que el arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi será en la vivienda que adquirió en la nueva capital, Naypyidaw. Puesto que la casa materna a orillas del lago Inyi, en Rangún, en la que pasó 15 años encerrada, está envuelta en una disputa legal con su hermano Aung San Oo.
A la muerte de la madre de ambos, este no aceptó la división de la propiedad (casi una hectárea), que dejaba la casa colonial en manos de su famosa hermana. En 2022, con Aung San Suu Kyi nuevamente detenida, un juez atendió el recurso fraterno y aceptó que la casa saliera a subasta y se repartieran los ingresos a partes iguales. El problema es que nadie ha pagado los 60 millones de euros de salida. Otros piden que se paralice la operación, para garantizar que algún día sea un museo. Los abogados de Aung San Suu Kyi, mientras tanto, respiran: “Nuestra clienta sale del infierno”. Y un portavoz de la ONU, Dujarric, considera que se trata de un primer paso, que debe ir acompañado de un cese inmediato de la violencia y el inicio de diálogo inclusivo, como una solución política viable.
En cambio, desde el Reino Unido, uno de los dos hijos de la condenada, Kim Aris , dice no haber recibido ninguna prueba de su estado de salud, “ni de que esté viva, desde hace años”.
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