Puerta del Sol amaneció con un campamento juvenil que reclama soluciones inmediatas al problema de acceso a la vivienda. Numerosos manifestantes mantienen su permanencia en la plaza y han fijado un plazo de 48 horas para que el Ejecutivo adopte un decreto de carácter urgente. Los acampados exigen medidas concretas contra la especulación inmobiliaria y contra prácticas de inversión que, según ellos, dificultan el acceso a pisos para las nuevas generaciones.
La atmósfera en la plaza combina debates improvisados, asambleas y turnos de vigilancia. Los participantes rechazan soluciones tímidas y demandan instrumentos jurídicos que limiten la subida de precios y la reventa especulativa. Entre las reclamaciones figuran controles sobre alquileres y actuaciones contra grandes fondos que adquieren cartera residencial, aunque los detalles de las propuestas no han sido formalizados en un documento público por la asamblea presente en Sol.
La movilización coincide con la convocatoria del Consejo de Ministros, momento en el que los manifestantes esperan una respuesta. En las próximas horas el Gobierno deberá decidir si tramita un decreto que responda a las demandas urgentes planteadas desde la calle. Los organizadores han anunciado que prolongarán la ocupación si no se presentan medidas perceptibles; la decisión del Ejecutivo marcará el próximo paso del movimiento y su capacidad para convertir la protesta en presión política sostenida.
La protesta en la Puerta del Sol se inserta en un debate más amplio sobre la vivienda y el acceso de los jóvenes a la ciudad, con efectos potenciales sobre la agenda legislativa y la imagen del Ejecutivo. Fuentes presentes en la plaza siguen organizando votaciones internas para fijar tácticas y plazos, mientras la opinión pública y los actores políticos observan si el ultimátum desemboca en una iniciativa normativa o en una escalada de la movilización.
