El Gobierno estudia introducir un mecanismo que reemplace al índice de precios al consumo (IPC) como referencia para las actualizaciones de renta en contratos de alquiler firmados antes de 2023. La decisión forma parte de un paquete normativo sobre vivienda que el Ejecutivo pretende llevar al Consejo de Ministros el próximo martes, en medio de negociaciones con sus socios parlamentarios y tras la atención pública generada por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, ejecutado esta semana por la empresa Urbagestión.
Fuentes que participan en las conversaciones señalan que la propuesta busca contener la volatilidad de las subidas cuando la inflación se acelera. Los contratos posteriores a 2023 ya quedan sujetos a un indicador distinto, diseñado para permitir incrementos más moderados y estables; la medida en estudio se aplicaría a los arrendamientos anteriores a esa fecha y permitiría activar un tope en escenarios de elevación desproporcionada de precios. Los detalles técnicos del mecanismo, así como su formula exacta de cálculo y los umbrales de activación, aún no se han definido.
El debate llega en un contexto de presión social y política por los desahucios y por la situación del mercado de alquileres. El Gobierno mantiene contactos con partidos que apoyan la legislatura para consensuar no solo este cambio en la referencia de actualización, sino también otras medidas relacionadas con protección de inquilinos y medidas cautelares frente a desalojos. En paralelo, el Ejecutivo ha tenido que responder a la reacción pública derivada del caso reciente, que ha impulsado la urgencia de cerrar el decreto antes de su aprobación en el órgano gubernamental.
Hasta que no se concrete el texto reglamentario, no existen parámetros oficiales sobre alcance, vigencia o mecanismos de compensación para propietarios. La negociación seguirá su curso en los próximos días, con la intención de incorporar la propuesta en el paquete de medidas que el Gobierno someterá a aprobación, sin que por el momento se hayan divulgado las especificaciones técnicas ni el calendario final de aplicación.
