Más allá de ser una cuestión política o moral, la esperada aprobación en el Consejo de Ministros de este 14 de abril del proceso de regularización de inmigrantes es, sobre todo, una decisión económica. El mecanismo que plantea el Gobierno, y que tendría una duración de unos tres meses según los datos iniciales, podría facilitar permisos de residencia y trabajo a unas 500 000 personas inmigrantes de las más de 840 000 que se estima viven en España en situación irregular.
El contexto demográfico
Según datos del Instituto Nacional de Esatdística (INE), España tiene en torno a 7,2 millones de residentes extranjeros, pero si se incluye a los nacionalizados son más de 9 millones. Por otra parte, presenta una de las tasas de envejecimiento más altas de Europa y una natalidad en descenso.
Así, la inmigración es una pieza estructural para mantener el modelo económico español, intensivo en mano de obra en sectores de gran peso en el conjunto de la economía, como el turismo (12,6 % del PIB en 2024).
Los datos del mercado laboral son contundentes. En 2025, España cerró el año con más de 3,1 millones de afiliados extranjeros, que ya representan el 14 % del total de cotizantes. Su presencia es especialmente intensa en sectores clave como hostelería, agricultura o construcción donde, en muchos casos, cubren déficits persistentes de mano de obra.
Además, porcentualmente, como grupo poblacional, los inmigrantes tienen una mayor participación en el mercado laboral. Su tasa de actividad alcanza el 68,7 % del total de la población migrante en edad de trabajar frente al 56,3 % de la equivalente española. Este diferencial implica una mayor contribución relativa al sistema productivo y fiscal del país.
De la economía sumergida a la recaudación
En este contexto de integración laboral, la regularización no introduce una nueva realidad: formaliza una que ya existe. Transformar empleo informal en empleo formal implica aumentar cotizaciones sociales, ingresos fiscales y estabilidad laboral. También contribuye a reducir la economía sumergida y mejorar la productividad agregada.
La experiencia de la regularización de 2005 ofrece evidencia clara. En pocos meses, aumentó significativamente la afiliación a la Seguridad Social y se generaron ingresos fiscales adicionales por trabajador regularizado.
Sin embargo, estos efectos positivos no deben interpretarse de forma aislada. La regularización no es solo una política de ingresos: también tiene implicaciones sobre el gasto público.
El equilibrio entre ingresos y gastos
Uno de los argumentos más frecuentes a favor de la regularización es que los inmigrantes aportan más de lo que reciben. Según los datos actuales, contribuyen con en torno al 10 % de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que el gasto en prestaciones dirigido a este colectivo ronda el 1 %. Pero este equilibrio no es estático.
El acceso a prestaciones como el ingreso mínimo vital (IMV) requiere al menos un año de residencia legal continuada. Por tanto, a medida que aumenta la integración en el sistema también lo hace la elegibilidad potencial.
El coste actual del IMV ronda los 3 100 millones de euros anuales, pero podría superar los 6 000 millones si alcanzara su cobertura potencial, y acercarse a los 9 000 millones en escenarios más amplios.
Un problema de capacidad, no solo de principios
Más allá del impacto fiscal, existe una cuestión aún más crítica: la capacidad institucional. Regularizar a cientos de miles de personas en pocos meses implica verificar identidades, antecedentes, historial laboral y condiciones de residencia.
Aunque la normativa excluye a personas con antecedentes penales, la verificación internacional de estos datos no siempre es completa ni homogénea.
Además, los efectos de la regularización no serán uniformes. Las regiones con mayor dinamismo económico absorberán mejor el impacto, mientras que otras podrían experimentar mayor presión sobre servicios públicos y sistemas de protección social.
La cuestión demográfica
Gran parte de la presión actual sobre el mercado laboral y la sostenibilidad del sistema de pensiones deriva directamente de la baja natalidad en España, una de las más reducidas de la UE: en 2024, se registraron apenas 318 005 nacimientos, consolidando una tendencia de descenso.
En este contexto, una estrategia integral debería contemplar el incentivo de la natalidad mediante políticas robustas de apoyo a las familias y estabilidad económica. Medidas como la educación preescolar gratuita y los permisos de paternidad remunerados generan efectos positivos.
No obstante, estas acciones requieren tiempo para madurar y generar resultados tangibles, mientras que las demandas del mercado laboral son inmediatas y urgentes. Por esta razón, en la práctica, la inmigración –y su correspondiente regularización– emerge como una solución más ágil, aunque no necesariamente completa ni exenta de desafíos.
La cuestión fundamental no es si la regularización generará mayores ingresos fiscales a corto plazo, sino si el Estado tiene la capacidad institucional para gestionar sus consecuencias sociales y, simultáneamente, abordar el desafío demográfico estructural que supone el envejecimiento de la población.
Fuente:
theconversation.com
