MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) –
Abogados y entidades han alertado de falta de información sobre el proceso de regularización en servicios públicoas, de esperas en 060 y dudas con el informe de vulnerabilidad entre los extranjeros en el primer día con posibilidad de acceder a cita previa y mandar la solicitud por vía telemática.
En este sentido, una de las portavoces del movimiento ‘Regularización Ya’, Silvana Cabrera, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que este jueves han centrado sus esfuerzos en organizarse y estudiar los requisitos tras la reciente publicación en el BOE de la regularización extraordinaria.
En este sentido, ha precisado que ‘Regularización Ya’ no actúa como entidad colaboradora directa de Extranjería, sino como un espacio de articulación política y social integrado por múltiples organizaciones repartidas por todo el territorio, como CEDOAC, la Red Interlavapiés o la Asociación de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, entre otras.
En este contexto, Cabrera ha apuntado que las entidades que conforman la plataforma han dedicado este jueves a analizar la normativa y preparar la tramitación de expedientes, que se realizará a través de la plataforma Mercurio a partir del inicio de la próxima semana.
INFORME DE VULNERABILIDAD
Entre las principales dificultades detectadas, la portavoz ha señalado la falta de claridad en algunos aspectos técnicos, especialmente en torno al denominado informe de vulnerabilidad. «Había dudas sobre el modelo, sobre quién debe firmarlo o cómo tramitarlo», ha explicado.
Asimismo, ha indicado que todavía existen incógnitas relacionadas con cuestiones administrativas, como el pago de tasas o la validez de determinados documentos, lo que obliga a las entidades a preparar con antelación toda la documentación necesaria para agilizar la atención a las personas solicitantes.
Una de las principales preocupaciones detectadas entre la población migrante ha dicho que es precisamente la obtención del certificado de vulnerabilidad. En este sentido, Cabrera ha considerado necesario reforzar la información en los servicios públicos. «Es fundamental que haya información en ayuntamientos, servicios sociales, centros de salud o incluso oficinas de transporte, porque las personas van a tener que acudir a estos espacios para reunir documentación», ha advertido para añadir que, por las preguntas que reciben, «no hay la suficiente información».
En cuanto a la capacidad de atención, Cabrera ha expuesto que, por ejemplo, la Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes, cuenta con una lista de espera de alrededor de 100 personas.
Pese a las dudas iniciales, ha dicho que el informe de vulnerabilidad no debería suponer «un inconveniente». «El propio Ministerio ha reconocido que estar en situación administrativa irregular implica vulnerabilidad», ha precisado.
LA PRIMERA SOLICITUD
Por su parte, la abogada Paula Sanz, que dice haber presentado la primera solicitud de regularización extraordinaria en representación de uno de sus clientes, ha explicado a Europa Press que en este primer día ha presentado entre 30 y 40 solicitudes.
Según ha indicado, estuvo pendiente desde medianoche –la plataforma se activó a las 00:30 horas– y ha señalado que le ha dado algunos problemas, por ejemplo, en algunas ocasiones había campos que no podía rellenar y, en otras, la plataforma la expulsaba.
Además, ha comentado que hay muchas solicitudes que no ha podido presentar de personas en situación irregular, entre 200 y 300, porque les falta el informe de vulnerabilidad, uno de los tres supuestos que contempla el real decreto aprobado por el Gobierno para acogerse a esta regularización extraordinaria en caso de no ser solicitante de Protección Internacional.
Esta vulnerabilidad ha de ser acreditada a través de un certificado que se puede descargar desde la web de la Regularización y debe estar acreditado y sellado por las autoridades competentes (Entidades inscritas en el RECEX o servicios sociales), según señala el Ministerio. Si bien, Sanz apunta que «no está siendo fácil obtener ese documento».
También ha apuntado que ha llamado al 060 para solicitar información sobre dicho informe de vulnerabilidad, ya que un centro cívico de Burgos le ha indicado que estaban derivando a las personas que lo necesitaban a este teléfono, y dice no haber podido hablar ya que, tras marcar la opción ‘uno’, referente a la regularización extraordinaria, le han informado de que la espera era superior a 5 minutos y que estaba en la posición 120.
Mientras, el director de ‘Legalteam’, consultoría especializada en procedimientos de extranjería y nacionalidad española, Guillermo Morales, ha aseverado en declaraciones a Europa Press que el primer día ha sido «un poco caótico», y que han tenido «cientos de expedientes».
«Ya estamos presentando desde la medianoche cuando entró en vigor. Por fortuna nos habíamos preparado para este momento reforzando la plantilla con personal que hemos formado», ha recalcado.
Este mismo miércoles, también en declaraciones a Europa Press, Morales advirtió de que el «colapso» en entidades podría dificultar la obtención del informe de vulnerabilidad para acceder a la regularización extraordinaria.
Igualmente, señaló que la principal dificultad se encuentra en la disposición que regula el denominado arraigo extraordinario, donde se introduce la exigencia de un informe de vulnerabilidad. «Aquí es donde empieza la letra pequeña a complicarse el procedimiento», afirmó.
El problema, según avisó, es que estos organismos ya se encuentran saturados. «Los ayuntamientos están colapsados», añadió, al tiempo que se preguntó si habrá tiempo suficiente para tramitar estos informes dentro del plazo previsto, que finaliza el 30 de junio.
¿HABRÁ TIEMPO PARA PRESENTAR EL INFORME DE VULNERABILIDAD?
«¿Tendremos tiempo para presentar este informe de vulnerabilidad?», cuestionó, al mismo tiempo que ha alertado de que la falta de este documento podría impedir la tramitación de solicitudes. «Si no se admite la solicitud, nadie tendrá papeles», subrayó.
El experto también criticó el modelo elegido para acreditar la vulnerabilidad, ya que, además de los servicios sociales, permite que determinadas entidades del tercer sector emitan estos informes.
En esta línea, explicó que muchas de estas organizaciones están vinculadas a sindicatos. Aunque la norma establece que el trámite debe ser gratuito, Morales denunció que en la práctica se están produciendo cobros, concretamente, de «alrededor de 150 euros».
«Si estás en situación irregular, ya eres vulnerable», ha argumentado. Además, recordó que estas personas no pueden acceder con normalidad al empleo, a la vivienda o a determinados servicios. «Si se presume que toda esta gente está vulnerable ¿para qué me complicas la vida solicitando un informe?», agregó.
Fuente:
www.europapress.es
