Maricarmen Abascal fue desahuciada el 23 de septiembre de su piso en el distrito de Madrid, hecho que desencadenó una ola de protestas y un debate público sobre el acceso a la vivienda. Tenía 87 años y vivía en ese domicilio desde los 17; las imágenes del desalojo, en camilla y en medio de un dispositivo policial, movilizaron a centenares de personas que se concentraron en las calles para acompañarla y denunciar la situación.
Los sucesos en torno al desahucio llevaron a que plazas y concentraciones se multiplicaran en varios puntos de España. Grupos de jóvenes y organizaciones sociales cortaron vías y pidieron medidas urgentes; además, se organizó una convocatoria de huelga general en apoyo a la causa. En paralelo, la figura de Maricarmen pasó de ser anónima a convertirse en un símbolo de la protesta por los desalojos y las dificultades para sostener un alquiler o acceder a una propiedad.
En el plano político, el Ejecutivo trató de impulsar soluciones mediante decretos-ley, pero la iniciativa topó con rechazo en el parlamento. El proceso culminó con la decisión del presidente Sánchez de adelantar las elecciones al 29 de noviembre. El rechazo parlamentario y la tensión en la calle generaron un choque entre distintas fuerzas políticas; el Congreso de los Diputados se convirtió en escenario central de esa disputa, mientras el Gobierno insistía en la necesidad de adoptar medidas urgentes.
Dos semanas después del desalojo, Maricarmen falleció en un hospital de Madrid sin haber podido regresar a su hogar. Su muerte intensificó la atención mediática y social sobre las carencias del sistema de acceso a la vivienda y alimentó la movilización ciudadana que reclama respuestas institucionales. La secuencia —desahucio, protestas, rechazo parlamentario, adelanto electoral y huelga convocada para el 11 de noviembre— marca un punto de inflexión en la discusión pública sobre políticas de vivienda en el país.
