El Gobierno seguirá activo tras la aprobación este martes de dos decretos de emergencia sobre vivienda. El presidente Pedro Sánchez defendió que el Ejecutivo mantiene la capacidad de gobernar con plenitud de facultades hasta que tenga lugar la votación parlamentaria que marque el fin del mandato. Las disposiciones aprobadas podrán ser convalidadas por la Diputación Permanente, un trámite que modifica los plazos y el control político habitual en periodos preelectorales.
La convalidación en la Diputación Permanente reduce la dependencia de determinados apoyos parlamentarios: la formación Junts no resulta imprescindible para validar esos decretos si el Gobierno asegura el respaldo de otros grupos, entre ellos el PNV y los socios de la coalición PSOE-Sumar como ERC, Bildu y Podemos. Ese escenario permite al Ejecutivo utilizar la publicación en el Boletín Oficial del Estado como herramienta para desplegar medidas de carácter social en las semanas previas al llamado a las urnas.
Los ministerios y La Moncloa preparan diferentes iniciativas que podrían traducirse en normas o prestaciones destinadas a sectores con necesidades inmediatas, aprovechando la vía del decreto. La posibilidad de aprobar actuaciones ejecutivas hasta el último momento del periodo previo a las elecciones tiene efectos prácticos sobre la gestión administrativa y sobre la dinámica del debate político, al convertir cada medida en un elemento con impacto electoral y en un punto de fricción entre fuerzas políticas.
En términos institucionales, la utilización intensiva de decretos plantea un calendario acelerado para la tramitación y convalidación de normas en un órgano con funciones reducidas pero decisivas. Para los beneficiarios potenciales de las medidas sociales, la rapidez en la aprobación y la publicación puede suponer una entrada en vigor anticipada; para los partidos, obliga a definiciones rápidas y a recomponer mayorías puntuales en la Diputación Permanente hasta que se materialice el calendario electoral.
