Relleno zombi resurge en clínicas de Estados Unidos como una alternativa a la lipotransferencia: un producto procesado a partir de tejido adiposo de donantes fallecidos que se inyecta para modelar volumen en distintas áreas del cuerpo. Comercializado bajo la marca AlloClae y promovido por Tiger Aesthetics, el material se presenta como no quirúrgico y listo para administrarse sin la liposucción previa que exige la transferencia de grasa propia.
El auge de los fármacos agonistas del GLP-1 —entre ellos Ozempic— y la consiguiente pérdida de peso en muchos pacientes han generado una demanda de rellenos para recuperar volúmenes faciales y corporales que ya no disponen de grasa suficiente para una lipotransferencia. El fabricante ha detallado precios por unidad que rondan los 2.250 dólares por jeringa y tratamientos completos que pueden superar los 18.000 dólares, y señala que la mayor demanda procede de pacientes masculinos para bíceps, pecho y pantorrillas.
Joan Fontdevila, cirujano plástico y presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, ha descrito el producto como un material descelularizado —es decir, sin células vivas— que actúa como andamiaje biológico para la integración del tejido. Sin embargo, expertos subrayan la falta de datos a largo plazo sobre seguridad y evolución tras la implantación de grandes volúmenes: si parte del material no se integra, podría dar lugar a quistes, irregularidades, endurecimientos, inflamación o infección. En Estados Unidos el producto se comercializa bajo la normativa aplicable a determinados tejidos humanos (HCT/P), lo que no equivale a una autorización específica por parte de la FDA.
La llegada de esta práctica a Europa parece por ahora poco probable por restricciones legales y éticas: la normativa europea limita el uso de tejidos humanos a finalidades médicas, reconstructivas o reproductivas y se sustenta en la donación voluntaria y altruista. La Organización Nacional de Trasplantes recuerda que el empleo cosmético de materiales de origen humano plantea cuestiones sobre el consentimiento informado del donante y la finalidad de la donación. Más allá de la regulación, queda por ver si la aceptación social permitirá que tratamientos basados en tejido cadavérico pasen de ser una curiosidad de mercado a una práctica extendida en cirugía estética.




